Los tres errores de la amnistía y el cuarto que debería evitarse

No hay pomada suficiente para calmar la hinchazón que provoca la amnistía que será o no será. Pero eso no quiere decir que el Gobierno no haya preparado un ungüento suave para que en la medida de lo posible el picor se atenúe o que por lo menos no vaya a más.

Desde el oficialismo se insiste, por ejemplo, en la imposibilidad de una ley de estas características aprobada antes de que Pedro Sánchez revalide su condición de presidente. De ahí que Teresa Jordà, la diputada de ERC que según la nueva estrategia de su partido ha de robarle el protagonismo a Gabriel Rufián, haya mostrado la predisposición de los de Oriol Junqueras a aceptar este escenario. Siempre y cuando, añaden en ERC, exista un acuerdo firmado que no deje dudas sobre el particular.

Faltaría saber qué opina Carles Puigdemont, que condicionó la investidura a que la amnistía fuese una realidad previa, sobre este escollo que desde el entorno socialista se insiste en hacer notar desde hace unos días. Aunque llegado el caso no parece que este vaya a ser un punto de fricción que impida alcanzar un acuerdo entre las partes. Ninguna de ellas anda corta de creatividad a la hora de colocar argumentarios que desmonten las afirmaciones y compromisos adoptados con anterioridad.

El otro ingrediente del árnica gubernamental es dar por hecho que con el tiempo de maduración que todavía queda para que se precipiten los acontecimientos, Carles Puigdemont encontrará el modo de abandonar las partes de su discurso que les resultan más venenosas. En concreto, todo aquello que en boca del expresidente de la Generalitat convierte esa futura amnistía en un pedir perdón y en una asunción de culpa por parte del Estado, más que en un acto de generosidad sobre quien infringió la ley.

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La renuncia a la unilateralidad y el compromiso de mantenerse siempre dentro del andamiaje constitucional —como hizo ERC con carácter previo a los indultos— sería lo que se espera del expresidente de la Generalitat. Puigdemont debe poner más de su parte para que la amnistía pueda llegar a buen puerto. Este sería el mantra que el socialismo intenta que haga fortuna.

En este punto, las dificultades pueden ser mayores. Puigdemont siempre puede matizarse, o viajar al terreno de lo ambiguo para que cada uno interprete lo que le convenga. Pero su claridad y vehemencia expositiva hasta la fecha han sido tales que cuesta imaginarlo comprometiéndose con la Constitución y las reglas del juego de un Estado y unos partidos de los que dice tener ninguna confianza.

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Ayer mismo, con la condena a cuatro años y medio de cárcel al que fuera su consejero de interior, Miquel Buch, Puigdemont aprovechó para poner el dedo en el ojo de Felipe VI. En X, se despachó con este texto: “España está podrida en sus fundamentos y las órdenes del Rey de ir a por todos nosotros continúan intactas (...) Si no han entendido nunca por qué razón no renunciaremos jamás a la unilateralidad y a la independencia, y por qué desconfiamos del Estado español, aquí tienen una de las muchas que tenemos acumuladas”.

Es cierto que Pedro Sánchez defiende ahora una amnistía contra la que era implacable antes de necesitar a Junts para la investidura. Así que también podría ser que Carles Puigdemont cambiara de opinión respecto a la unilateralidad. Pero si la exigencia por parte del Gobierno para que ese compromiso se adquiera de un modo explícito es seria y acaba siendo firme, ahí sí puede existir un problema de mayor enjundia para que se alcance un acuerdo definitivo.

En el fondo, ambas cuestiones, que la amnistía sea posterior a la investidura y que Puigdemont se desmarque abiertamente de las apuestas unilateralistas, tratarían de corregir los dos errores de bulto que han cometido a la hora de enfocar esta cuestión quienes mayor interés tienen en ella.

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El error socialista de aceptar el marco narrativo de que se trata de una amnistía a cambio de la investidura y el de Junts de sacarle rédito convirtiendo su hipotética aprobación en un paraguas de legitimidad moral y política sobre lo ocurrido en Cataluña en 2017 y amenazar con su repetición. Con todo, se antoja poca pomada para tanto escozor.

El tercer error nada tiene que ver con los anteriores. Y viene protagonizado por quien combate la posibilidad de esa amnistía. El PP, también Vox, estará en la calle contra un futuro Gobierno que aún no existirá en vísperas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Pero más allá de esta incongruencia, es la manera a través de la cual los populares han decidido sacar a la calle a sus votantes y simpatizantes lo que es una equivocación.

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La calle no es de la izquierda, por supuesto. Y acusar al PP de golpista por llamar a la movilización ciudadana contra una iniciativa política, como ha hecho el Gobierno en funciones, es una desfachatez en toda regla.

Pero ya vimos en 2006 lo que supuso la recogida de firmas contra el Estatuto de Cataluña que años después algunas voces populares consideraron un error de bulto; reconociendo públicamente que esa fue una de las espoletas que harían detonar años después el proceso.

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Exigir además esa movilización, como hizo Aznar, apelando a la consigna "¡Basta ya!", que España entera gritó cuando decidió plantarse contra el terrorismo etarra tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, tampoco es de recibo. El posicionamiento firme contra la amnistía tiene en las instituciones de carácter representativo un canal lo suficientemente amplio para que el PP pueda jugar tan duro como desee la legítima batalla política contra una decisión que considera una equivocación histórica.

Sobre el resto de las instituciones, las que apuntalan poderes del Estado sin depender de cuitas electorales, se espera la neutralidad y el respeto a la actividad política sin las que toda democracia acaba por naufragar. Aunque también pueden equivocarse. Esperemos que el que sería el cuarto error no llegue a cometerse. Sería el más insoportable y el que más daño provocaría.