Sánchez gobierna desde 2018 y el problema de la vivienda ha ido a peor

¿Problemas de acceso a la vivienda? Los hay. Gravísimos. Tanto en el mercado de compra -un porcentaje cada vez mayor de españoles están excluidos de esta posibilidad- como en el de alquiler. Y aun así, todo parece indicar que no hemos alcanzado ni de lejos el umbral de dolor que estamos condenados a soportar en esta cuestión, sea en el corto o en el largo plazo.

Ante cada discurso de Pedro Sánchez sobre vivienda, ayer nuevamente una puesta en escena para anunciar medidas -unas ya escuchadas, otras nuevas, la mayoría todavía inconcretas-, lo primero que hay que anotar, aunque resulte obvio, es que el Ejecutivo va muy por detrás de la realidad. Sánchez es presidente desde 2018, por mucha que sea su capacidad de rebautizarse como recién llegado ante cualquier problema estructural del país que gobierna desde hace más de un lustro.

No fue hasta 2023, durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas y locales de ese año, que la vivienda adquirió protagonismo en el capítulo de las promesas presidenciales. Desde esa fecha, periódicamente, hemos asistido a performances repetitivas sobre medidas de excepción para atajar esta crisis. Pero lo cierto es que deberíamos estar ya haciendo balance de los resultados obtenidos durante sus mandatos y, en cambio, lo que se nos plantea paradójicamente son las promesas de alguien que pretende hacerse pasar por un recién llegado. Como no hay nada de lo que sacar pecho, más que del agravamiento exponencial de la situación desde 2018, debemos conformarnos con nuevas puestas en escena que buscan sin disimulo poner el cronómetro de la responsabilidad a cero.

La tormenta va a seguir arreciando. En lo inmediato basta con repasar los incrementos de precio que desde las fuentes más diversas se han proyectado, tanto para la compra como para el alquiler, para el mercado inmobiliario en 2025. Y en lo que al largo plazo se refiere, es oportuno recuperar la proyección demográfica que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado mes de junio para el periodo 2024-2039. En ese documento podía leerse que el número de hogares en España pasará de los 20 millones actuales hasta un total de casi 24 millones a causa de la inmigración y el modo de vida de la sociedad actual (más hogares unipersonales). Dado que el número de casas construidas cada año en España se ha estabilizado alrededor de las 90.000 unidades, resulta bastante fácil echar cuentas sobre el déficit de vivienda que se nos viene encima de confirmarse la proyección estadística oficial. Eso quiere decir, se quiera o no, precios continuamente al alza.

Sánchez, como buen estratega, lee bien que la preocupación por la vivienda es transversal y rebasa el eje tradicional derecha-izquierda. Por eso bautiza conscientemente su batería de medidas como una intervención, sabedor de que la bolsa de ciudadanos que la considera necesaria no deja de ir en aumento. Sólo que llega tarde, se repite y es inconcreto. Añadan que no tiene mayoría parlamentaria para hacer todo lo que se propone.

Entre la batería de medidas anunciada ayer, las hay que tienen todo el sentido. Que el dinero de la administración invertido en la promoción de vivienda protegida, sea de alquiler o de propiedad, sirva para la creación -por acumulación- de un gran parque público que no pueda acabar operando en el libre mercado es, vista la experiencia, imprescindible. Además, es la única medida realmente efectiva, solo que únicamente en el larguísimo plazo. Pero ese anuncio es ya la tercera vez que se escucha. Lo que empieza a ser urgente es que ese parque inmobiliario empiece a crecer y que con transparencia pueda hacerse un seguimiento en tiempo real de su evolución. Sobran ya los discursos. La futura construcción de una vivienda, anunciada tres veces, sigue siendo una sola vivienda.

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Otras medidas buscan, más que un impacto real en el mercado, un efecto propagandístico para poder afirmar que se está interviniendo el mercado. Este es el caso de las dificultades anunciadas para desincentivar la compra de vivienda por parte de los extracomunitarios que no tengan fijada su residencia en España. Veremos cómo se concreta esta medida que también firmarían, en formatos todavía más ambiciosos, algunos partidos de la ultraderecha del conglomerado UE.

