10.400 inmigrantes muertos. ¿Es usted el culpable?

La organización Ca-minando Fronteras presentó ayer el informe 'Monitoreo del Derecho a la Vida-2024'. Del trabajo se desprende que 10.400 personas han muerto intentando alcanzar las fronteras españolas en 2024. Por otra parte, y según los datos del Ministerio del Interior, actualizados quincenalmente hasta el pasado 15 de diciembre, la cifra oficial de inmigrantes ilegales llegados a España durante el año que está por cerrar alcanzó hasta el 15 de diciembre los 60.216 individuos.

De ser ciertas ambas cifras, el resultado da escalofríos: el 15% de quienes intentan cruzar la frontera de un modo ilícito pierden la vida por el camino. Utilizar el condicional para advertir sobre la fiabilidad de las cifras es necesario. Ni las oficiales del Ministerio del Interior, ni las de Ca-minando Fronteras ofrecen garantías suficientes. Aun así, y aunque su único valor sea estimativo, el trabajo de Ca-minando Fronteras remueve a la fuerza la conciencia. Cosa distinta es que sea obligado darle a la entidad la razón en todo simplemente por el hecho de estar al servicio de una buena causa.

Más allá de las cifras y las propuestas de titulares que la propia ONG ha sugerido en su dosier para facilitar el cortar-pegar por parte de los medios de comunicación, hay un elemento de fondo en el informe que llama profundamente la atención.

Y es el señalamiento a España y a Europa como responsables de todos estos cadáveres que en su mayoría se ha tragado el Atlántico, y en menor medida el Mediterráneo, durante 2024.

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Muchas de ellas se habrían evitado, viene a decir el informe, si los españoles y los europeos nos tomásemos más en serio el necesario deber de socorro en el mar.

Con otras palabras, pero con igual claridad, lo que se afirma es que la negación de auxilio en el mar o las trabas para prestarlo se han convertido en un mecanismo de control de los flujos migratorios. El mensaje es que no matamos a esas personas con nuestras propias manos, pero sí somos los responsables de sus muertes. Nada diferente a lo que de modo recurrente escuchamos por boca de otras ONG dedicadas al salvamento marítimo.

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No se acusa a los ciudadanos, claro. Se señala a los Gobiernos, a los políticos, a las administraciones. Pero como las políticas que fijan los Ejecutivos -sea el comunitario, sean los estatales- vienen motivadas principalmente por las decisiones de los votantes y por las encuestas de opinión entre ciudadanos como usted y como yo, nadie puede irse de rositas ante estas acusaciones tan severas: ¡somos culpables!

Nada o casi nada sobre la corrupción en los países de origen de los inmigrantes, de las mafias de tratas de personas, del efectivo control de fronteras que también en los lugares de salida de las embarcaciones ilegales debiera existir o del necesario socorro que esos países también están obligados a prestar.

Los muertos, a tenor de cómo se presenta la información, son únicamente culpa del rico Occidente que no destina suficientes recursos a salvar vidas y que tampoco moviliza con agilidad y diligencia aquellos de los que ya dispone porque echa mano de la cicatería como control de fronteras, aunque sea con resultado de muerte. Es un planteamiento en exceso caricaturesco e ideologizado para una cuestión tan seria que está marcando la agenda política de todo el continente europeo.

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El informe de Ca-minando Fronteras obliga a enfrentarse a algunas contradicciones de índole muy práctica que resulta imposible pasar por alto a estas alturas. Contradicciones que no son tenidas en cuenta por parte las ONG dedicadas a trabajar en favor de la inmigración.

La principal es de sobra conocida. Las sociedades europeas, también la española, son cada vez más vehementes a la hora de expresar políticamente su rechazo a la inmigración, en especial la ilegal. Como muestra el botón del reparto de los menores inmigrantes llegados al archipiélago canario entre las diferentes comunidades autónomas y las consecuencias políticas que ya ha tenido y sigue teniendo el asunto. Los que hablan y discuten son políticos. Pero lo hacen en nombre de los votos que tienen detrás y de los que aspiran a tener. En estas circunstancias, equiparables a las de Italia u otros países, ¿cómo puede practicar un estado una política más amable y proactiva en las fronteras marítimas?

Hace unos días la Justicia italiana absolvía a Matteo Salvini por el conflicto que mantuvo en 2019 con Open Arms al impedir que un barco de esa organización cargado con inmigrantes rescatados en el mar atracase en el puerto de Lampedusa. No hay delito, han dicho los jueces.

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Salvini, de la Lega, comparte con la primera ministra italiana de los Fratelli, Giorgia Meloni, la convicción de que las ONG que trabajan en el ámbito del salvamento marítimo favorecen la trata de humanos y la inmigración ilegal, aunque actúen desde la buena intención. Su mensaje es que sin facilidades, ni en el salvamento, ni en la acogida, se desincentiva la salida al mar de embarcaciones dedicadas a la inmigración ilegal. No es este un pensamiento nada marginal. Tampoco en España.

Todos los muertos, del primero al último de esos 10.400, tienen nombre, apellido, familia, ilusiones. Cada vida hundida en el mar es una pérdida irreparable.

Pero la cuestión es hasta qué punto España es responsable de que eso ocurra. Y si no tiene derecho un país a ejercer un control lo más efectivo posible de las fronteras para eliminar los incentivos de la inmigración ilegal y de las mafias que a su amparo se dedican a la trata de personas.

Asusta la magnitud del problema. Pero asusta también el polvorín de las opiniones públicas y el efecto que sigue teniendo en ellas la importación de ingentes bolsas de pobreza de otras partes del mundo que no hay posibilidad material de integrar a la velocidad y con el éxito que sería necesario. Y no, no somos culpables de todos los problemas del mundo.