El huevo y la gallina de la amnistía

Según el CIS, la amnistía preocupa muy poco a los españoles. Tampoco les quita el sueño la renovación del CGPJ, si España debiera adoptar otra actitud en relación con la crisis del mar Rojo provocada por los hutíes o si está bien que los fondos de inversión, soberanos o no, puedan tomar alegremente posiciones en empresas que operan en sectores considerados estratégicos.

Estos tres sencillos ejemplos sirven para advertir que una cosa es lo que respondan los ciudadanos a una pregunta abierta sobre los asuntos que consideran más preocupantes para su día a día y otra muy distinta que no haya cuestiones de gran trascendencia que merezcan la máxima atención de la clase política y de los medios de comunicación.

La ley que se ha votado este martes en el Congreso supone una disrupción absoluta desde el punto de vista político. Así que diga lo que diga el CIS sobre cuánto preocupa a los españoles, merece seguir captando la atención y el foco del debate partidista y mediático. Otra cosa es que esa discusión, tal y como viene enfocándose desde el principio, resulte productiva y se desarrolle por el cauce de la mínima honestidad intelectual y rigor profesional por parte de los actores que en ella participan. Nos atreveríamos a decir, analizando lo observado hasta la fecha, que lamentablemente no es así.

La amnistía que las Cortes han devuelto a la Comisión es la historia de un despropósito. Debiera serlo, y lo es en muchos casos, también para aquellos que creen sinceramente que una medida similar tarde o temprano debía abordarse.

Comentario igual de severo merece el trabajo de aquellos que se oponen a la medida, ya sea desde el frente estrictamente político o desde otras trincheras, como por ejemplo la judicial.

¿Equidistancia? Llámenlo como quieran. Simplemente, la constatación de que nadie ha puesto de su parte, ni lo hará en un futuro, para que una cuestión tan sensible y trascendente pudiera debatirse con la profundidad y serenidad que merecía para que sus resultados prácticos fueran los que formalmente se pretenden con la iniciativa.

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La amnistía, escrito está en otros artículos, tiene un pecado original imposible de revertir.

No nació de la convicción del PSOE de que este es el camino que más le conviene a España para solucionar un problema endiablado, sino únicamente para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez.

La amnistía como condición de investidura por parte de los que van a ser amnistiados situó desde el primer día esta ley orgánica en la lógica de un mercadeo político que difícilmente podía hallar algún tipo de comprensión más allá de sus impulsores.

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El volantazo de Pedro Sánchez, la aceptación de la narrativa independentista sobre el conflicto, el sinsentido en la diferenciación de terrorismos en la negociación de las enmiendas, etc. forman parte del catálogo de errores de los hacedores del juguete. Habría que añadir, por supuesto, el intento de demonización de los contrarios a la ley, sean la oposición o las voces críticas del PSOE, y el minucioso tejido de una argumentación que pretende convertir en un demócrata más que dudoso a quien demuestre una vehemente oposición a la medida. Este es el principal catálogo de errores, no exhaustivo, de quienes hoy sacarán pecho por la aprobación de la iniciativa.

Aunque deba exigírsele siempre más al Gobierno, lamentablemente la oposición no ha estado mejor. El filibusterismo en el Senado con la modificación exprés del reglamento para retrasar la aprobación definitiva de la ley no es lo más grave, aunque sea censurable. Tampoco el filibusterismo practicado en las instituciones europeas, trasladando fuera de España un debate que debe resolverse en el ámbito de la política y las instituciones domésticas.

Ha sido el exceso dialéctico creciente, clonando la estrategia de Sánchez, pero desde el lado opuesto —en este caso, demócratas los contrarios al texto, antidemócratas los impulsores—, el error más grave de los populares. Una escalada tan desmesurada que a veces ha debido rectificarse, como fue el caso de la acusación al Tribunal Constitucional de ser el “cáncer del Estado de derecho” por parte de Esteban González Pons. O, frivolidad por frivolidad, cuando en el último tramo del debate la derecha se ha sumado al baile del terrorismo aprovechando la música que empezó a interpretar el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en su particular juego del gato y el ratón con los redactores de la ley de amnistía.

Este último punto nos sitúa fuera de la política. Y es que de algunos jueces —el ya mencionado o el del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que ayer prorrogaba por seis meses la instrucción de la trama rusa del proceso— también puede escribirse a estas alturas del guion que no pasan la prueba del algodón. En su caso, la prueba del algodón es únicamente tener la certeza de que su ánimo es únicamente el de impartir justicia sin ánimo de interferir o contraprogramar a la carta con sus decisiones la labor de los otros poderes. No ayuda a confiar en la Justicia que las decisiones de los magistrados se tomen a rebufo de cómo va evolucionando el redactado de una ley para poder dejarla sin efecto.

Se dirá, y es cierto, que tampoco es de recibo que una ley se redacte en comandita por quienes van a ser amnistiados mirando de reojo las decisiones judiciales que se anuncian o se temen. Esto abre la puerta a la irresoluble cuestión de si primero es el huevo o la gallina. Una pregunta que no lleva a ninguna parte. Sí lleva a algún sitio, en cambio, recordar alguna verdad del barquero. Como esta: el Parlamento hace las leyes y los jueces, con más o menos gusto, las aplican; no las boicotean ni las combaten. Porque para hacer eso ya está en el plano político la oposición. Y una vez aprobadas, el mecanismo de validación para garantizar que se ajustan a nuestra ley fundamental es a través del Tribunal Constitucional, siempre que no creamos que es el cáncer del Estado de derecho, claro.

El Parlamento hace las leyes y los jueces las aplican; no las boicotean ni las combaten

En resumidas cuentas, ni la gestación, ni el proceso de redactado, ni la forma de oponerse a la ley por parte de sus contrarios, ni los intentos de invalidar sus efectos desde fuera del tablero estrictamente político han estado a la altura del momento. Ni uno solo de los actores ha sabido obligarse a pensar y actuar institucionalmente y en favor del interés de todos. Ni para promoverla y defenderla, ni para combatirla. Un muy deficiente generalizado. Con independencia de si primero fue el huevo o la gallina.