La inmigración saca la nariz como problema en Cataluña

Runrún alrededor de la inmigración en Cataluña, la comunidad que alcanzaba los ocho millones de personas el pasado mes de noviembre, según datos oficiales de la Generalitat.

De la campaña institucional del pujolismo “Somos 6 millones”, en la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX, a los ocho millones actuales han pasado poco más de tres décadas.

El boom demográfico, en diferentes oleadas, es atribuible a la inmigración, que representaba a 31 de diciembre de 2022 el 21% del total de la población catalana.

Si se añaden los procesos de nacionalización administrativa, que no cambian la condición de extranjero para los indígenas, se entiende que la percepción de la realidad de los catalanes se sitúe muy por encima de este porcentaje.

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En abril de este año, un estudio del Centro de Estudios de Opinión (CEO) dibujaba el mapa ideológico de esta percepción por querencia de voto. Los votantes de la CUP creen que hay un 30% de inmigrantes en Cataluña, los de Vox, en el otro extremo, el 50%. PP, Ciudadanos, PSC, Junts y ERC se sitúan en una horquilla del 33% al 35%.

En Cataluña, el doble tablero en el que se juega la política —identitario e ideológico— altera siempre la lógica de la agenda política. El proceso lo ha hecho en un modo extremo durante más de una década.

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Con los partidos independentistas y los constitucionalistas batallando únicamente en el campo de la soberanía, las políticas sectoriales —entre ellas, la inmigración— quedaron enterradas.

El discurso restrictivo sobre la inmigración, más habitual en la derecha política, también quedó invisibilizado con la desintegración de CiU y su sustitución por Junts, un partido-movimiento que hasta hace poco no empezó a ordenarse ideológicamente en el eje derecha-izquierda, apostando en su congreso ideológico de 2022 por un posicionamiento sectorial ubicado en el centroderecha liberal revestido de socialdemocracia.

Así pues, durante más de una década la inmigración ha sido un tema silencioso y en buena medida silenciado. Con todo el independentismo basculando hacia la izquierda —CUP, ERC y Junts hasta el congreso del año pasado—, sumados los comunes de Ada Colau y la tibiez del PSC en esta cuestión, el discurso restrictivo del fenómeno de la inmigración quedaba, hasta la irrupción de Vox, en manos del PP; partido a su vez centrado en las cuestiones identitarias de orden inverso al independentismo.

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El discurso institucionalmente sistémico durante años ha sido que Cataluña era tierra de acogida, que los inmigrantes eran más una oportunidad que una amenaza y que cualquier matiz a estas afirmaciones resultaba peligroso, pues abría las puertas al fomento de las actitudes racistas. Esta época va tocando a su fin.

Los hechos históricamente disruptivos difícilmente muestran sus consecuencias en el momento en que suceden. Pero este marco de interpretación homogéneo sobre la inmigración empezó a romperse con los atentados islamistas de agosto de 2017. No de inmediato. Porque la sociedad catalana, con el empuje de las instituciones, reaccionó en primera instancia siguiendo la inercia del discurso oficial: ¿qué hemos hecho mal los catalanes para que unos chavales de Ripoll hayan asesinado a sus conciudadanos en nombre de Alá? ¿Qué debemos mejorar en las políticas de inmigración? A este enfoque, la Generalitat y el independentismo añadieron la teoría conspirativa del Estado como último responsable, a través del CNI, de esos atentados. Un despropósito desmentido por los propios Mossos d'Esquadra reiteradamente, pero que aún hoy colea.

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Pero en Ripoll, lugar de residencia de esos jóvenes asesinos, las cosas se vieron, vivieron e interpretaron de otra manera. Y ahí plantó su semilla antiinmigración la que ha acabado siendo su alcaldesa, Silvia Orriols, la lideresa del partido Aliança Catalana, siglas independentistas de matriz étnica. Para entendernos, la versión soberanista de Vox.

A pesar de no contar con la complicidad de los medios de comunicación catalanes, Orriols se hace escuchar y trabaja para que su partido esté presente en las próximas elecciones autonómicas con un discurso antiinmigración que nunca se había oído antes desde el soberanismo. Es una oferta tentadora para los votantes más derechistas de Junts. Y eso está moviendo poco a poco el tablero. E igual que en el resto de España Vox obliga a la reposición constante del PP, en un baile de posiciones realmente complicado, el discurso de Orriols está también generando poco a poco un oleaje que obliga igualmente a Junts —el de ahora— a empezar a defenderse en el flanco del discurso migratorio.

