Europa, la lavadora de los trapos sucios de España

Mamá Europa. La UE como árbitro de las cuitas domésticas que somos incapaces de resolver entre nosotros. España es como Turquía, afirmaban los soberanistas. Ahora, si atendemos a lo que escuchamos, lo seguirá siendo. Solo que quienes vociferan en esta ocasión más allá de las fronteras esta convicción son ahora la derecha y la ultraderecha.

Siempre hay alguien dispuesto a gritarle al mundo entero que vivimos en una república bananera. Lo apuntaba Nacho Alarcón en su crónica de la última sesión del Parlamento Europeo para El Confidencial: los procesistas catalanes enseñaron el camino que ahora copian el conservadorismo y el reaccionarismo sobre la necesidad y virtudes de la internacionalización de su causa. España no era antes una democracia para quienes portaban una estelada. Ahora está a punto de dejar de serlo para los contrarios a la amnistía. ¡Que lo sepa el mundo entero para que acuda presto a rescatarnos!

Adoptado el punto de vista de quien combate la amnistía, no queda otra que reconocerles argumentos suficientes que explican la necesidad de poner en marcha el ventilador de alcance continental para airear una supuesta deriva iliberal del nuevo Gobierno y ganar de este modo complicidades para con sus tesis.

Simplificando al máximo, las ideas principales de este sentir se resumen en lo siguiente: estamos ante políticos amnistiando delitos de otros políticos a cambio de seguir en el cargo. Un chanchullo que dinamita la igualdad entre españoles, posibilitando que el gobernante haga de su capa un sayo para mantenerse en el poder a cambio de violar el precepto de la igualdad entre españoles. Lo que sería un inicio de dictadura, vamos.

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La campaña de corto recorrido del PP con el eslogan “Help Spain”, dirigida a la prensa extranjera, encajaba en esta interpretación maximalista. Ahora, el intento de forzar un posicionamiento crítico o contrario de las instituciones europeas a la ley de amnistía no es más que una continuación natural y coherente de lo ya iniciado: ¡ayúdennos!

Puede que la principal motivación no sea tan altruista. Llevar la amnistía al corazón político de Europa sirve principalmente para poner en marcha un nuevo plató electoral de cara a las próximas elecciones europeas de junio. Unos comicios que serán una reválida para todos los actores políticos en liza.

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Se habilita un escenario más desde el que ganar titulares para seguir golpeando el hígado de Pedro Sánchez a cuenta de sus acuerdos con los independentistas. Es esa proximidad con las urnas la que también explica la acelerada colaboración de los conservadores, ultras y liberales continentales con sus homólogos españoles para echarles un cable de recorrido electoralista, dada la importancia que los resultados de esos próximos comicios va a tener, más allá del ámbito puramente doméstico, para impulsar cambios profundos en la agenda europea de los próximos años.

Pero, más allá de la función de altavoz propagandístico para disparar contra el Gobierno en clave local, se antoja difícil anticipar cuál es el beneficio neto que puede obtener España en su conjunto, el interés de la cual todos aseguran defender, con un debate de estas características en el seno de las instituciones europeas. Básicamente, porque la ley de amnistía, ya sea con el redactado que conocemos o el que finalmente resulte tras su discusión en las Cortes, es una iniciativa política que se aprobará en un país con división de poderes que cuenta con mecanismos de garantía suficientes para hacer frente a cualquier teórico atropello jurídico proveniente del legislativo o del ejecutivo.

Se puede argumentar, como algunos vienen haciendo, que esto no es así por culpa de Pedro Sánchez y el redactado de una ley hecha en comandita con quienes van a beneficiarse de la amnistía. Los que así piensan insisten para demostrarlo en poner el acento en el blindaje extremo que el borrador de la futura norma establece para eliminar la posibilidad de intromisión de los jueces una vez el Congreso la apruebe para que los efectos que pretende sean inmediatos e irreversibles.

Opinión

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La conclusión inequívoca, para quien así razona, es que no hay otro camino que pedir auxilio a mamá Europa, forzar discusiones en el Europarlamento y pronunciamientos imposibles de la Comisión si se pudiese, mientras se invocan en Bruselas los tratados de la UE. Eso y dar empujoncitos al Tribunal Supremo, si no se empuja lo suficiente a sí mismo, para que cuando llegue el momento plantee cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ganar tiempo y evitar el inmediato e irreversible efecto de la ley sobre las personas que van a ser amnistiadas.

Lo cierto es que se entiende mejor, aunque pueda interpretarse por quien está a favor de la amnistía como filibusterismo judicial, el recorrido de las hipotéticas cuestiones prejudiciales ante el TJUE que no el griterío político en los atriles de las instituciones políticas de la UE. Porque, de igual modo que los redactores de la ley han hecho lo imposible por eliminar toda rendija a través de la cual los jueces puedan hacer valer sus razones, si las tienen, también puede considerarse normal que estos dediquen tiempo, inteligencia y esfuerzos a colarse por donde el derecho se lo permita, siempre que eso no derive en una clara desviación o abuso de sus funciones.

En cambio, el griterío político más allá de las fronteras españolas no aporta más que descrédito político e institucional al país entero. Es esta también una victoria póstuma del proceso, enfocado desde el primer día a la internacionalización de su causa. Una internacionalización que iba de bajada, pero que ahora coge aire a través de otros ropajes. Una victoria que, como todas las que ha obtenido, no deriva tanto de sus propios méritos como del aprovechamiento de la debilidad y falta del sentido de la mesura de los dos grandes partidos políticos españoles a la hora de abordar esta cuestión. Pero ya se sabe, en junio volvemos a las urnas. De modo que, ¿quién puede esperar otra cosa?