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Pesca de arrastre
Por
La desnacionalización de Cataluña y la inmigración
La partida política en Cataluña va camino de ser la misma que en todo el continente. Ni independencia, ni referéndum, ni fiscalidad: ¡extranjeros!
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Dos hechos han marcado la agenda política catalana de la semana. Y los dos remiten a la inmigración. Por un lado, el fracaso de la moción de censura en Ripoll para desalojar a Sílvia Orriols, lideresa de Aliança Catalana (AC), de la alcaldía de Ripoll, la única en manos de la formación de ultraderecha independentista que basa todo su discurso en la amenaza de la gran sustitución demográfica.
Por el otro, los datos presentados por la Consejería de Política Lingüística de la Generalitat, que dibujan un futuro nada prometedor para la pervivencia futura de la lengua catalana. Según esas cifras, actualizadas cada cinco años, solo un tercio de la población utiliza el catalán como lengua oficial. El porcentaje de hablantes que lo hablan cotidianamente ha pasado del 46% en 2003 al 32,6% en 2024. Los números coinciden pues, con la gran mutación demográfica, que supone pasar, en el mismo periodo, de un 9,3% de ciudadanos nacidos en el extranjero a un 22,5%.
La coincidencia en el tiempo de ambas cuestiones es relevante. Avanzamos la tesis de esta columna: ni la independencia, ni un nuevo referéndum, ni siquiera la financiación autonómica cuando se vea que el pacto entre el PSOE y los independentistas entra en vía muerta por no poder satisfacer lo acordado, va a ser la gran batalla de la agenda política catalana en los próximos años. Va a serlo la inmigración. Cataluña va a homologarse, en lo que atañe al asunto central de su agenda política, al resto del continente.
La moción de censura a Orriols no ha prosperado porque Junts se ha negado a ello. Ya hemos escrito que la formación de Puigdemont no puede dejar de observar con preocupación a AC por el retrovisor. Que ahora su representación sea testimonial, tanto en el ámbito municipal como en el Parlamento, no impide dar por hecho que van a ser una clara amenaza en el próximo ciclo electoral. AC está desplegando muy rápidamente su estructura territorial por toda Cataluña y, como pasa con cualquier partido ultraderechista en sus inicios, la amenaza se siente más fuerte en la que supuestamente es su frontera de voto más natural en el eje ideológico, en este caso Junts. De hecho, el argumento principal de los junteros para bajarse del carro de la moción de censura y permitir que Orriols continúe al frente de la alcaldía ha sido el miedo a que echarla ahora le diese un protagonismo innecesario gracias a su victimización. O sea, el miedo a perder votos en su favor.
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Lo disruptivo es que a continuación el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya bajado al barro de una abortada moción de censura en un pueblo de 11.000 habitantes para, extraño en él, abandonar su tradicional prudencia y colocar un duro discurso contra Junts. Illa ha utilizado un tono de repulsa hacia los de Puigdemont planteando una dicotomía que intenta arrojarlos al espacio de la ultraderecha: “O se está con los derechos humanos o con el racismo”. El líder del socialismo catalán, que al igual que Sánchez desde el Gobierno de España mantiene un discurso proinmigración sin referencias a la necesidad de regular los flujos de llegada, ha dado un paso al frente para señalar el marco en el que quiere librar la batalla política con Junts ante la opinión pública: la inmigración.
A Junts no le queda otra que aceptar el reto. De hecho, la demanda de competencias exclusivas en esta materia que pactó con el PSOE para aprobarle el primer decreto ómnibus y que tantos quebraderos le está dando a Pedro Sánchez por incumplible, ya obedecía a esta dinámica. La aparición de AC, pero también la convicción entre buena parte de la militancia juntera de que Cataluña no puede seguir recibiendo inmigración con la misma intensidad de los últimos años sin que sea inevitable su dilución como nación, explican este giro nada menor que se produjo justo antes de la investidura de Pedro Sánchez. Los datos lingüísticos presentados ayer no hacen más que espolear este convencimiento que, por otra parte, se ajusta en lo lingüístico a la realidad. Pues de mantenerse esta tendencia, el catalán será una lengua aprendida en la escuela pero sin uso en la vida real.
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Illa arriesga. Primero porque no puede desestimar el crecimiento que aún puede tener Vox y el PP en Cataluña en la medida que la inmigración se convierta en el gran eje alrededor del cual vaya a girar la conversación política catalana en los próximos años. Y también porque, aunque parezca que del lado nacionalista asimilar a los junteros con la ultraderecha los aísla, clonando las contradicciones que arrastra el PP con Vox en la política española, esto no tiene por qué ser así en el largo plazo. Es cierto que de entrada puede facilitar el entendimiento de los socialistas con ERC, imposibilitando además que los republicanos puedan recoser ningún tipo de alianza con los junteros.
Pero no está escrito que una maniobra de este tipo no acabe perjudicando también a los de Oriol Junqueras. Al fin y al cabo, la mayoría de los militantes republicanos son de perfil identitario. Y si perciben que Cataluña, tal y como la entienden ellos, corre el riesgo de desnacionalizarse por la inmigración, pueden acabar echándose también en brazos de quienes la combatan. En este sentido, tanto PSC como ERC estarían transitando el camino que antes ya recorrieron otros partidos de izquierda en otros lugares, dando por hecho que favoreciendo un marco de discusión que diera visibilidad a la ultraderecha -AC- perjudicarían a la derecha -Junts-. Y eso, huelga decirlo, la mayoría de las veces ha acabado sucediendo del modo contrario al que se pretendía y quien ha acabado sucumbiendo ha sido la izquierda.
En todo caso, y dejando a un lado las consecuencias futuras de la apuesta, lo relevante es que se advierte claramente la voluntad del Gobierno de la Generalitat de arrinconar a la oposición nacionalista, dejando a un lado a ERC, situándola al margen de los partidos que defienden los derechos humanos tildándolos de racistas a cuenta de su posición en la agenda inmigratoria. Y que, al mismo tiempo, en Junts están dispuestos a recoger ese guante.
Por utilizar la jerga política habitual por estos lares: la amenaza de desnacionalización de Catalunya ya no es el Estado, es el inmigrante. Y alrededor de esta cuestión va a jugarse la partida. Más o menos como en todo el continente, por cierto. Un síntoma más de normalidad, si quieren verlo así.
Dos hechos han marcado la agenda política catalana de la semana. Y los dos remiten a la inmigración. Por un lado, el fracaso de la moción de censura en Ripoll para desalojar a Sílvia Orriols, lideresa de Aliança Catalana (AC), de la alcaldía de Ripoll, la única en manos de la formación de ultraderecha independentista que basa todo su discurso en la amenaza de la gran sustitución demográfica.