Menores inmigrantes, una bomba de relojería política y social

Difícil papeleta la que tiene el Gobierno con los menores inmigrantes que se amontonan en Canarias, su principal punto de llegada a España. Pactó Pedro Sánchez con Coalición Canaria el apoyo de esta formación a su investidura a cambio de modificar la ley de extranjería para que pase a ser obligatorio el reparto por todas las CCAA, mediante fórmula acordada, de los menores de edad llegados ilegalmente cuando en Ceuta, Melilla y el Archipiélago se exceda en un 150% su capacidad de acogida. Y el momento de cumplir con lo pactado ha llegado.

Y se avecina tormenta política. Dar rango de norma a lo que ya se viene haciendo de modo opaco y discrecional no es un asunto menor. Repartir menores inmigrantes por toda la geografía española es lo que viene haciéndose desde que España se convirtió en un destino más de los jóvenes norteafricanos y subsaharianos. Solo que hasta ahora esa centrifugación de los menores venía pactándose con las CCAA -u obligándolas- sin que mediara fórmula conocida. Primaban la buena voluntad, la actitud colaborativa y solidaria y, cuando eso no era suficiente, la coerción del estado hacia los niveles de administración autonómica. O directamente las trampas y engaños. Como enviar a la península menores de edad como si fuesen adultos y una vez llegados a la comunidad autónoma de turno volver a contabilizarlos como menores.

Aflorar todo esto a la superficie no va a ser sencillo. Los menores inmigrantes son una bomba de relojería. Tanto en el corto como en el largo plazo. No lo va a tener nada fácil el Gobierno para sacar adelante una reforma legal de este tipo, con independencia de que escoja la reforma de la ley en el Congreso o el decreto ley, que también debería acabar convalidándose.

Los problemas en el corto plazo obedecen a la coyuntura política. Junts ya ha hecho saber que difícilmente aprobará una modificación de la ley de extranjería en esta línea si no se garantiza que Cataluña no entrará en el reparto. La inmigración ya forma parte de la agenda política catalana con letras mayúsculas -como se vio en la última campaña autonómica- y la irrupción en el Parlamento de Aliança Catalana pone aún más el foco en esta cuestión. Y los junteros saben que deben defender ese flanco. En Cataluña, la sensación de inseguridad asociada a la apertura de centros de menores inmigrantes por todo su territorio no ha parado de acrecentarse. Y los buenos resultados de Vox, y ahora también los de Aliança Catalana, no se explican sin el runrún de la correlación existente entre inseguridad ciudadana y menores inmigrantes. Ese es el fondo real de la negativa de Junts y no que esté negociando con el PSOE el traspaso de competencias en materia de inmigración. Cosa por el otro lado cierta, pues así se acordó -al menos de boquilla- cuando los socialistas necesitaron el voto juntero para convalidar los decretos ley ómnibus con los que dio inicio la legislatura. También la Generalitat -y eso quiere decir ERC- ha mostrado, con menos vehemencia, su disconformidad con la reforma propuesta.

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Más allá de la mayoría de la investidura, que queda irremediablemente coja e insuficiente sin Junts, en la derecha tampoco están para prestar mucha ayuda a Pedro Sánchez. Vox ya ha dicho, como era de suponer, que no apoyará la reforma. Pero ha ido más allá para anunciar que si el PP sí lo hace, esta medida sería motivo suficientemente grave para romper los gobiernos autonómicos en los que populares y voxeros gobiernan conjuntamente. El PP, por su parte, apoya la medida en Canarias, pero está por resolver cuál será el posicionamiento del partido a nivel nacional. De entrada, en el linde autonómico, cada territorio tiene libertad para posicionarse. Lo que en la práctica equivale a que la postura mayoritaria entre los conservadores sea el de mostrarse tremendamente reacios, cuando no contrarios.

Pero estos efectos políticos a corto no son nada comparado con el largo plazo. El flujo de menores permanente -opaco y nada transparente en las cifras, como acredita las grandes diferencias entre las que facilitan, por un lado, las CCAA y por el otro la administración del estado- imposibilita en muchos casos una acogida con garantías, por muchos centros y pisos de acogida tutelados que los servicios de atención a la infancia corran a poner en marcha.

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Pero hay algo todavía mucho más grave. Y es que a pesar de que pueda prorrogarse la atención a esos chavales, una vez alcanzan la mayoría de edad -en Cataluña algunos siguen en el programa hasta los 23- lo cierto es que en muchos casos, nada más cumplir los 18, esos jóvenes quedan en la calle sin entorno familiar y sin recursos. Y de ahí a la delincuencia hay muy pocos pasos de distancia. Un caldo de cultivo de lo más propicio para que sigan incrementándose las actitudes hostiles, cuando no directamente racistas, entre una parte de la población y el crecimiento de los discursos políticos marcadamente xenófobos.

La reforma de la ley que proponen el PSOE y CC tiene un trasfondo positivo. Debería acabar con la opacidad y la discrecionalidad en el reparto de los menores inmigrantes y poner fin, gracias a la transparencia, a la sensación de agravio que arrastran algunas comunidades respecto a otras. Pero toda cara tiene cruz. Y en este caso la cruz es muy pesada. Poner luz y taquígrafos en las cifras de materia tan sensible, lejos de propiciar un debate sereno y ordenado, puede ayudar a envenenarlo todavía más. Pero es que además, por muy vistoso que sea lo de Canarias, no es ni de lejos la parte principal del problema de los menores inmigrantes. España entera es un queso gruyer. Canarias solo es un agujero. El más grande quizás, pero solo uno entre muchos. Vox y sus hermanastros -Aliança Catalana- se frotan las manos.