Menores inimputables: violar por la tarde y al colegio por la mañana

La violación grupal de una niña de 11 años en los lavabos de un centro comercial de Badalona por parte de una cuadrilla de seis adolescentes ha abierto de nuevo el debate sobre la responsabilidad penal del menor de edad. En particular, la de aquel que no alcanzando los 14 años es inimputable penalmente a todos los efectos, según nuestra legislación. Este es el caso de cuatro del total de seis violadores de la niña badalonense.

Son tan jóvenes que en la práctica, aunque hayan sido identificados por la niña violada y después por la policía como ejecutores de la agresión, su vida se mantiene inalterada, como si nada hubiera pasado. Su edad los convierte en nuestro sistema legal, desde el punto de vista práctico, más en víctimas que en verdugos. Víctimas del sistema, de la sociedad, de la pobreza, del entorno, de la familia o de la injusticia cósmica. Y con el noble objetivo de que no se tuerzan más de lo que ya lo están, sus casos se derivan a los servicios sociales para que, en el mejor de los casos, hagan un seguimiento individualizado que aconseje a cada momento cuál es la mejor decisión a tomar para preservar su bienestar y futuro. Solo en Cataluña, 100 menores de 14 años cometieron agresiones sexuales en 2022, según datos de la policía autonómica.

Ni siquiera la definición de delincuentes les es aplicable. Porque formalmente no lo son. En la medida en que no son imputables, lo que han hecho, por grave que resulte, convierte al agresor en una nubecilla de polvo que se desvanece después de cometer el acto criminal. Nada ha pasado. Lástima que las consecuencias para quien ha sufrido en sus carnes la violencia de sus actos no se desvanezcan con la misma facilidad. La niña sí existe y sí la han violado, aunque el violador no exista como tal por cuestiones de edad.

El debate sobre la edad a partir de la cual hay que rendir cuentas de los actos reaparece con cada barbaridad que protagoniza un menor por debajo del linde de los 14 años de edad. Los de mucha gravedad no son muchos casos, cierto. Aunque sí muy vistosos y habitualmente acompañados de gran alarma y desconcierto social. Otra cosa distinta, desde el punto de vista cuantitativo, es la participación creciente de menores de 14 años en la delincuencia de menor intensidad, más común y habitual. También en estos casos, que no levantan escándalo alguno, las consecuencias para ellos son las mismas que para los delitos más graves, como el de Badalona. Ninguna.

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Los especialistas acostumbran a estar de acuerdo en que no es aconsejable rebajar la edad de imputabilidad de los menores de edad. Habrá que darles la razón, en tanto que profesionales que dedican muchas horas del día a trabajar en estos desagradables asuntos. No obstante, hay que entender que a muchos ciudadanos nos provoque perplejidad que un chaval de 13 años pueda violar a una niña de 11 años y que, al día siguiente de ser reconocido como autor de los hechos, su vida siga siendo la misma y que únicamente advierta como cambio en su entorno la presencia puntual de los servicios sociales. También chocante resulta que la fórmula mágica de la consejera de Igualdad de la Generalitat, Alba Vergés, para sanar el asunto sea la prescripción de más educación sexual en las escuelas. Muy bien. Eduquemos mejor e invirtamos más en servicios sociales. Pero, en el mientras tanto, ¿de verdad la vida de un chico de 13 años ha de seguir siendo la misma, como si nada hubiese sucedido, tras participar en una violación colectiva a una niña de 11 en un lavabo de un centro comercial?

Si de lo que se trata es de salvar a esos jóvenes de ellos mismos, la primera lección a aprender es que los actos conllevan consecuencias

No han roto un cristal, no han robado al descuido una cartera, no han asaltado un comercio. Han violado a una niña de 11 años. ¿Basta con tomar nota de que en su entorno quizá sea necesaria la presencia esporádica —no hay recursos para mucho más— de los servicios sociales? El sentido común dice que no podemos tratarlos como adultos, cierto. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero el mismo sentido común también apunta a que no parece muy razonable que no pueda tomarse ninguna medida que altere sus vidas por un tiempo para conseguir —o intentarlo— dos cosas a la vez: que tomen conciencia de la gravedad de lo que han hecho y poder ofrecer como sociedad algún tipo de resarcimiento a la joven víctima y a sus familiares. La mayoría de los que están en desacuerdo con la actual ley del menor entiende que no puede dispensarse un trato penal equivalente a un menor de edad —hasta los 14 o de los 14 a los 18—, pero le cuesta tragarse la píldora de que una frontera administrativa vinculada a la edad biológica sirva para que uno pueda cometer el atropello más grande y al día siguiente ir a la escuela y quedar con los amigos de siempre como si nada hubiese sucedido.

Se dirá, por el contrario, que bastante consecuencia es tener que cargar con la amable y esporádica compañía de un profesional de los servicios sociales que con mucha voluntad, experiencia y pedagogía tratará de explicaros a ti y a tu familia lo más conveniente para rectificar tu conducta y convertirte en un adulto de bien. Que suficiente carga conlleva que, en paralelo, esos mismos servicios sociales evalúen si tu entorno está suficientemente preparado para cuidarte y que puedan acabar recomendando la retirada de la patria potestad a los padres y arrancarte de tu entorno familiar a la fuerza.

Opinión

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Quizás en un mundo ideal, con recursos infinitos para estas labores, eso sería más que suficiente. Pero no vivimos en esa realidad. Así que, de entrada, algún tipo de alteración más visible debiera sufrir la vida de esos jóvenes violadores para acelerar el proceso de aprendizaje de la lógica actos-consecuencias-responsabilidades. Y también, ¡qué caray!, porque en el otro lado de la balanza hay una niña violada a la que debiéramos poder decirle, también a su familia, que como sociedad algún tipo de resarcimiento vamos a proporcionarle.

Permítanme una astracanada para ejemplificar el argumento. Entre mandar a un menor de 14 años a la silla eléctrica, condenarlo a cadena perpetua o encarcelarlo en la peor galería de la prisión de España más inmunda y la nada, hay un amplio abanico de posibilidades sin dejar de lado la edad del criminal, pero tampoco la gravedad del delito. Porque si de lo que se trata es de salvar a esos jóvenes de ellos mismos, la primera lección a aprender urgentemente es que los actos conllevan consecuencias y que, por menores que sean, para ellos también va a haberlas. Decimos lección primera, porque la lección cero, diferenciar el bien del mal, a esas edades ya está aprendida. Han hecho daño queriendo hacer daño.