Si en Catalunya no hubo terrorismo, ¿cómo puede ser Puigdemont un terrorista?

La Sala de lo Penal del TS sube su apuesta contra la ley de amnistía declarándose competente y dando luz verde por unanimidad a la apertura de causa para investigar primero, y enjuiciar si llega el caso, a Carles Puigdemont por terrorismo.

Se impone definitivamente la plantilla vasca para combatir judicialmente al independentismo catalán. La legislación y la práctica jurídica que en su día sirvió para asfixiar los entornos de apoyo ciudadano a los asesinos etarras se usa ahora para evitar que Carles Puigdemont se beneficie de la aprobación de la amnistía si finalmente el Congreso valida esa iniciativa legal.

Sabemos, juristas y no, que las leyes pueden estirarse, encogerse y volverse de una cara o del revés. Así que no hay nada que añadir a la justificación técnico-jurídica que el TS utiliza para tomar esta decisión. Con dos salvedades: que en Catalunya no ha habido terrorismo y que Carles Puigdemont, del que pueden decirse muchas cosas pero no todas, no es un terrorista.

A Pedro Sánchez se le vio el truco con la investidura. La amnistía era a cambio de mantenerse en la presidencia del Gobierno, no porque el PSOE viese la luz de un día para otro y la considerase imprescindible para fortalecer la convivencia en Catalunya.

Ahora a quien se le ve el truco es al Tribunal Supremo, y eso no lo cambia la unanimidad. Somos ya mayores para creer en el Ratoncito Pérez, en los Reyes Magos y en según qué casualidades.

Que la causa dormida de Tsunami Democràtic haya despertado en el momento oportuno en las manos del juez García Castellón y que este la haya redirigido hacia las acusaciones de terrorismo justamente ahora, cuando los hechos se remontan a 2019, no es casual. Se trata de dejar a Carles Puigdemont fuera del alcance de la amnistía que sigue negociándose en el Congreso. Objetivo cumplido.

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Pero nada sale gratis. Si la amnistía a cambio de una investidura ha generado costes en forma de pérdida de credibilidad para Pedro Sánchez, una acusación de terrorismo donde no lo ha habido sólo puede sustentarse también a través de un precio similar para la credibilidad del TS.

¿Sánchez quería ser presidente a cualquier precio? Eso es lo que trasladó, efectivamente, la negociación con Junts y las cesiones que el PSOE convino.

Pero, y ahora, ¿El TS quiere evitar, aunque para ello deba realizar las piruetas argumentales más sofisticadas, que Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía? Eso parece también.

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Y de ser así, estamos ante una muy mala noticia. Porque el TS no está para enmendar la plana al legislativo, ni para centrarse en obsesiones personales por muy comprensibles que estas pueden resultar. Ni para hacer justicia a través de la injusticia, añadiríamos.

Imposible no pensar en la frase de José María Aznar pronunciada el 2 de noviembre del pasado año en el máster de acción política del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria. Dijo el expresidente refiriéndose a la forma de combatir los pactos de Sánchez con los independentistas concretados en la ley de amnistía: “El que pueda hablar que hable, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover, que se mueva”. Pues bien, el TS es de los que podían aportar y moverse. Y lo ha hecho.

Los pactos de Sánchez pueden gustar más, menos o nada. Es entendible, basta con saber calzarse los zapatos de los demás, que parte de la ciudadanía española los considere un fraude moral o una estafa política. Por eso se entiende perfectamente y es totalmente legítimo que el combate político sea intensísimo, crispado y que la tensión se haya disparado hasta límites difíciles de digerir en algunos momentos. Pero es una guerra política que debe librarse políticamente y entre políticos.

La decisión del TS, aunque sea unánime, empuja a creer que la justicia ha decidido tomar partido en esa batalla política. Y que no está dispuesta a aceptar las decisiones provenientes de los otros poderes, aunque para ello deba obligarse a realizar la vertical puente más extraña.

En Catalunya pasaron cosas muy graves en 2017. También en 2019, con la respuesta a la sentencia del proceso que ahora da pie a esas investigaciones por un terrorismo inexistente. No, no hubo terrorismo y por tanto no puede haber terroristas.

Salvo que todo pueda ser catalogado como tal a condición de que las circunstancias así lo aconsejen. Sólo bajo esa condición -que todo pueda ser terrorismo- tiene sentido la decisión del TS. Creíamos que dar luz verde en su día a leyes que flexibilizaban la definición del terror para acabar con ETA serviría para poner fin a la actividad de esos criminales. Y así fue.

El objetivo final no es castigar un terrorismo inexistente, sino evitar que Puigdemont se vaya de rositas y afear a Sánchez sus pactos

Pero ahora vemos que esa experiencia sirve también para colocar bajo el mismo paraguas protestas vehementes que, aun pudiendo ser merecedoras de castigo penal, no son ni de lejos terrorismo. Pero da igual. Porque el objetivo final no es castigar un terrorismo inexistente, sino evitar que Carles Puigdemont se vaya de rositas y afearle a Sánchez sus pactos de investidura. Uno comprende que el TS pueda sentirse humillado por algunas decisiones políticas, pero la respuesta no es fantasear sobre lo que ocurrió en Catalunya. NO es ese el trabajo que cabe esperar del TS.