Culpar al CNI del atentado de las Ramblas

Algo tuvo que ver el CNI con los atentados de la Rambla y Cambrils el 17 de agosto de 2017. Esta es la tesis que parte del independentismo y algunos de sus líderes vienen abonando desde aquella fatídica fecha.

Esta base argumental se presenta en diferentes graduaciones. Desde los perfiles anónimos o de ciudadanos de a pie que consideran que aquel fue un atentado incentivado directamente por el Estado para obligar al independentismo a fijar otra agenda de prioridades en vísperas del referéndum del 1-0, a quienes con cargo político se limitan a sembrar dudas sobre si existió algún tipo de connivencia de los servicios de inteligencia que facilitó que el atentado pudiera producirse.

En todo caso, más explícito o menos, el objetivo es el mismo. Apuntalar la tesis de que algo hubo de extraño en ese atentado. De nada sirve que estemos ante una cosa ya juzgada. La tesis de que esa masacre le convenía a España, de que alguien pensó que políticamente era beneficiosa para acorralar al independentismo, sigue teniendo sus adeptos, algunos de ellos con responsabilidades políticas.

La comisión parlamentaria de estos atentados, que el PSOE accedió a crear en sus pactos de investidura y que ahora toma carrerilla con la aprobación del plan de trabajo, viene empujada por el latiguillo “queremos saber”, abanderado principalmente por Junts.

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Estamos ante una premisa falsa. Porque saber, lo que se dice saber, no se quiere en absoluto. Lo que se desea es un altavoz desde el que volver a reproducir las sospechas sobre los servicios de inteligencia y sembrar dudas sobre la hipotética connivencia del estado en esos atentados. Tesis que el comisario Villarejo ayudó a fortalecer apuntando directamente al CNI como responsable de incentivar la creación de un comando islamista bajo control para asustar a la Generalitat que finalmente “se les fue de las manos”.

No se quiere saber. Y pase lo que pase en la comisión, el mensaje licuado que se va a hacer llegar a las bases independentistas es el que ya vienen recibiendo desde 2017: algo extraño hubo en ese atentado. Da igual que se desclasifique todo o una parte; y también da igual cuál vaya a ser el listado de comparecientes y lo éstos digan.

La conexión entre los servicios de inteligencia y el imán es suficiente para inflar la teoría conspirativa. A partir de ahí, una cuestión de fe

Al igual que sucedió con los atentados de Madrid en 2004, quien quiere aferrarse a una “verdad alternativa” nunca se vence. Y en este caso basta con que el imán que figuraba en la célula terrorista como instigador, Abdelbaki Es Satty, estuviese en el radar del CNI y que agentes del centro lo visitasen reiteradamente cuando cumplía condena, para fijar una relación de causalidad. Si era de los malos y se relacionaba con el CNI, blanco y en botella: a la fuerza algo han de tener que ver los servicios de inteligencia en el atentado. Este es el razonamiento.

Si el juicio no sirvió para acallar a los partidarios de la teoría de la conspiración, menos servirá esta comisión parlamentaria. Incluso, especulando en el terreno de las hipótesis, en el caso de que se acabase reconociendo que hubo fallos de inteligencia y seguridad, al no existir presunción de bondad para el CNI, el discurso político del independentismo podría seguir embarrando. La conexión entre los servicios de inteligencia y el imán es suficiente para inflar la teoría conspirativa. A partir de ahí, todo queda reducido a una cuestión de fe. De querer creer, no de querer saber. La comisión parlamentaria va a dar combustible a los partidarios de la conspiración.

Aprobado el calendario, queda por ver hasta donde llegará el gobierno en la desclasificación de información y cuál será finalmente el listado de comparecientes, del que no se descarta la presencia de agentes operativos del CNI. Pero insistimos, da igual el quién y el qué. La verdad del conspiranoico está decidida de antemano.

Opinión

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El PSOE erró pactando esta comisión y yerra ahora el Gobierno traspasando fronteras que hasta hace unas semanas decía que no iba a traspasar.

Y no porque los servicios de inteligencia deban trabajar con impunidad. Tampoco porque en el caso de cometer errores deban irse de rositas. Hay suficientes mecanismos de control a través del Congreso y también los de adscripción orgánica al Gobierno a través del Ministerio de Defensa, que permiten un control efectivo sobre su labor.

Un control que siempre será mejorable. Ahí está, por ejemplo, la propuesta de modificación de la ley que ha empujado el PNV que, en el caso de lograr un justo equilibrio entre la eficacia que ha de exigirse a unos servicios de inteligencia y la obligación de que todas sus actividades se lleven a cabo con las máximas garantías para el ciudadano, puede resultar de utilidad para mejorar la confianza de la ciudadanía en esta institución.

Pero el objetivo de esta comisión parlamentaria se aleja de todo esto. Sólo pretende alentar nuevamente la teoría de la conspiración. Cosa que, con independencia de lo que se diga y enseñe a sus señorías cuando estas se pongan a trabajar, va a suceder inexorablemente.