La pertinaz sequía, la pertinaz dejadez política

Cataluña decretó ayer la emergencia por sequía, que afecta a un total de seis millones de habitantes, del total de ocho con los que cuenta la comunidad. Tres años llevamos los catalanes mirando al cielo. En otros tiempos, procesionarían desde hace meses todos los santos y se escucharían a todas horas rezos y plegarias en cualquier rincón. Todavía en 2008, el entonces consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, el izquierdista Francesc Baltasar, peregrinó a Montserrat para pedir lluvia a la Virgen en uno de los episodios más grotescos protagonizados por el tripartito que gobernaba entonces. Resultaba ridículo no porque un consejero se encomendase al entorno más cercano del altísimo, sino más bien porque ese hombre, como buen descreído, no profesaba fe alguna.

Han pasado 16 años desde entonces. Como Cataluña no se ha movido de su posición en el mapa, las condiciones climáticas siguen siendo las mismas que entonces. Cuando aquel episodio de sequía finalizó, lo único que podía darse por cierto es que más pronto que tarde llegaría otro. Caprichos de la cuenca mediterránea. Es más, por aquellos años los tambores que anunciaban episodios más recurrentes e intensos de escasez de lluvias vinculados al cambio climático ya se hacían escuchar con fuerza y la Administración parecía creérselos.

Pero la sequía es como el hambre. Uno solo se acuerda de ella cuando tiene el estómago vacío. Así que Cataluña caminó decidida hacia el legendario proceso de independencia. De tal suerte que todo lo que no fuera eso no tenía prioridad alguna y podía acumular polvo en el cajón del olvido. De añadido, la Agencia Catalana del Agua entró en quiebra técnica. La mala gestión se vio agravada por los recortes impuestos por Bruselas por la doble crisis económica, financiera y del euro. La tormenta perfecta, aunque sin agua.

El ejemplo catalán, exportable a casi cualquier lugar donde la escasez de agua sea un problema recurrente, demuestra que es incompleto referirse a la pertinaz sequía, utilizando la terminología que universalizó en su día el NO-DO, sin añadirle una coletilla referida a la también pertinaz dejadez política que agrava sus consecuencias.

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La Generalitat de Cataluña, aunque su actuación no difiera del resto de territorios de España, no ha sido nada diligente en esta cuestión. Y no lo ha sido porque el rédito político de las inversiones en infraestructuras hidráulicas solo se alcanza en el largo plazo, exige tomar decisiones que provocan contestación social en algunos territorios y también una planificación meticulosa que no está al alcance de gobiernos que se nutren únicamente de titulares fáciles.

En todos estos años, solo ha funcionado de verdad el compromiso ciudadano con el ahorro de agua. En Cataluña se consume una media de 117 litros por habitante y día. No es una cifra que quede lejos de los 100 litros diarios que la Organización Mundial de la Salud recomienda para garantizar las necesidades de consumo e higiene. El ciudadano ha hecho —en términos generales— su trabajo y ha acentuado su actitud responsable hacia el consumo de agua. Pero la Administración y la política no. La culpa es tan compartida que se hace difícil pasarle el cobro de la factura a una formación política en concreto. Pero es a las siglas independentistas a las que hay que señalar con mayor descaro, puesto que llevan gobernando ininterrumpidamente, ahora unos, ahora otros, separados o en comandita, desde 2011.

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La sequía pasará, aunque no sepamos cuándo, al igual que también pasaron las anteriores. Solo que hasta que eso suceda todavía pueden agravarse las restricciones si en tres meses las lluvias no son lo suficientemente generosas. Los planes para transportar agua a Barcelona en barco, como medida de emergencia, serán parches necesarios para capear el mientras tanto.

Pero lo grave es que se mantiene la parálisis en las actuaciones a largo plazo que deberían servir para paliar, no las consecuencias de esta sequía, sino las de la próxima. Por ejemplo, decisiones sobre el excedente de agua trasvasada del Ebro a Tarragona, para que el sobrante pueda utilizarse en Barcelona, siguen sin tomarse por temor a la reacción del votante de las tierras del Ebro a un año de las elecciones catalanas. Igual puede decirse de la modernización de los sistemas de medición del consumo, las inversiones para optimizar las infraestructuras existentes y evitar la pérdida continuada agua y un larguísimo etcétera de actuaciones públicas y privadas que merecerían la atención obsesiva de los responsables políticos más allá de la coyuntura política del presente.

Nada puede decirse de los gobiernos porque no llueva durante tres años. Pero sí puede y debe afeárseles la pertinaz dejadez que viene acompañando su labor en una cuestión tan relevante para el ciudadano, el sector primario y el sector industrial. Lamentablemente, no hay motivo para pensar que esta vez aprenderemos la lección. Los estropicios de la sequía provocados por la mala política tienden a amnistiarse casi sin ruido en cuanto descargan unos nubarrones. Entonces sacamos el paraguas, nos quejamos del tiempo lluvioso y hasta la próxima. Mucho nos tememos que en esta ocasión nada vaya a ser diferente.