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La memoria de pez y la financiación singular de Cataluña
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Josep Martí Blanch

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La memoria de pez y la financiación singular de Cataluña

Se está abordando con retraso un debate que hace ya una década se consideraba imprescindible. Y eso es positivo

Foto: La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Fernando Villar)
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Fernando Villar)
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Hace ahora una década insignes políticos, columnistas y analistas de toda España, en absoluto sospechosos de compadrear con el nacionalismo catalán y todavía menos con el independentismo, hacían declaraciones y escribían artículos subrayando la necesidad de encauzar un acuerdo que impidiese que las cosas acabasen saliéndose de madre, como desgraciadamente acabó sucediendo. Faltaban todavía tres años para el naufragio colectivo de 2017.

Entre los argumentos que se manejaban en aquellos tiempos desde esa óptica pacificadora destacaban dos en particular. El primero apuntaba al hecho de que quizás el Tribunal Constitucional hubiera ido demasiado lejos con la sentencia que recortaba el Estatuto refrendado por el Parlament, el Congreso y en referéndum por los catalanes.

El segundo daba por buena la afirmación que Cataluña sufría -al igual que Valencia, pongamos por caso- una infrafinanciación crónica y que debía buscarse una solución. El razonamiento lógico que seguía a esos argumentos era que quizás recuperando la integridad del Estatut y garantizando una nueva financiación que mejorase las finanzas de la Generalitat y que se asemejara a lo que Artur Mas había bautizado como “pacto fiscal”, los ánimos se aplacarían y el toro volvería manso al redil.

Pero esas declaraciones, artículos y análisis bienintencionados ya no hacían mella alguna en un independentismo prisionero de su imposible proyecto y que enloquecido había decidido llevar a Cataluña al suicidio político. No había nada de lo que hablar. Comprensiblemente, todo el argumentario contemporizador desapareció de escena a medida que el desastre se acercaba. Después el tsunami y tras él, el lento pasar de los años para dejar de pisar arenas movedizas.

Foto: La vicepresidenta, María Jesús Montero, durante su discurso en el Senado. (Europa Press)

Todo este prólogo viene a cuento para refrescar la memoria ahora que la financiación autonómica de Cataluña se ha convertido en el nuevo apocalipsis patrio que asegura el hundimiento de España tras el pacto ERC-PSC que hizo posible la presidencia de la Generalitat de Salvador Illa a cambio de una financiación “singular”.

Estamos ante el mismo problema que con la amnistía. La vehemencia con la que el PSOE es capaz de negar hoy una idea para defenderla mañana con la misma energía, siempre que la aritmética parlamentaria así lo exija para mantener el poder o seguir agarrado a él.

Foto: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Sergio Pérez) Opinión

Lleva razón quien argumenta que así son las cosas en los sistemas parlamentarios y que las más de las veces, sin los cambios de opinión a los que obliga la necesidad del pacto, no habría manera de formar gobiernos. Pero también la tienen quienes consideran que en el caso del PSOE las concesiones a los independentistas han sido reiteradamente tan sustanciales y estructurales que no queda más remedio que señalar en ese cambio de posición una estafa política en toda regla al electorado. De la vara de medir de cada uno depende donde situar la raya que marca la diferencia entre un cambio de posición razonable -un peaje justo por alcanzar un acuerdo- y una traición a los votantes.

Las críticas al pacto PSC-PSOE-ERC derivan de esa “singularidad” que impusieron los republicanos en su negociación. Y que en al acuerdo de marras se concreta a través de la bilateralidad en las negociaciones con el Estado, la recaudación de todos los impuestos en Cataluña a través de la agencia tributaria, una cuota de solidaridad con el resto de autonomías que respete el principio de ordinalidad -ser más rico antes del reparto no puede convertirte en más pobre una vez éste se ha llevado a cabo-, pagar al Estado por los servicios que este presta en Cataluña y más capacidad normativa para desplegar una política de fiscalidad propia.

