Puigdemont quiere ser quien cierre el bar de la negociación con el PSOE: "¡Aguanto más copas que Junqueras!"

Junts quiere cerrar el bar de la negociación. Puigdemont ha forzado una última copa para ser el último en abandonar el local cuando las luces estén ya encendidas y solo quede él en la pista de baile. Una de las preguntas pertinentes de estos últimos días era en qué orden se escenificarían los acuerdos del PSOE con Junts y ERC. Básicamente, porque en algunos asuntos —la amnistía, por ejemplo— ambas formaciones independentistas negociaban sobre bases similares, pero sin ningún contacto ni coordinación entre ellas.

Ya tenemos la respuesta. Puigdemont será el punto final del calendario negociador de Pedro Sánchez. La escenificación de los junteros ayer por la tarde en Bruselas sobre el “no acuerdo todavía” obedece más a la necesidad de demostrar al público soberanista que Puigdemont va con todo y más lejos que ERC, que no a la convicción real de que a última hora hayan aparecido diferencias insalvables entre los negociadores.

Las desavenencias de última hora tan aireadas ayer son más consecuencia de una voluntad de retrasar el anuncio del acuerdo por parte de Junts que la causa de su postergación. Este blog cerraba el artículo del martes con la siguiente admonición: la competencia insana entre republicanos y junteros va a traerle más de un quebradero de cabeza al PSOE. Así será. Los episodios de celos van a ser recurrentes. Así que ayer, día grande para los republicanos, tocaba escenita de Junts. NO hay acuerdo todavía con los de Puigdemont. To-da-ví-a. Pero sigue estando al caer.

Sobre el acuerdo con ERC, varios comentarios sobre los puntos del pacto más pragmáticos y de acento sectorial. El traspaso de Cercanías no es completo. Afecta únicamente, en lo que atañe a la propiedad del hierro, a las líneas que empiezan y acaban en Cataluña. Hay mucha letra pequeña por desarrollar en esa parte del acuerdo. La gobernanza común de la nueva empresa pública que va a crearse, Cercanías de Cataluña, en cuyo consejo de administración se sentarán paritariamente representantes del Estado y de la Generalitat, deberá tomar decisiones por mayoría reforzada, según reza el acuerdo.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont ya está amnistiado. Su situación jurídica ya es lo de menos

Josep Martí Blanch

Y tampoco será fácil negociar y consensuar las transferencias económicas anuales asociadas a esta nueva responsabilidad autonómica. Pero sí es una oportunidad política para el Gobierno de la Generalitat, ahora en manos republicanas, para demostrar que de cerca puede gestionarse mejor que de lejos un servicio diario de transporte de viajeros de la complejidad del de Cercanías. Ahora mismo, los trenes que prestan este servicio son, con diferencia, el peor servicio público de Cataluña. Un drama diario para decenas y decenas de miles de ciudadanos de la conurbación de la gran Barcelona y también para los que usan las líneas que unen la capital catalana con el resto de la comunidad. La dejadez inversora de Adif, Renfe y el ministerio ha sido una constante en las dos últimas décadas. Pero es un regalo envenenado. Si la Generalitat no consigue mejorar el servicio, ya no habrá, en teoría, excusas ni espaldas sobre las que colocar el mochuelo del desastre. Y no va a ser fácil revertir la situación actual. Habrá que seguir el desarrollo del acuerdo y, sobre todo, la negociación anual de la transferencia económica necesaria para la prestación del servicio. El Estado, con perdón, se quita un muerto de encima.

El segundo comentario guarda relación con la parte económica de lo pactado entre ERC y PSOE. La condonación del 20% de la deuda que la Generalitat mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica del Estado (FLA) por un importe de 15.000 millones, lo que permitirá, según anunció ayer el propio Oriol Junqueras, un ahorro de 1.300 millones en intereses.

La medida, arrancada por los republicanos, es de aplicación para todas las comunidades autónomas. Así figura por escrito en el acuerdo. Como la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas es un hecho —en particular, las de todo el arco mediterráneo—, el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado la forma de aliviar sus cuentas por la puerta de atrás hasta que se obre el milagro y se acuerde un nuevo sistema de financiación. Dependerá de la honestidad, valentía y transparencia del Gobierno del Estado que los cálculos para las CCAA beneficiarias de esta medida —todas— se hagan con justicia. Conviene explicarlo así, no por evitar las críticas al pacto, sino por respeto a la verdad. Ayer por la tarde venía explicándose en las ediciones digitales de muchas cabeceras como una prebenda de disfrute exclusivo para Cataluña. Y no es así.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El Círculo de Economía dice sí a la amnistía, pero no a la que promueve Pedro Sánchez

Josep Martí Blanch

La parte política, amnistía y negociación de la cuestión catalana, era más o menos conocida. Buena parte del preámbulo del acuerdo se sitúa en términos similares al alcanzado hace tres años. Solo que entonces no figuraban los indultos y ahora sí lo hace la amnistía. Falta todavía lo más importante: la propuesta de texto de la ley que ha de concretar la medida, pendiente de esos últimos ajustes de tuercas que exige Junts.

Sobre esta cuestión, hay que insistir una vez más que, a diferencia de los indultos, que se aceptaron bien con entusiasmo, bien con indiferencia, por la mayoría del cuerpo social catalán, en esta ocasión hay claramente un malestar que en el ámbito constitucionalista alcanza a una parte de los votantes del PSC. Del texto final, y sobre todo del discurso con el que los independentistas acompañen su concreción en el Congreso y posterior aplicación, dependerá que esta vez una medida de tanto riesgo también pueda dañar en el futuro los intereses del PSOE en el granero de votos en que se ha convertido Cataluña para este partido.

Solo falta Puigdemont. Está con el último sorbo. Preparados, listos… Y ya.