Va agrietándose la unanimidad sobre un tema que hasta ahora era tratado como un tabú en Cataluña. El informe PISA de educación presentado recientemente es un ejemplo. La propia Generalitat —en manos de ERC— atribuía en primera instancia los pésimos resultados de los alumnos catalanes al exceso de alumnos inmigrantes en las muestras del estudio, aunque después rectificó.

La Generalitat atribuía los pésimos resultados de los alumnos catalanes al exceso de alumnos inmigrantes en las muestras del estudio

No obstante, esa rectificación no ha evitado que por primera vez el factor inmigración se haya situado como un problema para la calidad de la escuela en Cataluña. E igualmente empiezan a oírse voces sobre la presión excesiva sobre el sistema sanitario atribuible al exceso de población llegada de fuera. El runrún, justificado o no según a quién se escucha, va aflorando de abajo arriba.

Pero la cuestión que más impacta sobre la percepción del fenómeno de la inmigración no son los servicios públicos. Es, como en todas partes, la delincuencial acompañada de multirreincidencia.

Y es ahí donde se va a advertir poco a poco un corrimiento de tierra político para taponar las posibilidades de Alianza Catalana de cara a las próximas elecciones catalanas. Y como muestra, un botón.

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Las 10 alcaldías en manos de Junts en la comarca del Maresme (el norte costero de Barcelona) han comparecido juntas ante los medios para exigir la expulsión inmediata de los delincuentes profesionales multirreincidentes que, según ellos, actúan con total impunidad por la zona.

Marc Buch, alcalde de Calella, resumía así la situación: “Tres delincuentes habituales detenidos como presuntos autores de un incendio en una vivienda y atacar a los agentes de policía que han intervenido. Dos forman parte de un colectivo que acumula 260 detenciones. Exijo aplicación de medidas, incluida la expulsión, para poner fin a esta situación”.

A algunos lectores les parecerá un tipo de declaración ya oída y nada novedosa. Pero en Cataluña resulta totalmente novedosa viniendo desde las instituciones municipalistas gobernadas por Junts.

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Estos alcaldes no están dispuestos a dejarse robar la tostada por Vox —ataviado con la rojigualda— o por Alianza Catalana —con la estelada—.

De ahí que empiecen a mover ficha y a elevar el volumen en su posicionamiento ante la inmigración. Y todo el partido de Carles Puigdemont acabará desplazándose hacia ese espacio a medida que vaya cuajando la agenda posprocesista. Detectan malestar ciudadano en este espacio y acabarán por ocuparlo. Máxime cuando la baja natalidad también atemoriza al soberanismo en clave de futuro, pues afianza entre muchos la intuición de que va a resultar imposible mantener una agenda nacionalista en una sociedad en la que las previsiones indican que el mantenimiento o crecimiento del número de habitantes solo se sostendrá por inmigrantes, la mayoría proveniente del norte de África y de difícil integración. Ese 21% de inmigrantes sobre el total va quedándose corto año tras año.

Quizás así se entienda por qué Carles Puigdemont intentó sin éxito en sus negociaciones de investidura con el PSOE rascar alguna competencia sobre el control migratorio.

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En Cataluña, lejos del ruido, va armándose por primera vez en muchos años una competencia ideológica en el espacio independentista más allá de la estelada.

Las bases institucionales de Junts a pie de calle, es decir, los alcaldes, son las primeras en intuir la necesidad de ganar espacio hacia posiciones conservadoras en algunas cuestiones.

La agenda política tradicional está de regreso. Junts y ERC ya no van a pelarse solo por quién blanda la estelada más grande. También van a tocarse la cara en el eje ideológico. Y ahí la paulatina derechización de Junts resulta clave. Aunque a ellos, como a todo hijo de vecino en Cataluña, no les gusta ser calificados como de derechas. Por eso, servidor, permítanme la automención, publicó en 2010 el libro Eres de derechas, pero no lo sabes. Crítica de la gran impostura catalana. Ese público va estando de vuelta.