Ni Sánchez ni Feijóo. Quienes ganan son los españoles

Ha querido la casualidad que los primeros beneficiados de la amnistía, el exconsejero de interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el mosso d'Esquadra que efectuó en Bélgica labores de escolta de Carles Puigdemont, Lluís Escolà, haya coincidido con el pacto entre el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ. Y que se sepa, a esta hora España todavía no ha implosionado ni ha desaparecido. Hay amnistiados, hay acuerdo entre socialistas y populares y, sin embargo, ayer anocheció y hoy ha amanecido. ¡Un mal día para los embajadores del apocalipsis!

No ha ganado Sánchez. Tampoco Feijóo. Los ingentes esfuerzos de las maquinarias de propaganda del PSOE y del PP para arrimar el ascua a su sardina son comprensibles. Pero más allá de las cuitas entre partidos por demostrar que finalmente ha sido el otro el que se ha rendido, lo cierto es que quien mayor beneficio saca del acuerdo es la democracia española.

He revisado la última frase una vez escrita. Para purgarla si releyéndola me parecía un ejercicio de pomposa y cursi grandilocuencia. Pero no es el caso. Y por eso la tecleo una variante con igual significado: quienes ganaron ayer fueron los españoles. Con independencia de que voten a la derecha, a la izquierda, a los ultras de diferente signo o a Perico el de los Palotes. Que nuestros representantes cumplan las leyes que aseguran el buen funcionamiento de los poderes públicos no debiera ser motivo de tanta algarabía. Pero la degradación de la política doméstica es ya de tal calibre que lo que debiéramos considerar ordinario nos parece casi insólito. De ahí tanto aspaviento y tanta satisfacción.

Podemos y Vox, ambos partidarios por diferentes motivos del colapso de las instituciones, daban paradójicamente cuenta de la virtuosidad del acuerdo entre el PSOE y el PP. Lo hacían a través de sus coincidentes y desmesuradas invectivas contra el mismo. Para Vox, Feijóo ha consumado la traición y para Podemos es el PSOE el protagonista de la villanía. La coincidencia argumental de la izquierda y la derecha radical en el menosprecio del acuerdo no lo hace automáticamente bueno, pero sí lo sitúa en un espacio de consenso que, para ser posible, obliga a que todos los participantes ganen y pierdan. Y un buen acuerdo, para serlo, ha de ser un acuerdo posible. Otra cosa son las rendiciones y capitulaciones.

También la resolución de la sala de apelaciones del TSJC amnistiando a Miquel Buch y Lluís Escolà es una buena noticia. No por la extinción definitiva de sus responsabilidades penales por sus actos -eso es positivo únicamente para ellos-, sino por la plena normalidad y naturalidad jurídica con la que se ha tomado la decisión.

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El legislador legisla y la Justicia aplica lo legislado, sin mala fe y sin el ánimo expreso de boicotear el trabajo del primero. La ley de amnistía puede gustar mucho, poco o nada. Pero una vez aprobada, debe aplicarse. Y no es trabajo de los jueces, como algunos pretendían desde diferentes atalayas, reventar los efectos de una ley a través de un exceso de imaginación traducido en un activismo impropio de su actividad.

De ahí que, con independencia de la opinión que merezca la ley, deba considerarse positiva la resolución del TSJC que inaugura el casillero de amnistiados. Como ni Buch ni Escolà son figuras preeminentes del proceso, y además ha coincidido su amnistía con el acuerdo de renovación del CGPJ entre socialistas y populares, no han gozado del protagonismo que sin duda habrían tenido en un día de sequía informativa. Pero la decisión es relevante. Entre otras cosas porque el TSJC se moja en la amnistiabilidad de la malversación al no haber enriquecimiento personal de por medio. Ahora que ya se ha inaugurado el casillero del perdón, es de esperar que la ley se aplique por igual a todos los están en capilla para ser amnistiados. El tiempo de la oposición a la ley ya ha pasado. Ahora solo queda cumplirla y que los ciudadanos premien o castiguen políticamente a sus impulsores cuando llegue el momento.

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Hemos citado ya en alguna ocasión al politólogo Hug Teclo y su obra Pensar Institucionalmente (Paidós, 2010), en la que desarrolla la tesis de que para que las cosas funcionen correctamente basta con que cada uno procure cumplir lo mejor que pueda con sus obligaciones. Es fácil de entender: que los partidos mayoritarios hagan de partidos mayoritarios, los minoritarios de minoritarios, los periodistas de periodistas -no de políticos-, los políticos de políticos -no de periodistas-, los jueces de jueces, etc. Pues bien, ayer daba la impresión de que España pensaba y se comportaba institucionalmente. Fue solo por un día. Pero para no ahorrarnos el gustazo del optimismo añadamos que por algo se empieza.

La nota discordante a ese pensar institucionalmente que, por excepcional, merece ser reseñado, la pondrá de nuevo hoy Cataluña. El presidente del parlamento, Josep Rull, formalizará que no existe candidato de investidura. Ni Salvador Illa (el único con posibilidades reales de ser presidente de la Generalitat), ni Carles Puigdemont han querido dar el paso. El formalismo de Rull se convertirá en un “acto equivalente” a una investidura fallida. De tal manera que empezará a correr el reloj que transcurridos dos meses desembocará automáticamente en una repetición de las elecciones si por el camino nadie es capaz de armar una mayoría suficiente para ser investido presidente de la Generalitat.

Pues bien, lo que hoy sucederá en el Parlament es un fraude político y un menosprecio a las instituciones. Un amaño creativo que favorece el tacticismo político en detrimento del interés general. Lo que debería haber hoy en Cataluña es un acto de investidura que obligase a los candidatos y a los partidos en los que militan a cumplir con sus obligaciones: facilitar un gobierno o impedirlo. ¿Pensar institucionalmente? Será que no. Cada uno a lo suyo.