La derechización de Junts y la legislatura del susto o muerte

A Junts, en particular a su secretario general, Jordi Turull, le agrada negociar con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En cambio, a los de Carles Puigdemont se les hace más difícil trabajar con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Los independentistas han llegado a la conclusión de que del primero pueden fiarse, mientras que el segundo les genera un poso de desconfianza que entorpece el diálogo entre ambas formaciones políticas. Como ambos negociadores responden ante Pedro Sánchez, es de suponer que estamos ante el clásico reparto de roles. A Cerdán, en nombre del PSOE, le ha tocado un papel más sumiso y comprensivo con las exigencias de Junts. Mientras que a Bolaños, amparado por la mayor severidad que exige el Gobierno, el guion le reserva el de hombre de leyes más rocoso en sus posiciones. Poli bueno, poli malo.

Ayer se acabó el paréntesis de silencio ante la opinión pública que ambos partidos habían abierto desde que Junts votó en contra de la ley de amnistía en el Congreso. Reunión a cuatro en Barcelona. En el equipo local, Jodi Turull y Míriam Nogueras, la jefa de filas de los junteros en Madrid, y en el equipo visitante, Félix Bolaños y Santos Cerdán. El encuentro, tal y como ya esperaban las partes, no fue provechoso. Una reunión para escenificar la distancia. A tres días de las elecciones gallegas, no podía esperarse otra cosa. Cada uno a lo suyo y ya seguiremos hablando.

Formalmente, las posiciones son las de partida. Junts exige cambios para votar a favor de la ley y el PSOE, junto a su socio de gobierno, Sumar, y los socios del Congreso —en especial ERC— demandan que la ley se apruebe como está. Ayer, los republicanos utilizaron a su consejero de Bienestar Social, el exconvergente Carles Campuzano (quizá con la esperanza de que lo escuchasen sus amigos y excompañeros de su anterior familia política), para explicar que el Gobierno del PSOE está dispuesto a indultar a cualquier independentista que quede fuera de la amnistía. La presión sobre Junts es coral y abraza a toda la coalición de investidura.

La ventaja negociadora de Junts es la fama de imprevisible y temerario de Carles Puigdemont. La marca de su líder se ha construido viviendo políticamente al límite. De tal forma que por mucho que todos los análisis apunten a que el expresidente de la Generalitat no tiene incentivo alguno para no acabar votando favorablemente la ley, aun sin arrancar más concesiones, su histórico de decisiones siempre hace temer que situado otra vez ante el precipicio escoja arrojarse de nuevo al vacío.

La vehemencia de algunos de sus lugartenientes, como Míriam Nogueras, ya sea en público o en negociaciones como la de ayer, hace todavía más creíble cualquier amenaza. De ahí que a estas horas, por mucho que el Gobierno y el PSOE mantengan en público la convicción de que la ley saldrá adelante, no puedan evitar el gusanillo de la incerteza en el estómago: ¿y si van en serio?

Saben que están en manos de un hombre que entiende la política de un modo muy particular. Y que no atiende a razones ni de los suyos cuando cree que debe tomar una decisión y no otra. El mejor ejemplo del periodo reciente es cuando forzó la salida de Junts del Gobierno de la Generalitat, en contra de la opinión de la gran mayoría de cuadros de la formación.

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Entonces, ¿qué sucederá con la amnistía? Todo indica que Junts llevará la negociación tan lejos como pueda. Pero que acabará dando su brazo a torcer. Tiene ya una salida argumental razonable. Consiste en insistir, cuando llegue el momento, en la idea de que ha intentado por todos los medios mejorar la ley y que otros (ERC) se rindieron antes y sin plantar batalla. Eso, acompañado de algún ajuste formalista, debería ser suficiente. Siempre hay que intentar quedar mejor que ERC. Pero es que, además, Puigdemont debe calibrar el grado de enfado y desafección hacia su persona que un voto negativo tendría en sus propias filas. Porque esta vez haría daño a mucha gente. Sin ir más lejos, los avales de la Generalitat de las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas —entre ellos, a Artur Mas— decaerán en cuando este tribunal diga su última palabra. Escribimos el nombre de Mas por su notoriedad, pero son muchos los simpatizantes o militantes de Junts con complicaciones con la Justicia. Eso y que Junts no quiere cargarse la legislatura son elementos que empujan irremediablemente hacia el sí.

Pero hay vida más allá de la amnistía. Junts sigue acentuando poco a poco su giro a la derecha, aunque en Cataluña nadie acepta con naturalidad esta denominación. Ayer impuso a ERC como condición para hablar de presupuestos la eliminación del impuesto de sucesiones, la deflactación de todos los tramos del IRPF en el tramo autonómico y la creación de una unidad policial específica de los Mossos d’Esquadra para combatir la okupación. Menos impuestos y okupas. Hace un mes, ya insistió en la cuestión migratoria. Los junteros van animándose con una agenda política que, con las elecciones catalanas a un año vista, no pondrá nada fácil al binomio PSOE-Sumar su agenda progresista.

La amnistía solo es el primero del tren de los desencuentros en esta legislatura de susto o muerte.