Conspiración contra la ultraderecha: primero Rumanía, ahora Francia

Combativa Le Pen ayer noche en TF1. Confirmó que apelará y que una nueva condena en segunda instancia no impedirá que se presente a las elecciones. Siempre, claro, que ese segundo tribunal levante la ejecución inmediata de la pena de inelegibilidad a la espera de un último recurso de casación. La lideresa de la derecha radical francesa fía todas sus posibilidades a esa segunda instancia. La presión va a ser tremenda sobre la Justicia francesa en los próximos meses. No sucede cada día que se aparte de la carrera presidencial a quien lidera las encuestas. A Le Pen se la condena a no ser elegible gracias a ley Sapin II de 2016. Diga lo que diga la locuaz dirigente gala, no hace más que probar la medicina que otros políticos franceses han saboreado antes, tal y como le recordó su entrevistador insistentemente, desde la entrada en vigor de la norma.

En TF1 Le Pen avanzó cuál será su estrategia para torcer el brazo de la Justicia: desacreditarla. El mismo estilo y formas que practican la casi totalidad de los líderes políticos de las democracias occidentales, con independencia de su ubicación en el cuadrante ideológico, cuando una decisión judicial contraviene sus intereses.

De EEUU a España, de Italia a Francia, etc. Desacreditar a la Justicia se ha convertido ya en una rutina, se trate de gobernantes o de simples candidatos. Sólo Antonio Costa, el ex primer ministro portugués y actual presidente del Consejo Europeo, ha sabido en tiempos recientes dar una lección de respeto a las instituciones judiciales y democráticas. Cuando dimitió en 2023 por un caso que acabó desinflándose rápidamente, adujo que “la dignidad del cargo es (era) incompatible con la apertura de una investigación.

En la tarea de negar legitimidad al tribunal que la ha condenado no le van a faltar apoyos a Marine Le Pen. Incluso más allá de su partido. Tampoco en poner en duda que Francia sea una democracia. Ayer, la derecha tradicional y el centro se pusieron mayormente de su parte con diferentes grados de intensidad. Más previsibles eran los mensajes de solidaridad que recibió del ámbito internacional. De Orbán a Trump, pasando por Abascal y tantos otros. Hay quien ve además también posibles apoyos bajo cuerda del propio macronismo, dado el papel relevante que Le Pen y sus diputados juegan en el endiablado juego de equilibrios que se desarrolla en el tablero francés en estos momentos. Sin ir más lejos, Macron pudo nombrar recientemente un presidente del equivalente del TC español gracias a la abstención del lepenismo.

La derecha radical europea no desaprovechó ayer la oportunidad de darle la razón a J.D Vance y a su teoría de que la amenaza para la democracia europea no es Putin, sino la pulsión autoritaria de las élites políticas y funcionariales continentales, asustadas porque el suelo se mueve bajo sus pies ante el impulso del ultraderechismo. La sentencia a Le Pen permite dar continuidad a la teoría de la gran conspiración que explicitó Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich y que tendría en el veto electoral al candidato ultraderechista Calin Georgescu de las elecciones en Rumanía la primera víctima propiciatoria y ahora con Le Pen la segunda. Un argumento demasiado goloso para dejarlo escapar, sabedora como es toda la clase política, de un lado al otro del arco parlamentario, de las virtudes demoscópicas del victimismo siempre que se sepan jugar bien las cartas.

Sobre las consecuencias políticas de la decisión en el largo plazo, es pronto para pronunciarse con seguridad. En primer lugar, está por ver todavía que Marine Le Pen no pueda presentarse a las elecciones. Pero, sin poner en duda su liderazgo, lo cierto es que su partido ya no es un artefacto vinculado únicamente a la personalidad y familiaridad del apellido Le Pen. En este sentido, una encuesta realizada por Odoxa para la prensa regional publicada ayer en Francia informaba que para el 66% de los franceses y el 69% de los votantes de RN la inelegibilidad de Le Pen no será ningún hándicap para las aspiraciones de la ultraderecha gala. Es más, son muchos los votantes que continúan aferrados a la idea de que el apellido Le Pen supone un techo de cristal en el sistema electoral francés de segunda vuelta y que con Jordan Bardella, el sustituto natural de la lideresa, sería más fácil ganar las elecciones presidenciales.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El fraude de los ERE explicado por Marine Le Pen

Javier Caraballo

Lo cierto es que para un demócrata es irrelevante preguntarse si la condena a Marine Le Pen puede acabar beneficiándola políticamente a ella o a su formación política en el caso de ser sustituida en la candidatura a la presidencia por Jordan Bardella. La experiencia con Donald Trump, cuya persecución judicial le sirvió a la vista de los hechos para vitaminarse y mineralizarse, planea sobre el asunto francés. Pero entrar en ese debate supondría aceptar la predisposición a alterar el principio de igualdad ante la ley por condicionantes de naturaleza política, cuestión que no parece muy razonable.

Lo cierto es que la condena por utilizar asesores pagados por el Parlamento Europeo para trabajar en Francia en asuntos de partido es ejemplarizante. Pone coto a la práctica tan habitual entre las formaciones políticas de usar las instituciones como paganos en la sombra de profesionales de partido (“liberados”).

Acabar con estos modos de hacer -¡qué paradoja tan previsible que los reyes del discurso regeneracionista desde la ultraderecha queden atrapados tan pronto en la telaraña de la corrupción!- es imprescindible. Aunque la cultura institucional que se arrastra, también en España, se resista a ello por ser una práctica que hasta hace poco se realizaba casi sin disimulo, si bien es cierto que no de manera casi industrial como en el caso de RN. Pero viendo las barbas del país vecino afeitar, no estaría de más que los responsables de compliance de las formaciones políticas (¿los hay?) se cerciorasen de que cosas semejantes, aunque de envergadura menor desde el punto de vista cuantitativo, no sigan sucediendo en nuestro amplio entramado institucional. A fin de cuentas, recién hemos descubierto que en España es de lo más fácil contratar con cargo al erario público o parapúblico incluso a prostitutas. ¡Qué mal los franceses y la ultraderecha!