De lo anunciado ayer nada tiene que ver con disponer de más vivienda la reforma de la fiscalidad de las socimis. Fracasó en el Congreso lo que habían acordado el PSOE y Sumar y ahora se aprovecha la presentación del paquete de medidas de vivienda para darle la razón a Junts y limitar esos beneficios fiscales a las socimis que vehiculen sus inversiones a la construcción y comercialización de vivienda de alquiler y no hacia cualquier otro activo, aunque esté construido con ladrillos. No habrá pues más vivienda, tan sólo se conjura el peligro de que haya menos, que es lo que la reforma fiscal fracasada podía provocar y se pone fin al aprovechamiento, si el Congreso así lo avala, de las ventajas fiscales para negocios vinculados al real estate, pero que nada tienen que ver con la vivienda de alquiler.

De lo anunciado por Sánchez, tiene también sentido que el trato a los pisos turísticos sea el equivalente a cualquier otro negocio convencional, pues eso es lo que han acabado siendo. Golpearlos en la fiscalidad para hacerlos menos competitivos y atractivos como inversión es una medida que se antoja razonable, particularmente por el impacto que puedan tener en las grandes ciudades. Barcelona, de hecho, ya ha anunciado su intención de acabar con todos ellos.

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La promesa de Sánchez de exenciones fiscales a los propietarios que pongan en alquiler una vivienda a precio asequible, un eufemismo para referirse a por debajo del precio de mercado, tendrá un recorrido limitado por el debilitamiento progresivo que ha sufrido, y sigue sufriendo, la confianza en un marco jurídico que sigue premiando a quienes no cumplen con sus obligaciones de pago y a la ocupación. La seguridad de cobro que el presidente pretende garantizar a través de seguros y avales también será a todas luces insuficiente para movilizar nueva vivienda en el mercado de alquiler hasta que en España no se recupere discursiva y jurídicamente la idea de que el propietario tiene derecho a recuperar el uso de su vivienda de inmediato ante el incumplimiento de las obligaciones de pago o la ocupación.

Donde más entusiasta se mostró el presidente es en las virtudes de la intervención de precios del mercado de alquiler. Le sirve esta idea, sobre todo, para confrontar con el PP y las comunidades autónomas en las que gobierna la derecha. Pero desbarra el presidente con su optimismo y en la afirmación tajante de que la evidencia empírica le está dando la razón.

En Catalunya, la comunidad que aplica el tope, tras seis meses de entrada en vigor de la ley de la vivienda, no hay motivos para mostrarse tan optimista. Se ha reducido el parque de vivienda de alquiler disponible y se han firmado menos contratos. Los expertos pronostican la consolidación de efectos no deseados de la norma que ya se están haciendo visibles: más alquiler de temporada, menos pisos en el mercado de alquiler por retirada o venta de estos y aparición de un mercado no publicitado en el que la norma no se aplica. Más allá de nuestras fronteras, como ha señalado en diferentes publicaciones el Instituto Ostrom, la casuística tampoco permite lanzar las campanas al vuelo, en contra de lo afirmado ayer por Pedro Sánchez.

Sobra gesticulación y palabrería. El problema es tan grave y las soluciones efectivas requieren tanto tiempo que cualquiera que pretenda erigirse en un salvador acabará ardiendo en su propio discurso, pues va a llegar a las elecciones sin poder presentar resultados tangibles que le avalen. Sobra también confrontación. Sánchez tuvo ayer mucho interés en situar sus propuestas en el terreno de lo salvífico y las del PP, presentadas el sábado, en el ámbito de lo demoníaco y especulador. En cambio, algunas medidas de los populares para que se construya más, con menos trabas y mayor celeridad, son igualmente necesarias. Como lo son también, además de justas, las propuestas de la derecha encaminadas a aligerar la carga tributaria de la adquisición de vivienda para las generaciones más jóvenes. Un gran pacto de estado por la vivienda, que superase maniqueísmos ideológicos de uno y otro bando es algo inimaginable, pero sería ciertamente conveniente.

Lo único que podrá hacerse en el corto y medio plazo es aligerar, y ya veremos si se consigue, un poco la sintomatología de una enfermedad que va a estar en nuestro cuerpo social durante muchos años. Es el precio que pagar por no haber tenido política alguna de vivienda -desde la perspectiva de la necesidad ciudadana- durante decenios. Esto vale tanto para el PSOE como para el PP. Está bien que para ambos sea ahora una prioridad. Pero les conviene, sobre todo al Gobierno, ser prudentes en las expectativas. Más cuando sabes que, por muy ingeniosos que sean tus discursos, la realidad va a seguir empeorando.