Cataluña colapsada

El 1 de diciembre de 2007 Cataluña vivió la que acabó siendo la primera gran manifestación protoprocesista. Doscientas mil personas acudieron a la llamada de una entidad denominada “Plataforma por el derecho a decidir” para protestar por el colapso ferroviario de cercanías y regionales. La convocatoria acabó tornándose en una manifestación independentista, sentando las bases emocionales y argumentales de lo que acabaría sucediendo después de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto y el inicio formal en 2012 de lo que acabamos conociendo como el “procés”.

Dos décadas después, la situación ha empeorado. Y mucho. Las imágenes de estos días con pasajeros abandonando los vagones del tren para emprenderla a pie por en medio de las vías son más propias de un país tercermundista que no de una región de España con el peso demográfico y económico de Cataluña.

El sistema de trenes de cercanías y regionales, los que usa mayormente el ciudadano común para atender sus necesidades ineludibles de movilidad, sigue tocado y hundido. El abandono ha sido total en todos los frentes durante más de dos décadas y las inversiones que se están realizando en estos momentos no permiten prever una normalización del servicio, siendo optimistas, que llegue antes de por lo menos un lustro. A decir verdad, la degradación es tan extrema que lo que cuesta imaginar es que esa normalización pueda llegar ni siquiera a producirse.

Junto al servicio ferroviario ha colapsado también el transporte por carretera. La vía rápida de comunicación por carretera más importante entre España y Europa, la AP7, se ha convertido en el tramo a su paso por Cataluña en una carretera convencional, cuando no en una ratonera. Y desde luego no merece ya el nombre de autopista.

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Ambos colapsos, ferroviario y circulatorio, afectan severamente a la calidad de vida de los ciudadanos y a la competitividad de la región. Pero más allá de eso, que no tiene arreglo en el corto plazo, ambas cuestiones evidencian el daño que la mala política acaba por producir en el tejido social y económico que ha de padecer las consecuencias de sus actos.

La responsabilidad es transversal y afecta a todos los partidos. Aunque a decir verdad, en ambos casos, son quienes se han turnado al frente del Gobierno del Estado, PSOE y PP, los principales responsables, puesto que ambas cuestiones afectan al ámbito competencial del Gobierno de España. En lo tocante al servicio de cercanías y regionales por el abandono de las inversiones durante casi dos décadas y, en lo que refiere a la AP7, por haber actuado ante el rescate de las concesiones de autopistas con una mirada cortoplacista y electoralista, a pesar de tener conocimiento de las consecuencias negativas que iban a producirse.

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No obstante, no son estas formaciones las únicas responsables del desaguisado. Los nacionalistas tampoco pueden irse de rositas. Tienen en su haber el haber propiciado que Cataluña se haya convertido en una tierra de viacrucis a veces insalvable para cualquier proyecto o inversión ambiciosa con impacto visual sobre el territorio. Eso sin contar que durante más de una década orillaron cualquier interés real por los asuntos más prácticos con el mágico argumento de que todo se arreglaría en un plis plas con la independencia. El resumen más o menos vendría a ser que entre todos la mataron y ella sola se murió.

Ayer Junts fijó en 50.000 millones de inversión atrasada en infraestructuras en Cataluña el precio que Pedro Sánchez ha de pagar para sentarse a hablar de Presupuestos Generales del Estado. El fin de semana fue Oriol Junqueras, en nombre de ERC, quien también apuntó a las dificultades de su partido para apoyar unos hipotéticos presupuestos del Estado al PSOE. De nuevo, como en 2007, las infraestructuras vuelven a escena para ser usadas con voluntad divisiva desde la perspectiva identitaria. Como la vacuna procesista mantiene todavía el efecto, no va a suceder como entonces. No será a partir del colapso ferroviario que vuelva a tomar cuerpo una revuelta ciudadana en clave identitaria.

Pero sí puede suceder que los Gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa estén ante una importante prueba de fuego de cara a su robustez electoral futura en este territorio. Esto es particularmente importante en el caso de Pedro Sánchez, que necesita los votos del granero catalán para conservar cualquier posibilidad de mantenerse en la Moncloa.

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La polarización política en el eje derecha-izquierda, o las políticas de desinflamación identitaria, puede no ser suficientes si el malestar que provoca el colapso de las infraestructuras no remite y sigue agravándose. Y la mala noticia para el PSOE es que incluso haciendo todo lo que estuviese en su mano para remediarlo, es imposible que en ambos casos -trenes y AP7- podamos avanzar hacia algo que pueda ser llamado normalidad en el corto y medio plazo.

Lo que sorprende es la poca habilidad del PP para hacer oposición en cuestiones como esta en una comunidad en la que la derecha española también necesita mejorar sus resultados para garantizarse la llegada al Gobierno en cuanto sea que acudamos a votar. Si el PP pusiera la mitad del empeño y energía que despliega en cuestiones identitarias al servicio del discurso sobre elementos prácticos como la movilidad, quizás descubriría una fórmula para mejorar sus perspectivas en esta comunidad. Sólo que eso no da votos en el resto de España, claro.

Acabado el proceso, regresan los trenes. Y seguimos donde estábamos, más en la India que en España. En esos vagones circulan muchos votos. Tantos como personas. Y están muy enfadadas.