¿Es xenófobo el PP? Si la respuesta es no, tampoco lo es Junts

En el razonar para acabar fijando una posición política se actúa la mayor de las veces como en el procesar de un cerdo. Todo puede y debe aprovecharse. Sólo que a veces, tanto estruje puede llevarnos a contradecirnos con opiniones propias expresadas con anterioridad que seguimos manteniendo y que no tenemos intención de enmendar. Cuando se da esta situación, sucede que afirmamos al mismo tiempo una cosa y su contraria. Nadie está a salvo de este riesgo. Y menos los que escribimos a destajo, día sí, día también.

Viene a cuento este preámbulo por la amalgama de argumentos utilizados estos días para oponerse al proyecto de ley orgánica de cesión de la gestión de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

Pero empecemos por los argumentos contrarios a este proyecto de ley que sí resultan coherentes. Son aquellos que pueden resumirse en el convencimiento de que la cesión de la gestión de competencias exclusivas del Estado a una CCAA que tan sólo hace ocho años protagonizó la mayor crisis institucional de la historia democrática de España es un error de bulto.

Vienen después los detalles que justifican esta convicción. Del tipo: ERC y Junts son partidos independentistas que sólo han aplazado sus objetivos, su lealtad institucional al Estado se ha demostrado inexistente, debilitar la presencia de este en Cataluña es facilitar las cosas a los independentistas para cuando sea que decidan protagonizar otro arreón secesionista, etc. Es este, no lo vamos a negar, un razonamiento ajustado a la lógica del aprendizaje de la experiencia vivida y en consecuencia muy fácil de justificar. Compartido o no, es un posicionamiento que intelectualmente resulta de lo más honesto.

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Sin llegar a este nivel de oposición, es también coherente quien manifiesta un resquemor porque considera que el texto registrado presenta agujeros a través de los cuales se está intentando aprobar algo más que una cesión de la gestión meramente ejecutoria de unas competencias para otorgarle a la Generalitat por la puerta de atrás facultades normativas en materia de inmigración. Esta sospecha, que la experiencia vivida con otras normas puede validar, obligaría a la mejora del texto para hacerlo más restrictivo y menos interpretativo. O bien, si se considera que, aun así, el riesgo seguiría siendo excesivo, oponerse a su aprobación.

Estos dos argumentos, reforzados por la incoherencia del actual Gobierno, que había expresado reiteradamente la imposibilidad de delegar la gestión de las competencias de inmigración, son sólidos y resultan difícilmente atacables. Otra cosa es el grado de adhesión que cada uno manifieste a los mismos.

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Vayamos ahora al despropósito. Y es que sorprende leer tantos análisis afirmando que lo que anida en la proposición de ley orgánica es la voluntad de Junts de sentar las bases de una futura política de inmigración de base racista y xenófoba en Cataluña. No hay nada en el texto legal propuesto que apunte en esa dirección. Puede afirmarse, por supuesto, que lo que cuenta es la intención, no lo que está escrito, pero entonces deberá acreditarse esa acusación.

Cuando se dice que ese racismo y xenofobia será inevitable en Junts porque este partido está obligado a competir con el partido de ultraderecha Aliança Catalana, deberá añadirse a continuación que también el PP es racista o xenófobo en la medida que compite con Vox. ¿O no? Lo cierto es que no hemos visto a esos articulistas haciendo una afirmación similar, ni siquiera cuando los populares compartían Gobiernos autonómicos con los de Santiago Abascal. Y lo celebramos, puesto que habría sido un sinsentido.

Sorprende más este argumento de tachar alegremente de racistas y xenófobos a los junteros si se tiene en cuenta que muchos de los que así razonan, vienen insistiendo reiteradamente en el argumento de que el auge de la ultraderecha en todas partes se explica en buena parte por el abandono de los partidos tradicionales de cuestiones espinosas que iban acrecentando el malestar ciudadano sin respuesta alguna por parte de los gobiernos. Tal es el caso de la inmigración, cuestión en la que el corsé de lo políticamente correcto había impuesto un bozal durante mucho tiempo.

Pues bien, no es muy coherente escribir esto o cosas similares, y ahora acusar a Junts de racista y xenófobo por rectificar ligeramente el timón para abundar en un discurso que alerta sobre el riesgo del descontrol inmigratorio y que acentúa la necesidad de ordenarlo, equilibrar el catálogo de obligaciones y deberes e insistir sobre la necesidad de integrar en la sociedad de acogida a quienes deciden establecerse entre nosotros para el desarrollo de su proyecto de vida. Aclarémonos, porque lo que no puede ser es que desentenderse de la inmigración favorezca a la ultraderecha y la xenofobia, pero intentar ocuparse de ella también.

Se intuye en la acusación facilona a Junts de partido racista y xenófobo a propósito del asunto inmigratorio, el recordatorio de algunas afirmaciones vertidas durante el proceso, e incluso ahora todavía, referidas a la españolidad. La hemeroteca está ahí para recuperarlas. Como también pueden devolverse al presente otras en sentido inverso hacia la catalanidad, igual de desafortunadas. Pero todos sabemos que ahora no estamos hablando de la cuestión territorial ni de declaraciones desafortunadas y censurables que se hayan podido producir al abrigo de la tensión del proceso independentista por parte de algunos de sus líderes.

De igual forma, también planea sobre la cuestión el asunto de la lengua catalana y la supuesta obligación futura del inmigrante de conocerla para poder instalarse en Cataluña. Esta cuestión no figura en el acuerdo y, como quiera que el español tampoco es requisito para instalarse en suelo patrio, no tiene recorrido alguno.

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Aunque al margen de su inviabilidad legislativa, conviene decirlo también, somos los catalanohablantes los que hemos pasado en 20 años de representar el 47% de los hablantes al 33%, coincidiendo en el tiempo con la llegada de dos millones de personas procedentes de otras partes del mundo.

Más allá del análisis referido a siglas y partidos, cierro refiriéndome a mí en particular. Con independencia de que en el futuro, así es la globalización a la que el discurso sistémico simplemente se acomoda, se pueda seguir viviendo en España o en Cataluña sin tener ni idea de castellano o catalán, y al margen de lo que Junts o cualquier otro partido diga o deje de decir, déjenme al menos expresar una preocupación sentida y justificada por la pervivencia futura de mi lengua, sin tener que escuchar que eso me convierte en xenófobo y racista.