La negociación de la investidura: entre lo malo y lo peor

¿Desclasificar papeles del CNI para contentar al independentismo y en particular a ERC? El abogado de cabecera de ERC en asuntos vinculados al proceso independentista, Andreu van den Eynde, explicaba ayer en una entrevista en el programa matinal de RAC1 que es probable que veamos cosas que podían pensarse hasta ahora inimaginables gracias a la coyuntura política favorable al soberanismo y, en este caso en particular, a los intereses de ERC.

Se refería el abogado a algunas de las peticiones del titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, quien ha imputado a la exdirectora del CNI Paz Esteban por el espionaje a Pere Aragonès en el caso Pegasus. Van der Eynde se refirió en concreto al hecho de que el juez barcelonés haya solicitado que le sean remitidas las autorizaciones judiciales que dieron carta blanca al espionaje para conocer de primera mano en qué argumentos se sustentaba. De fondo, la sospecha independentista de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el juez de control del CNI, actuó como blanqueador de la impunidad de los servicios de inteligencia. Pere Aragonès ya ha reiterado en múltiples ocasiones que no descarta denunciar a dicho magistrado por prevaricación.

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Van der Eynde habla como abogado, no como político, pero su cercanía al núcleo duro de ERC obliga a escuchar atentamente sus palabras, resumidas en algo tan básico como que al Gobierno socialista no le conviene negarse a desclasificar la información referida al caso Pegasus en un escenario de necesidad como el que vive para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

Si uno se calza, solo por probárselos, los zapatos del estadista, automáticamente llega a la conclusión de que una cuestión tan sensible no debería tratarse desde la lógica negociadora de una investidura. El espionaje a Aragonès lo ejecutó el CNI, pero quienes disfrutaron con fruición los informes que de esas escuchas se derivaron a partir de 2018 fueron la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Si la realidad que hemos ido conociendo apunta a la necesaria mejora de los mecanismos de autorización de escuchas —por ejemplo, que participe más de un juez, como apuntaba el PNV la pasada legislatura—, un acuerdo sobre la modificación de la Ley Orgánica 2/2002 que regula el control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia es el camino correcto.

En cambio, el cambalache sobre un asunto particular —¡desclasifícame estos papeles!— no pretendería en ningún caso mejorar la calidad democrática del CNI, sino apuntalar la narrativa de que los servicios secretos españoles —en connivencia con el juez del TS— actuaron fraudulentamente en el momento álgido del proceso independentista.

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Si el abogado Van der Eynde lleva razón, el Gobierno acabaría señalando a su servicio de inteligencia como presuntamente culpable, como pretendía hacer cuando insistió obstinadamente en forzar la dimisión de Paz Esteban. Una dimisión que conllevaba la asunción de algún tipo de responsabilidad por algo indebido y que por eso no se produjo. La negativa de Esteban a dimitir, forzando finalmente su cese, salvaba la cara de los espías españoles y hacía enrojecer de vergüenza a sus responsables políticos. A través de una hipotética desclasificación acordada entre el PSOE y ERC, como ha sugerido Van der Eynde, Sánchez conseguiría ahora lo que entonces no. Con una ventaja añadida, Paz Esteban es ahora una ciudadana de a pie que no cuenta con ninguna cobertura institucional y, por lo tanto, es más fácil señalarla desde un Gobierno que pretende complacer a sus futuribles socios. Aunque se obvie lo fundamental: que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa estaban al corriente y eran los beneficiarios de ese espionaje.

Narrativas de culpabilización. Es de hecho donde se están jugando los pactos de investidura. El sábado era Carles Puigdemont quien se reafirmaba en su argumentario inalterable de negociación. Apuntaba en sus redes sociales: “España tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos no sean tan fáciles como ahora; o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1-O y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”.

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Sánchez sabrá hasta qué punto está en condiciones de avalar con sus futuribles acuerdos narrativas de estas características. Pero lo que no puede negarse es que lo que pretende el líder de Junts, ya lo hemos escrito en otras ocasiones, es cobertura moral y política de los hechos de 2017. Desde la perspectiva de Puigdemont, igual que desde la de Junqueras en el primer ejemplo, se entiende perfectamente que así sea. Hay una coherencia pétrea en sus argumentarios.

Lo que cada vez resulta más difícil de comprender es que Pedro Sánchez alimente alegremente el discurso de que no tiene duda de que va a alcanzarse un acuerdo, cuando debería saber ya a estas alturas que no hay intención alguna por parte de Carles Puigdemont de renunciar a una explicación de un hipotético pacto con el PSOE que no pase por el reconocimiento implícito de que los hechos de octubre de 2017 fueron legítimos. No solo eso, sino que además Junts se reserva la baza de volver a protagonizarlos algún día si las circunstancias vuelven a ser propicias y no se ha avanzado en el ejercicio de autodeterminación pactado con el Estado.

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Narrativas. También en la derecha. Núñez Feijóo sacó ayer a pasear el fantasma de la balcanización. Mal ejemplo, por frívolo y exagerado. Como el de Rodríguez Zapatero, comparando la amnistía que se está cocinando en el presente con la que en 1936 firmó el presidente de la República, Manuel Azaña, y de la que se benefició Lluís Companys, el presidente de la Generalitat que acabaría siendo posteriormente fusilado.

No estamos en 1936, aunque algunos quieran llevarnos ahí. Tampoco España camina hacia la balcanización como braman otros. No puede darse cobertura moral y política a los hechos de octubre de 2017 por muchos votos que necesite Pedro Sánchez. Y no es buena noticia que un servicio de inteligencia que se pretenda efectivo —no impune— pueda convertirse en moneda de cambio negociadora sobre la base de una actuación concreta —¡sí, en cambio, sobre las leyes que regulan su funcionamiento!— de la que era conocedor el propio Pedro Sánchez.

Quienes mantenemos un hilo de confianza en las instituciones, autonómicas y estatales, no merecemos este trato, con independencia de dónde estemos ubicados en el cuadrante ideológico. Los acuerdos pueden ser buenos y malos. El juicio dependerá en buena medida del paraguas ideológico que cubre la cabeza de cada uno. Pero hay maneras de enfocar una negociación o de ejercer la oposición que solo admiten dos adjetivos: malo y peor.