A España le revientan las costuras con la amnistía

La amnistía ha tensionado y seguirá haciéndolo las costuras de la España política, judicial y mediática hasta límites que no veíamos desde el año 2017. La medida es tan disruptiva que equivale a lo que en la naturaleza sería un movimiento sísmico. Solo que entre las reacciones que provoca las hay razonables y lícitas y otras que no lo son tanto. O que, por decirlo con toda claridad, no pasarían la prueba del algodón del mínimo de calidad democrática que deberíamos exigirnos.

Dejando a un lado la valoración política que merezca la decisión de Pedro Sánchez de pagar con una ley de olvido penal los votos que necesita para ser investido, resulta oportuno traer a colación al politólogo norteamericano Hugh Heclo.

En concreto, la tesis central de su libro On Thinking Institutionally (en español, Pensar institucionalmente, Paidós, 2010), que puede resumirse en la siguiente afirmación: las instituciones están a salvo cuando las personas que las representan se centran en hacer el trabajo que figura en su tarjeta de visita. Una interpretación nada académica, pero sí entendible de lo que esto quiere decir trasladado a la España de 2023, nos llevaría a afirmar que un país salvaguarda sus instituciones cuando los políticos hacen de políticos, los jueces de jueces, los policías de policías y los periodistas de periodistas. Añadiríamos que no basta con que hagan su trabajo, sino que deben hacerlo bien. Pero bien no significa de un modo subjetivamente acertado, sino sencillamente no excediéndose ni sobrepasando los límites que marcan sus atribuciones.

Siguiendo a Heclo, el PSOE tiene tanto derecho a pactar una amnistía como el PP, Vox y los socialistas que no se tragan esa pastilla a combatirla con toda su energía. Ese sería el ámbito de trabajo del político. Por otra parte, la judicatura debe asegurar que los textos legislativos encajan en la legalidad cuando le llega su turno, no antes. Solo que en España, al igual que sucedió en 2017, a partir de un cierto nivel de tensión parece imposible que cada uno acepte circunscribirse a actuar únicamente en el perímetro competencial que dibuja su tarjeta de visita.

¿Tensión? Por supuesto. No estamos hablando de una ley cualquiera

Sánchez actúa políticamente buscando un pacto con los independentistas y aceptando pagar el sobreprecio que estime. El PP y Vox, también cuando ejercen el derecho y cumplen con su obligación de combatir la medida, parar o traicionar su ideario y sus convicciones. Es una batalla política de primer orden y de consecuencias notables, y como tal se corresponde a una partida que hay que jugar con intensidad para intentar ahogar al contrario.

¿Tensión? Por supuesto. No estamos hablando de una ley cualquiera. Provocan hilaridad los comentarios sobre la salida a la calle de los contrarios a la amnistía. Como si solo la izquierda tuviera legitimidad moral para mostrarse en el asfalto de las ciudades españolas.

Es política. Y toda ella, la aprobación de la amnistía o la manera de oponerse a ella, acabará mereciendo un juicio propio por parte del ciudadano. Pero, insistamos en lo importante, cada uno está haciendo aquello que forma parte de su ámbito legítimo de actuación. Acertada o equivocadamente. Pero siempre desde la política. E igual de legítimo es el impulso de la amnistía como oponerse a ella del modo más vehemente.

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No es en la política que detectamos una disfunción respecto de lo que recomienda Heclo. Sino en otros poderes del Estado, lamentablemente también politizados. Es en otros ámbitos en los que corremos el riesgo de que ese pensar institucionalmente se esté traicionando, yendo más allá del ámbito de actuación concreto que cada protagonista tiene asignada en esta función.

Tiempo habrá para que la Justicia determine la validez legal del texto jurídico que aprueben las Cortes o para señalar cómo debe aplicarse. Pero desde luego no parece muy razonable ni sano democráticamente que un Consejo General del Poder Judicial actúe de modo preventivo del modo que lo hizo ayer.

Afirmar que un texto jurídico que todavía no ha visto la luz, pactado entre formaciones políticas democráticas, supone no solo la degradación, sino un riesgo serio de abolición del Estado de derecho en España, no es pensar institucionalmente.

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Es, sencillamente, aprovechar una mayoría política en el órgano de gobierno de los jueces para participar e intentar influir políticamente en la agenda política. Y eso, en una democracia sana, no debiera ser el ámbito de actuación natural de los jueces.

La misma reflexión sirve para la Audiencia Nacional y el juez Manuel García-Castellón. Como ocurría en la Guerra Fría, época en la que nació la frase, cuando vemos un pájaro que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo normal es que lo llamemos pato.

El despertar de la Guardia Civil la semana pasada para ponerse las pilas con el expediente Tsunami Democràtic, después de que el asunto dormitase durante mucho tiempo, y la rapidez con la que el juez García-Castellón ha decidido imputar a Marta Rovira y Carles Puigdemont por terrorismo permiten sospechar abiertamente que detrás de tanta supuesta diligencia haya más intención de influir abiertamente en la agenda política del momento que no una sed insaciable de justicia.

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Han pasado más de cuatro años desde los hechos de Tsunami. Que sea precisamente ahora que al juez se le ocurre no solo imputar por terrorismo, sino traer además a colación a un ciudadano francés fallecido por un ataque al corazón para endosarlo al debe de Puigdemont, es igualmente preocupante. No porque el juez no deba impartir justicia, sino por todo lo contrario. Más bien parece que haya un interés particular en reventar los pactos del PSOE o en dejar fuera de la amnistía a Carles Puigdemont y Marta Rovira.

Haga cada uno lo que debe, cuando debe, como aconseja Heclo. Con eso sería suficiente. Siempre, claro, que uno piense que lo principal es salvaguardar las instituciones. Se puede estar en contra de la amnistía, muy en contra de hecho, y combatirla únicamente por los caminos que democráticamente son razonables. Cualquier otro camino es hacer el mal en nombre de lo que uno cree bueno y superior. Y eso siempre sale mal. Simplemente, porque supone una traición a las instituciones que uno dice defender.