Las guerras culturales del trumpismo aterrizan en Barcelona

Verano de 2024 en Texas. Visita al Space Center de Houston, propiedad de la NASA. Calor sofocante y miles de personas disfrutando de las exposiciones y actividades del complejo museístico. Sorprende al viajero el espacio dedicado al programa Artemis, el proyecto de la agencia espacial para el regreso a la Luna en misión exploratoria, la primera de las cuales debía realizarse este año, pero aplazada finalmente hasta 2026.

Pocas explicaciones científicas sobre los motivos que justifican estas nuevas expediciones lunares tras la última misión del Apolo 17 en lejanísimo 1972. Todo el protagonismo visual recae en el hecho de que, por primera vez, una mujer y un negro formarán parte de la tripulación. Tras el recorrido, uno llega a la conclusión que lo complementario -el color y el sexo de la tripulación- es lo fundamental y que el objetivo principal del programa Artemis, al menos a la hora de venderlo a la opinión pública, es el de alinear el funcionamiento de la NASA a las políticas de diversidad, inclusión, equidad y accesibilidad (DEIA) que empujaba la administración Biden.

Ignoro si la exposición sobre el programa Artemis en el Space Center ha sido modificada. Pero la NASA sí ha borrado esta semana de su web toda referencia al “primer negro” y la “primera mujer” que pisarán la Luna. Las fotografías de la tripulación siguen ahí, también la invitación a conocer con detalle la biografía de cualquiera de los tripulantes. Pero todas las referencias y destacados que celebraban la racialización o el género de los integrantes han desaparecido. La NASA también ha de cumplir con el contenido de una de las órdenes ejecutivas que Donald Trump firmó el primer día de su nuevo mandato y que ordenaba el punto final de todo programa DEIA sustentado directa o indirectamente con fondos federales. Desde esa fecha, la administración estadounidense, al igual que muchas compañías privadas, se ha afanado en dar cumplimiento al mandato presidencial.

Esta semana, la guerra trumpista contra las políticas DEIA ha llegado también a Barcelona. La embajada de EEUU ha instado al Ayuntamiento a cumplir esa orden en el programa American Space, una iniciativa que se desarrolla en una biblioteca de la ciudad y que cuenta con una aportación económica de 20.000 euros por parte de la administración estadounidense. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha sacado pecho para dejar claro que por encima de su cadáver, que los objetivos y programas de inclusión, diversidad y demás forman parte transversal de cualquier política y actividad que se desarrolle en la ciudad y que así va a seguir siendo.

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El cumplimiento de la orden ejecutiva 14173, bautizada "Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity" ("Acabar con la discriminación ilegal y restaurar las oportunidades basadas en el mérito") es una de las mayores obsesiones de Donald Trump y del movimiento MAGA. Y la diligencia y profesionalidad de los servidores públicos estadounidenses queda demostrada con el requerimiento enviado al Ayuntamiento de Barcelona. El celo por parte de quienes han de cumplir con el encargo presidencial es de tal magnitud que está provocando situaciones realmente delirantes. Por ejemplo, muchas de las fotografías en webs oficiales del bombardero Enola Gay (el que lanzó la bomba atómica) han sido borradas, al confundir el programa que depura los contenidos DEIA el nombre del avión con un ejercicio de proselitismo de la orientación sexual de la aeronave.

A estas alturas no vamos a defender el trumpismo. Las formas, la agresividad, el exceso verbal, la falta de respeto, el insulto, y demás elementos con los que Trump y los suyos dirigen su acción de gobierno producen inevitablemente vergüenza. Que el movimiento MAGA, el corazón del trumpismo, es de corte supremacista es innegable, como lo es también el riesgo claro que tiene para la convivencia dispensar el trato de enemigo a cualquiera que no comulgue con sus ideas.

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Pero sí conviene evitar las confusiones que sitúan el final de los programas DEIA con un supuesto retroceso de los derechos humanos. Establecer esa equivalencia es un error de base. Decretar el final de las políticas y programas DEIA no puede tildarse de ser algo antidemocrático como se escucha reiteradamente. Pues tanto su impulso como su derogación no obedecen más que al resultado de la discusión permanente que se desarrolla en cualquier sociedad sobre asuntos vivos. Discusiones, a veces de lo más agrias, que acaban trasladadas al ámbito de decisión política a través del juego democrático de mayorías y minorías. Puede cuajar la falsa impresión de que las decisiones tomadas al calor de una mayoría, siempre coyuntural, equivalen a dar un tema por zanjado para siempre. Pero eso está muy lejos de ser así. La democracia es algo vivo y las políticas pueden revisarse. Y eso es lo que está sucediendo. Lejos de ser antidemocrático, es un ejercicio de democracia.

En nuestro entorno siguen siendo mayoritarias las opiniones que consideran estas políticas de lo más necesario. Sería necesario un libro entero para listar todos los ejemplos que brinda el tiempo presente. ERC, por ejemplo, acaba de aprobar que en todas sus listas electorales deban figurar personas racializadas -no será la última formación electoral en autoimponerse esta obligación- en puestos de salida, pero hace ya años que los partidos vienen obligados a cumplir con la paridad de género en sus candidaturas.

En 2024 entró en vigor la ley que obliga a que en 2026 las empresas del Ibex (2027 para el resto de cotizadas), el 40% de los miembros de sus consejos de administración sean mujeres. También cabe considerar aquí la obligatoriedad de contar con planes de igualdad y diversidad en las empresas privadas o en las instituciones públicas. O que las subvenciones que se convocan premien (cuando no obligan) las aportaciones en el terreno de la igualdad y la inclusividad que supondría la puesta en marcha o mantenimiento de determinado proyecto. En oposiciones, como las últimas en Cataluña para acceder al cuerpo de bomberos, se reservan plazas específicas para las mujeres. Para atajar problemas reales, como la violencia machista, no se ha dudado en legislar y constitucionalizar la discriminación del hombre. Tenemos menos ejemplos de discriminación positiva por cuestiones raciales, pero es el camino natural que también acaben adoptándose a medida que la sociedad española siga cambiando y los nuevos grupos de población se integren definitivamente y estén más organizados políticamente. Suficiente con estos ejemplos para ilustrar la importancia y presencia en nuestro entorno de las políticas que ahora se ha cargado Trump.

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¿Puede ser todo esto reversible? Estados Unidos enseña el camino y la respuesta es sí. Pero, más importante todavía, ¿es un retroceso democrático su eliminación? En absoluto, puesto que su puesta en práctica no obedece más que a un asentimiento social temporal y al empuje de una administración determinada.

Y aunque no sea fácil con el trumpismo, quizás tampoco conveniente según como están yendo las cosas, discernir entre el polvo y la paja, es importante hacerlo para no errar de base en según qué apreciaciones. No puede contarse como retroceso democrático la eliminación de los programas y políticas DEIA de la agenda gubernamental estadounidense. Sí lo son, en cambio, las formas elegidas para llevar a cabo ese borrado y también la persecución y la cancelación -que ahora ha cambiado de bando en EEUU- de quienes consideran necesario su mantenimiento desde diferentes ámbitos como el académico, el empresarial o cualquier otro. Y sobre esto último, lamentablemente, el trumpismo ha dado ya muestras más que suficientes de no ofrecer garantía alguna. Más bien lo contrario.