El problema son el PSOE y el PP, no Carles Puigdemont

El problema de España no es Carles Puigdemont. Quedó de nuevo meridianamente claro ayer en la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. El centroderecha y el centroizquierda españoles son incapaces de articular algo que se asemeje ni siquiera a una conversación provechosa. Así que lo de alcanzar un acuerdo se antoja más que utópico. Y es gracias a esa inexistente intersección entre ambas formaciones políticas que se abre de par en par la ventana de oportunidad para las fuerzas políticas minoritarias. A quien de verdad le moleste el peso de los partidos nacionalistas, regionalistas o simplemente minoritarios, es a los dos grandes a quienes debe señalar. No a la ley electoral y mucho menos a la compleja realidad territorial de España.

El encuentro entre ambos de ayer sirvió únicamente para que ambos líderes se cruzasen acusaciones gruesas. Es decir, lo de siempre. Sánchez, crecido y altivo en el trato a su contrincante, como quedó acreditado en la sesión de investidura fallida del gallego, resulta patético afeándole a Feijóo las protestas en la calle, como si la legitimidad de manifestarse le perteneciera en exclusiva únicamente a la izquierda.

Pero el mismo adjetivo sirve para Feijóo cuando tacha de fraude electoral masivo la negociación de una amnistía. Como si no fuera un ejercicio político de primer orden la búsqueda de los apoyos necesarios para ser investido presidente. Miradas tan distintas sobre la realidad no obligan al acuerdo. Pero sí debieran medir ambos partidos el daño irreparable que van causando, no a su adversario, sino a la conversación política constructiva en general. La discrepancia, incluso la más radical, debiera poder gestionarse entre ellos con menos exceso en las formas. Pero seguramente esto sea pedir demasiado. Malos tiempos para la lírica. De hecho, quizá los buenos no hayan existido nunca.

También debe ser pedir demasiado que no nos tomen por el pito del sereno a los electores. Una cosa es que el PSOE tenga razón, como explicábamos ayer mismo en El Confidencial, cuando afirma que la manifestación de Barcelona contra la amnistía no alcanzó los objetivos que pretendía. Pero otra muy diferente es que pretenda hacernos creer que la amnistía es una exigencia de “57 diputados”, como razonó la ministra de Educación y FP en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en su comparecencia.

La amnistía es una exigencia de Junts. Ni siquiera lo era de ERC, obligada a ensillar ese caballo para no quedarse atrás ante el votante independentista una vez el escrutinio del 23-J dejó claro que Carles Puigdemont era el hombre al que había que seducir para que el PSOE mantuviera el Gobierno.

Como Sánchez solo puede ser presidente a través de esa amnistía, los otros grupos políticos que han de conformar esa mayoría suficiente para asegurarle el sillón no han tenido más remedio que avalarla. Pero seamos serios, la amnistía está encima del tapete únicamente porque Puigdemont tiene la sartén por el mango. Con Junts fuera de la ecuación, esta medida ni estaría ni se la esperaría.

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El problema de Sánchez es que no puede evitar ser prisionero de sus otros yoes. Su afirmación tajante en televisión en víspera de las elecciones sobre la imposibilidad de una amnistía porque no cabe en el ordenamiento jurídico, y también por sus convicciones personales, es imposible de borrar.

De ahí que deba apechugar con lo que es una realidad indiscutible desde hace tiempo para todos: el presidente en funciones tiene entre pocas y ninguna convicción. Es la ambición de seguir ejerciendo el poder, probablemente el primero y más natural de los instintos de un político, lo que resulta más que suficiente argumento para que ahora esa amnistía sea el bálsamo de Fierabrás de la convivencia y la salud democrática de España.

Incluso para quienes pueden ver con buenos ojos los beneficios de la medida y están a favor de ella, es indiscutible que solo el descreimiento de Sánchez puede hacerla posible. Que el presidente en funciones y todos cuantos repiten su nueva posición intenten adornarse argumentalmente resulta enojoso y tedioso.

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El PP ya ha anunciado que luchará en los tribunales para que la amnistía no tenga efecto una vez esté aprobada. Al igual que la de la gravedad, la judicialización de la política española es algo que hay que considerar una ley de la naturaleza.

Legítimo, por supuesto. Nos sabemos el discurso sobre la separación de poderes y la imprescindible obligación del legislativo de ajustarse al marco jurídico. Y también sabemos que es obligación de la oposición —si el PP acaba siéndolo— fiscalizar al Gobierno y a la mayoría parlamentaria. Pero ahí sí lleva razón el PSOE. La mirada de la derecha sobre el texto constitucional es excesivamente estrecha, solo que más coincidente que la de la izquierda con la de la magistratura. Así que los conservadores siempre parten con ventaja a la hora de hacer embarrancar un texto legal que salga del Congreso. Eso es así incluso con un Constitucional ya secuestrado por la mayoría progresista. Mejor nos iría con el PSOE diciendo la verdad y el PP dejando la política en el campo de la política. Demasiado pedir. Ya estaba dicho.