La financiación de Cataluña es una muela que dolerá más que la amnistía

En la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares sentenció que bien los independentistas, bien los socialistas estaban mintiendo a la Cámara. Por aquellas fechas, finales de septiembre, Pedro Sánchez aún no se había puesto en la boca la palabra amnistía. Pero Gabriel Rufián, siempre descarado, anunció en su turno de intervención que la investidura del presidente del Gobierno, si acababa habiéndola, tenía como precio una amnistía y un referéndum. Ante el silencio de los socialistas, Feijóo se puso solemne y afirmó que no tardaríamos mucho en saber a quién le crecería la nariz como a Pinocho. Han pasado dos meses y medio desde entonces y los independentistas siguen teniendo la napia que tenían. Y hoy la proposición de ley de amnistía, registrada por los socialistas el pasado 13 de noviembre, será tomada en consideración por el pleno de la Cámara. Rufián dijo la verdad.

Solo que la amnistía solo es un ingrediente, el más indigesto, de cuantos ha utilizado Pedro Sánchez para ligar la salsa de la legislatura. Y si el olvido penal del proceso catalán ya deja en carne viva el ambiente político de España, hay otras cuestiones que desde un segundo plano ―en este momento, pero no en un futuro inmediato― amenazan con echar más sal a esa herida abierta que va a mantenerse de esta guisa durante un tiempo indefinido. Es comprensible. No es poca cosa, ni para unos ni para otros, lo que empezará a suceder hoy en el Congreso. Pero decíamos que hay otros ingredientes en la salsa de la legislatura. El más importante, más que la hipotética consulta ahora que Junts se ha sumado a ERC en el abrazo al pragmatismo de la negociación: el dinero.

Ayer se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se ausentó Natalia Mas, la consejera de Economía de la Generalitat. Argumentó, para justificar el plantón, que la financiación de la Generalitat va a resolverse de manera bilateral desde esa comunidad con el Gobierno de España, según lo acordado en los pactos de investidura. Y que, por tanto, ella no pinta nada en ese tipo de reuniones en las que, además, el Estado tiene mayoría y las CCAA solo van a escuchar.

Es una vuelta a las andadas del Gobierno catalán, dado que su antecesor en el cargo, Jaume Giró ―de Junts―, sí acudió las dos veces que tuvo la oportunidad de hacerlo. Naturalmente, las comunidades del PP aprovecharon la argumentación de la consejera republicana para acusar al ministerio de haber convertido la reunión en un simple encuentro de figurantes. Los barones populares, cada uno fiel a su estilo, pero con el objetivo común de tocarle la cara al Gobierno socialista, calentaron previamente la reunión con el argumento previsible de que Cataluña se lo llevará todo a dos manos con la complicidad del Gobierno socialista y que ellos no lo van a permitir.

La mecha del dinero prende rápido. Y amenaza enseguida con provocar incendios en el electorado. La amnistía encabrona, divide, crispa, pero aun así hay ciudadanos de todas las comunidades autónomas de España dispuestos a defenderla o, como mínimo, a mantener una actitud indolente ante ella considerándola un mal menor o necesario, como ha hecho el presidente del Gobierno para seguir gobernando.

Con el dinero, eso no sucederá. Los intereses económicos encierran a los ciudadanos de cada comunidad en una bolsa hermética de la que prácticamente nadie escapa. Y si se impone la sensación de agravio en una comunidad, no se atiende a razones. Recuerden que en Cataluña el proceso fue posible porque primero se quemó la fase de la mala financiación y la necesidad de acordar un pacto fiscal, la propuesta con la que Artur Mas ganó las elecciones autonómicas en 2011. Y lo que vale para Cataluña, vale para cualquier otra comunidad. El agravio económico, real o no, homogeneiza. Lo sabe también Ayuso y por eso lo utiliza intentando que cuaje en la Comunidad de Madrid su argumentario de que si España funciona es única y exclusivamente gracias a las aportaciones económicas de los madrileños.

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Es más fácil, a pesar de su dificultad, aprobar una ley de amnistía que un pacto fiscal que saque una comunidad como Cataluña de la Lofca. Quizá por ser consciente de ello, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quiso ayer que constara en el acta de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera presidido por ella que ni bilateralidad ni niño muerto. Que no hay negociación que valga con Cataluña para otorgar un nuevo modelo de financiación a esa comunidad pactado fuera del régimen común La ministra empeñó su palabra: ¡que conste en acta! Apunten: nada de nada.

Así pues, ¿miente la ministra o miente la consejera de la Generalitat? Pues como decía Feijóo, lo sabremos más pronto que tarde. Porque la financiación va a tratarse en las tres mesas de negociación que Sánchez tiene en marcha con los independentistas. La más institucional ―Gobierno/Generalitat― y las otras dos de carácter partidista ―PSOE-ERC y PSOE-Junts―. Pero diga lo que diga la ministra, la bilateralidad es un hecho. Una victoria que no puede escatimarse a los independentistas. Al menos desde el punto de vista de la negociación y de la aceptación por parte del PSOE y del Gobierno de que el asunto puede y debe tratarse en una mesa a la que solo se sientan los soberanistas.

Otra cosa son los acuerdos que puedan alcanzarse en esas reuniones y que de ellas se derive con efectividad una financiación singular para Cataluña. No parece probable, aunque a decir verdad tampoco lo parecía la amnistía y hoy se pone de largo en el Congreso. Como diría Feijóo, más pronto que tarde sabremos quién miente sobre el particular.