Se han desatado todos los demonios. La mayoría de ellos de manera preventiva. Es comprensible que la oposición ponga el grito en el cielo, a fin de cuentas es su trabajo señalar las contradicciones del Gobierno, detectar sus puntos flacos y golpearle duro. También son entendibles las reticencias de muchos socialistas, unos porque han de defender sus propios intereses territoriales y otros porque están convencidos que su jefe de filas, Pedro Sánchez, ha vuelto a comprar el relato independentista. Y entre quienes no militan, pero piensan y opinan desde determinadas posiciones ideológicas, también hay que entender -dada la falta de información concreta- que muestren su preocupación por la supuesta apertura del melón de un federalismo asimétrico o, pecado mayor, una autopista hacia una España confederal. Esto último, dado que los acuerdos entre una comunidad autónoma y el Estado no son entre iguales, digamos que es un imposible. Pero en el ruido cualquier argumentación, por peregrina que sea, acaba por colar entre muchos parroquianos.

Foto: La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Europa Press/Rocío Ruz) Opinión
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Como todo está por negociar, es imposible determinar a estas alturas, no solo cómo será el acuerdo final Gobierno-Generalitat, sino si este llegará a cerrarse. Ayer mismo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reconocía la dificultad del envite, al tiempo que se comprometía a salir airoso de su objetivo honrando el acuerdo firmado con ERC.

En paralelo, Pedro Sánchez, intenta aplacar las iras territoriales, tranquilizar a los suyos y dividir al PP asegurando la cuadratura del círculo con un renovado café para todos en el que habrá más dinero para todas las CCAA. Una especie de milagro del pan y los peces que se suma a los trabalenguas que improvisa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cada vez que le toca defender el acuerdo con ERC. Pero concreto, lo que se dice concreto, nada de nada.

Del fondo, de los detalles que permitirán dar por buenas unas afirmaciones u otras, sabemos entre poco y muy poco. Solo generalidades. Frases que pueden interpretarse en un sentido u otro. Y aunque es comprensible la virulencia de la oposición y el temor de algunos territorios a perder comba en el reparto futuro de los recursos, habrá que ser paciente para advertir por dónde acaba apareciendo la bolita. Entre esos actores también serán claves las comunidades autónomas gobernadas por el PP que comparten las mismas necesidades que Cataluña, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Y también que Núñez Feijóo sea capaz de armar una fórmula alternativa a la que negocien el Gobierno y la Generalitat.

Foto: El primer secretario del PSC, Salvador Illa. (EFE/Andreu Dalmau) Opinión
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Sea como sea, no deberíamos abandonar un mínimo de honestidad en la selección de argumentos para combatir o apoyar lo que se está cociendo. Y no es cierto que se esté rompiendo España o que la ruina vaya a cernirse sobre toda la población española para que en Cataluña puedan atarse los perros con longanizas. Se está abordando con retraso un debate que hace ya una década se consideraba imprescindible. Y eso es positivo. Y se está haciendo en el marco de una negociación y dentro del terreno de juego de la Constitución.

La memoria es siempre corta, por ello el recordatorio de los primeros párrafos. Lo que hubiéramos pagado en vísperas de 2017, unos, otros y los de más allá, por estar negociando este tipo de cosas. Pero una vez salvado un apocalipsis, siempre conviene identificar a otro. No sea que alguien deje de creerse que España se rompe cada día y por una vez nos brindemos la oportunidad de dejar de caminar en círculo.

Hace ahora una década insignes políticos, columnistas y analistas de toda España, en absoluto sospechosos de compadrear con el nacionalismo catalán y todavía menos con el independentismo, hacían declaraciones y escribían artículos subrayando la necesidad de encauzar un acuerdo que impidiese que las cosas acabasen saliéndose de madre, como desgraciadamente acabó sucediendo. Faltaban todavía tres años para el naufragio colectivo de 2017.

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