¡Ojalá fuera un ciberataque!

Las dos comparecencias del presidente del Gobierno para esclarecernos la vuelta a la fuerza por un día a un mundo analógico han sido para decir entre poco y nada. Es obligatorio el matiz: nada que resulte mínimamente esclarecedor que es, a fin de cuentas, lo único que resulta de interés para saber a quién hay que señalar para exigir responsabilidades por lo acontecido.

Lo más relevante de las explicaciones del presidente del Gobierno ha sido, tanto el lunes por la noche como el martes al mediodía, abundar en la tesis del ataque cibernético, a pesar de contradecir abiertamente las conclusiones explícitas de Redeia, que ya había descartado categóricamente este escenario.

No es gratuita esta insistencia en el ataque cibernético por parte del presidente. Al Gobierno le vendría fenomenal que ese fuera el motivo desencadenante del gran apagón. Encajaría con el discurso gubernamental sobre la cuestión que ha monopolizado la conversación política hasta la muerte del papa Francisco: la necesidad de gastar más en el ámbito de la seguridad y defensa que tantos quebraderos le está dando a Pedro Sánchez con sus socios de gobierno y con los de investidura. Y lo haría, además, abonando la tesis defendida por el presidente de que hay que contabilizar en esa área los esfuerzos de inversión y gasto público que se hagan en el plano tecnológico. Un relato demasiado goloso para abandonarlo sin más, a pesar de que haya sido categóricamente descartado por la empresa que gestiona la red eléctrica y cuyo principal accionista es el propio Gobierno a través de la SEPI.

Son temas estos complicados que requieren la voz autorizada de los especialistas. Así que la prudencia nos obliga a todos. Pero sin negarle la presunción de bondad a Pedro Sánchez -¿Quién sabe lo que dirán las conclusiones definitivas?- , las consultas realizadas ayer con personas que trabajan en el sector de la ciberdefensa iban en esta dirección: uno puede tardar tiempo en contrarrestar los efectos de un ciberataque, puede necesitar todavía más tiempo para determinar la autoría, pero no necesita mucho tiempo para saber si ha sido o es atacado.

Así que, como hipótesis de trabajo, habrá que contemplar que el Gobierno esté apostando por ganar tiempo al mantener todos los escenarios abiertos. A fin de cuentas, ganar tiempo (eso es lo que permite siempre el anuncio de una comisión independiente de investigación) puede hacer que amaine la indignación y el interés por un apagón que ya es pasado y podría proporcionar al ejecutivo una futura ventana de oportunidad en la que resulte menos doloso para sus intereses explicarnos finalmente lo que ha sucedido en realidad. Mientras tanto toca conformarnos con buenas palabras y mejores intenciones.

La otra parte del discurso de Sánchez, ciberataque al margen, se basa en la machacona insistencia de la responsabilidad privada en este desaguisado. Hay ahí una doble trampa sobre la que es necesario prestar atención. La primera es sobre lo rápido que corre el Gobierno a culpabilizar al ámbito privado cuando la "excepción ibérica" le sale cruz.

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Tratándose de un mercado tan regulado como el de la producción y distribución de energía, que el Gobierno pretenda ponerse de perfil y eludir toda responsabilidad no parece muy razonable. La segunda trampa resulta más burda si cabe, en la medida que Redeia es una empresa formalmente privada, pero que el Gobierno controla de manera efectiva y nada disimulada. De ahí que cualquier atribución de responsabilidades a los gestores de la red acarree riesgos reputaciones y políticos al propio Gobierno.

Que la propia empresa reconociera hace dos meses en un documento para los inversores, tal y como informó cumplidamente El Confidencial, que había riesgo de "desconexiones" en el sistema por la elevada penetración de renovables y que también estaban creciendo las posibilidades de incidentes operacionales en la red eléctrica, añade más presión al Gobierno. Con más motivo una vez se ha confirmado por la vía de los hechos que los grandes apagones son posibles, a pesar de que Redeia lo negara oficialmente tras comprobar que su informe había trascendido a la opinión pública.

Una presión que también puede apuntar al Gobierno y, en concreto a uno de sus banderines ideológicos de enganche, como es el de la transición energética. El gran apagón del lunes puede sembrar dudas, quizás no sobre su necesidad, pero sí sobre el modo y los tempos con los que llevarla a la práctica. Y más en pleno debate sobre el futuro de la energía nuclear en España.

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Dejando a un lado la política, lo mejor que puede decirse de lo sucedido el lunes refiere al ejemplar comportamiento ciudadano, aunque es cierto que el experimento sólo duró afortunadamente un día. El gran apagón también nos interpela sobre la necesidad de reflexionar hasta qué punto podemos seguir abandonándonos a las bondades de la tecnología sin un plan B que nos permita la vida en analógico cuando las circunstancias así lo exigen.

En este sentido, la reflexión es especialmente pertinente, por ejemplo, para los que pregonan la necesidad de acabar con el dinero en efectivo. El lunes en Barcelona, y suponemos que en toda España, alguien con todas las tarjetas de crédito premium en su cartera no podía competir en riqueza real con alguien que llevase en el bolsillo un arrugado billete de cinco euros. Otra lección es la de recuperar el aparato de teléfono fijo, al que muchos hogares hemos renunciado aunque lo sigamos pagando, para atender las necesidades de comunicación más básicas cuando la red móvil se desmorona.

Pero más allá de estos aprendizajes, unos más frívolos que otros, lo imprescindible a estas horas es limitar el tiempo necesario para esclarecer los hechos, señalar las causas y determinar quiénes son los responsables. Porque no estamos ante una fatalidad sobrevenida, sino ante algo que podía evitarse.

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Y sí, es indudable que se advierte un riesgo cierto por parte del Gobierno de querer dormir el balón a la espera de que los chistes sobre el gran apagón y cualquier otro tema que llegue para distraernos lo conviertan en algo ya pasado sobre lo que no merece prestar mucha atención. No debiéramos permitirlo.