La mentira como estrategia política

Hay un elemento consustancial a la política que no es para nada agradable asumir: la universal y descarnada toma de conciencia por parte de quien se dedica a ella de que puede mentir impunemente. Por lo común a esa convicción se llega pronto por la necesidad de utilizar la patraña en beneficio propio. No obstante, sucede que como para algunos resulta incómodo vivir con la conciencia mancillada por el uso y abuso del embuste, algunos troleros necesitan en ocasiones una coartada que les ayude a serenar su alma.

Este artificio mental es el que conduce a creer que se falta a la verdad por el bien del ciudadano. Razonando así, el mentiroso acaba creyendo que sus engaños evitan males mayores, permitiéndole alcanzar los supuestamente efectos benéficos del proyecto político que él representa. Lo dejó escrito Hannah Arendt, cuando sentenció que la política es el lugar privilegiado de la mentira, en la medida en que se considera un instrumento necesario y legítimo. Pero no todo el mundo necesita de este gel de árnica para estar en paz consigo mismo. Quien ejerce el oficio desde una naturaleza totalmente cínica disfruta sin más del embuste, igual que el cerdo lo hace del lodo. Y los hay a montones.

La debacle parlamentaria del Gobierno el pasado miércoles ha empujado voluntariamente a Pedro Sánchez a utilizar abiertamente la mentira como herramienta política para ganar una batalla por el relato sobre quién es el culpable del riesgo de que las pensiones no se revaloricen y se encarezcan los títulos de transporte público. Esta expresión, “la batalla por el relato”, es uno de los múltiples cánceres que carcomen por dentro a las democracias. No por su existencia, pues la “batalla por el relato” nació con la política, sino por haber dejado de ser un condimento para pasar a ser su ingrediente principal.

Vayamos a la bola que pretende convertir en verdad el Ejecutivo: el PP y Junts han impedido la subida de las pensiones y la bonificación del transporte público, negándose a convalidar los reales decretos en los que figuraban tales medidas. Resulta tan pornográficamente falsa la afirmación que por una vez conviene abandonar la siempre aconsejable mesura para referirnos a tal afirmación como lo que es: un infundio.

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Que sepamos, los Gobiernos gobiernan, la oposición combate al que manda y a los no alienados hay que convencerlos para que se sumen a los proyectos del Ejecutivo. Estas son las reglas del juego, salvo que alguien las haya cambiado sin que nos hayamos dado cuenta de ello.

Que Sánchez traslade su incapacidad para armar mayorías en el Congreso al PP y a Junts -que no le garantizó en su día más que la investidura- es el mundo al revés. Pero anotemos que esto en el fondo no reviste gravedad alguna. Forma parte, digámoslo así, de una escenificación sin mayores consecuencias. Culpa tuya, culpa mía. Lo que sea para disimular que te han pintado la cara en el Congreso y que tu Gobierno está en una situación de debilidad indisimulable.

Lo realmente execrable viene luego. Cuando el Gobierno toma como rehenes a los ciudadanos y afirma estar dispuesto a agredir sus intereses con tal de ganar la batalla de la opinión pública. Porque Sánchez puede aprobar cuando quiera esas medidas que han decaído en el Congreso. Tiene el Consejo de Ministros a su disposición para armar nuevos decretos leyes que entrarían en vigor de inmediato y que tendrían garantizada la mayoría para su validación en el Congreso. Basta para ello con que no los plantee como un trágala a quien ha de prestarle su apoyo, como sucedía con los textos que no se aprobaron. En esos redactados, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se pretendía una adhesión acrítica y no negociada a muchas otras medidas.

El relato gubernamental que hubiese sido razonable, y del que no habría nada que decir, pasaba por agredir verbalmente a la oposición y a Junts para, a continuación, asegurar que el Ejecutivo no se quedaría de brazos cruzados y que garantizaba el mantenimiento de las medidas. No se ha escogido ese camino.

Se ha preferido utilizar como rehenes a los ciudadanos. Azuzar el miedo entre los pensionistas y los usuarios del transporte público, convirtiéndolos en prisioneros de una mentira construida en beneficio propio. Es una total falta de respeto al administrado, de quien se intenta sacar ventaja política a través del enredo más procaz.

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Pues será el Gobierno, no la oposición, y tampoco los partidos que pueden o no prestar su apoyo al Ejecutivo, el responsable único de que los españoles paguen más por sus billetes para desplazarse o de la no revalorización de las pensiones. Cosa que por el propio interés del Gobierno no debería suceder. En las batallas por el beneficio de la opinión pública, hay que tener en cuenta los escenarios en el corto y en el largo plazo. En el corto, el Gobierno puede creer que actuando de este modo se alza vencedor. Pero de mantenerse en su posición, debe saber la Moncloa que, una vez diluida la espuma del presente, lo que acaba viendo el ciudadano perjudicado cuando alza la vista es al Gobierno.

No nos cansaremos de repetir, siguiendo las tesis de Hugh Heclo, que las cosas acostumbran a funcionar bien cuando cada uno cumple exactamente con las funciones que se le suponen al puesto que ejerce, según acredita en su tarjeta de visita profesional. Queda claro que no hay Gobierno alguno que pueda hacer bien su trabajo comportándose como la oposición de la oposición. Y es precisamente en eso en lo que se ejercita Pedro Sánchez a diario. En ocasiones a través de inofensivos argumentarios, pero en otras utilizando la mentira con desvergüenza. Tal es el caso ahora. Que estemos ante una práctica universal y cada vez más recurrente, no le excusa.