España, tierra de mediadores

"España, tierra de mediadores". Si un Gobierno se decidiese algún día a recuperar la iniciativa Marca España para mejorar la imagen del país en el extranjero y entre los propios españoles, ese debiera ser el eslogan patrio que acompañase a la rojigualda en su paseo triunfalista por el mundo.

Con el que han pactado el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya son tres los mediadores aterrizados en la política española para ayudar a nuestros representantes a hacer los deberes que por edad y responsabilidad debieran entregar a tiempo sin la necesidad de contar con profesores de refuerzo. Mediador para que el PSOE hable con Esquerra, mediador para que el PSOE haga lo propio con Junts y mediador para el diálogo PSOE-PP para solucionar el atropello que la política lleva perpetrando a la Justicia desde hace un lustro enterito.

Se nos exige un esfuerzo para que, lejos de criticar y considerar una grave anomalía la decisión de los dos grandes partidos españoles, consideremos normal que PP y PSOE pidan auxilio a la UE para renovar por fin el órgano de gobierno de los jueces con el concurso directo del comisario de Justicia, Didier Reynders. La propaganda viene a decirnos que a fin de cuentas la Unión Europea también es España, con lo cual no nos salimos de los límites de nuestra propia soberanía, y que aunque el mecanismo resulte un poco extravagante, servirá para solucionar un grave problema de calidad democrática. El medio y el fin resultan, pues, apropiados según la versión más endulzada que se ha vendido de lo pactado.

Ambas cosas, que la UE no es un actor extraño y que la renovación del CGPJ es inaplazable, son ciertas y, por tanto, irrebatibles. Y, sin embargo, hay un reconocimiento en la decisión de tal envergadura sobre la propia incapacidad de populares y socialistas para poner en práctica un mínimo de lo que viene en llamarse visión de Estado, que cuesta ver qué hay de positivo en pedir auxilio para cumplir algo que forma parte irrenunciable de las obligaciones constitucionales del partido que gobierna y del que lidera la oposición.

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Puede verse el vaso medio lleno, por supuesto. A fin de cuentas, el PSOE y el PP se han puesto por fin de acuerdo en algo. Ese algo es la aceptación formal de su nulo interés en situar los intereses generales por encima de los particularísimos beneficios de parte. Para el ánimo optimista, ese reconocimiento de las propias limitaciones es una gran noticia. Como lo es quien, reconociéndose en una adicción, asume por fin que necesita ayuda externa para salir de ella.

Para los pesimistas, entre los que nos contamos, no es más que la naturalización resignada de la incapacidad, la irresponsabilidad y la mezquindad. El revelado de la baja calidad del fuste con el que están hechos nuestros liderazgos y la grave aluminosis que afecta a las principales organizaciones políticas del país.

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Del discurso de Navidad de Felipe VI se ha destacado como una de sus ideas principales la de que la Constitución no solo requiere que se la respete, sino también que se conserve la identidad que la define, dibujada como un pacto colectivo de todos y entre todos para un propósito compartido.

Pues bien, es ese propósito compartido que exige el monarca el que cuesta ver en la política española. Y la necesidad de acudir a la mediación de terceros para la renovación del CGPJ así lo certifica: "Oigan, señores de la comisión, ¡échennos un cable que aquí lo del pacto colectivo para un propósito compartido se nos ha olvidado como se hace y para qué!".

No es la falta de confianza entre ellos, como argumentan nuestros prebostes políticos, lo que imposibilita el que puedan alcanzarse acuerdos de enjundia sin necesidad de gritarle al socorrista que por favor lance un flotador en forma de mediación para que no nos ahoguemos en la piscina del deterioro institucional.

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La falta de confianza no es más que la consecuencia natural de algo mucho más grave y sustantivo. Esto es, la defensa a ultranza y hasta las últimas consecuencias del interés propio y particular, sin medir las consecuencias que de ello se derivan para un proyecto colectivo que, aunque sea cada vez más difícil de advertir en las instituciones, sigue operando por fortuna mayoritariamente a pie de calle.

Pero como es Navidad, dejémonos llevar por el espíritu de las fiestas y abracemos sin reservas la convicción de que si la UE acepta el encargo, algo positivo vamos a sacar de todo esto. Demos la razón a quienes celebran lo bueno que será a largo plazo que nuestros yonquis de la división hayan por fin aceptado que no pueden seguir metiéndose de todo.

“Hola, somos el presidente y el líder de la oposición y reconocemos que estamos enganchados a la división y al embrutecimiento del discurso político en nuestro país”. Por ahí se empieza, campeones, claro que sí. Habéis sido muy valientes.