Pedro Sánchez suspende como promotor inmobiliario

El presidente del Gobierno no quiere una España de propietarios ricos e inquilinos pobres. La frase, perfecta para los cortes de televisión y ser compartida en redes, la pronunció ayer en Barcelona en respuesta a la manifestación del pasado domingo en Madrid contra el precio de los alquileres.

No solo ese era el objetivo. También quería marcar en positivo la agenda política de una semana en el que el caso Koldo seguirá siendo el combustible principal de la conversación mediática en España. Para ello nada mejor que un anuncio de postín: el anuncio de un fondo de 200 millones de euros para repartir en forma de “bono alquiler” entre los jóvenes españoles. Otro caramelito para repartir entre quienes lo que necesitan es sentarse a la mesa y comer un menú completo. No queremos propietarios ricos, dice Sánchez, pero vamos a financiar los elevados alquileres con dinero público. No es la primera vez, y no será la última, que acabamos en el mismo sitio. Afianzando con el presupuesto público los precios de por sí ya excesivos. Todo con muy buena voluntad. Más voluntad que acierto, añadiríamos. Medida similar la toman también gobiernos de derechas en algunas comunidades autónomas. La imaginación es limitada en todo el arco parlamentario.

Centrados en las políticas de Pedro Sánchez y su Ejecutivo hay que hacer notar que al presidente se le olvida en demasiadas ocasiones que lleva seis años gobernando. Y que durante sus mandatos los precios de la vivienda, tanto la de propiedad como la de alquiler, no han dejado de subir, subir y subir.

También se les olvida a algunos de los manifestantes de Madrid, y en particular a los representantes de la izquierda política, que el problema de la vivienda en la capital de España -con la derecha en el poder- es exactamente el mismo que en Barcelona, donde durante dos mandatos seguidos el ayuntamiento estuvo en manos de Ada Colau, quien llegó al cargo montada en la ola de indignación provocada por las ejecuciones hipotecarias durante la mega crisis de la década pasada.

Opinión

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Algún día aprenderemos a valorar en España las políticas públicas por los resultados y no por las intenciones. Y los resultados después de más de un quinquenio con Pedro Sánchez como presidente marcan un suspenso acusado en el terreno de la vivienda. Dicho de otro modo: en 2024 las cosas están peor que estaban en 2018.

No fue hasta la primavera de 2023, cinco años en el Gobierno, con el poder territorial socialista amenazado por las elecciones autonómicas de esa fecha, que Sánchez se decidió a dar el paso a promotor inmobiliario. Previa aprobación de la ley de vivienda anunció en plena campaña la construcción de 183.000 pisos de protección oficial, de los cuales, a fecha de hoy, se desconoce todavía trazabilidad alguna. El comodín lo utilizó también Salvador Illa la semana pasada en el Parlament de Cataluña, en su caso con el anuncio de 50.000 viviendas para incrementar el parque público en los próximos cinco años. También está por ver la concreción y trazabilidad de este anuncio.

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El bono vivienda anunciado ayer forma parte de la misma lógica de campaña permanente que no obedece a plan alguno. Trabajo apresurado para marcarse un anuncio en el momento oportuno. Pero sin plan, sin estrategia a largo plazo. Mucha telegenia y mucho oportunismo político, como el que ayer tocaba de nuevo.

Mientras tanto, el problema no deja de crecer. Otra vez el ejemplo de Barcelona y Cataluña, lugares pioneros en el control del precio de alquiler. Formalmente, la administración informa de un tenue retroceso en los precios de un 5% tras un año en vigor del control de precios, pero se olvida de explicarnos con el mismo detalle el derrumbe del número de viviendas ofertadas en alquiler por sus propietarios. Se ha estrangulado la oferta y se han firmado un 20% menos de contratos. Un desastre en el suma y resta. Es más difícil que hace un año encontrar un lugar en el que vivir.

El bono alquiler anunciado ayer por el presidente del Gobierno es, en cierto modo, una rendición. No cumple con las justas exigencias de los manifestantes del pasado domingo. Una ayuda temporal para pagar el alquiler no equivale a una disminución de su precio, sino a un compartir gastos temporalmente con la administración. Eso por no olvidar que la problemática no afecta solo a los jóvenes, pues son muchos los que ya han abandonado ese grupo de edad y siguen -y así será por el resto de sus vidas- sin poder acceder a una vivienda en propiedad. Parche sobre parche hasta el parche final, eso es la política de vivienda en España.

El problema no solo existe, sino que es acuciante. Vamos tarde y mal. La peor combinación posible para el futuro de la cohesión social y la vida digna de las personas es la que, lamentablemente, afecta en España a cada vez más personas: salarios bajos y precios de la vivienda por las nubes. Ninguno de los dos problemas tiene fácil solución. Pero lo que no puede Sánchez es discursearnos como si cada día fuera su primer día como presidente del Gobierno. Un chiste fácil: en la URSS de los planes quinquenales ya lo habrían depurado. Incluso concediéndole un año de prórroga, porque el suyo ya es un plan sexenal.