El ministro Torres ha de negar o explicar los mensajes con el detenido del caso Koldo

Más pronto que tarde vamos a necesitar un mapa de navegación para manejarnos en el quién es quién y en el quién ha hecho qué del caso que por ahora conocemos como Koldo. La semana pasada la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tomó el relevo del personaje político principal de la serie, José Luis Ábalos, por la derivada balear de la trama. Ayer recogía el testigo Ángel Víctor Torres, ministro de política territorial y memoria democrática, por las informaciones publicadas por El Confidencial, que añaden más elementos de sospecha a los ya conocidos sobre la adjudicación de contratos y licitaciones del gobierno canario cuando era él quien lo presidía.

La lista de secundarios con protagonismo político también ha ido ampliándose con el paso de los días. La lista empieza a ser mareante y la información se nos cae encima en forma de aguacero. Y más allá de las mascarillas y los test, con la trama Koldo han resucitado también viejas cuestiones, como el oscuro episodio de la vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, aterrizando en Barajas en 2020, el generoso rescate por un total de 615 millones de euros de dinero público de Air Europa o, ya puestos, el todavía hoy inexplicable balón de oxígeno de 53 millones de euros de dinero público en préstamos de la SEPI que recibió una hasta entonces desconocida compañía aérea llamada Plus Ultra.

A estas alturas, en conjunto el embrollo es tan fenomenal como inevitable dado el indudable interés informativo de todo cuanto se viene publicando. Los tiempos del periodismo y la política no son los mismos que los de la Justicia, así que la sensación de entropía y caos serán durante un tiempo íntimos compañeros de viaje del caso Koldo. Habrá que vigilar con los empachos y la tentación de desistimiento por agotamiento ante la avalancha de informaciones y armarse de paciencia, porque como todas las tramas de corrupción, ciertas o supuestas, esta también va a ir para largo.

Pero más allá de la instrucción y con independencia de las verdades judiciales que en el futuro a largo plazo acaben fijándose, y también de las responsabilidades políticas que finalmente se determinen, algunas cosas de las que vamos conociendo, aunque sea a través de retales, merecen más y mejores explicaciones.

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Los ingredientes básicos son de sobras conocidos. A través del Ministerio de Fomento, Koldo mediante, se trabajó a destajo para hacer ricos a la facción empresarial de la trama y a cambio se devengaron supuestas comisiones para los participantes. Los compinches ampliaron su radio de acción inicial para ponerse las botas en otras administraciones en las que, como acredita la información de El Confidencial sobre el Gobierno canario, contaron con la colaboración de personajes con una trayectoria administrativa más que dudosa o profesionales entre poco y nada diligentes. Y, por la condición de aforados de algunos personajes, el mismo ministro Torres, hay piezas del puzle que todavía no se nos han dado a conocer y que están siendo omitidas de los paquetes de información que van liberándose.

Todo esto va a necesitar mucha paciencia para separar el grano de la paja. Pero en favor de la transparencia, y sin dejar de lado la presunción de inocencia, lo que sí son exigibles son explicaciones pormenorizadas cada vez que un hecho noticiable aterriza en la opinión pública exponiendo nuevos detalles de gravedad. Este es el caso de lo publicado ayer por este periódico.

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Torres debería darlas de inmediato sobre esas adjudicaciones directas a Eurofins Megalab. No con evasivas y mucho menos con el ventilador de la distracción. Preguntas y respuestas. Y añadir más detalles también a las evasivas e incompletas respuestas que hasta ahora ha dado sobre los otros expedientes que están siendo investigados, ya sea en el marco del caso Koldo o el caso Mascarillas. Expedientes sobre los que, por cierto, ya se ha manifestado también la Intervención General de Canarias alertando de “debilidades legales”. Y por supuesto, Torres debería explicarnos el contenido de las conversaciones que supuestamente mantuvo con uno de los detenidos de la trama Koldo, Ignacio Díaz. Niéguelas o justifíquelas para que podamos entenderlas.

Cada hora que pasa sin dar la cara daña su credibilidad y la del Gobierno que representa ahora. Y alimenta las sospechas sobre el grado de implicación en este feo asunto del Ejecutivo canario que presidió. Tome nota de la comparecencia de la semana pasada de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. No porque eso sirva para dar carpetazo a la cuestión y poder olvidarse de ella. Sencillamente, su obligación es comparecer, no esconderse. Los ciudadanos tenemos derecho a oír por boca del ministro cómo justifica esas contrataciones y qué tipo de supuesto diálogo mantuvo con quien iba a llenarse los bolsillos gracias a su decisión de adjudicarle directamente contratos de provisión de servicios tan sustanciosos y con tanto margen. Ya que llevamos unos días instalados en 2004 a cuenta del 20 aniversario de los atentados del 11-M, recuperemos aquí un eslogan de aquel tiempo: ¡queremos saber!