Sánchez saca otro conejo de su chistera: una "consulta pública" para decidir la opa BBVA-Sabadell
Tras el aparente argumento democrático de "escuchar a todos", puede que no haya más que un encargo de parte para que el Consejo de Ministros no enrojezca más de lo necesario si decide no hacer viable la operación
El presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu. (EFE/Quique García)
Una consulta pública para que ciudadanos, empresas y asociaciones opinen sobre la opa hostil del BBVA al Banc Sabadell. Este es el conejo que Pedro Sánchez se sacó ayer de la chistera en la inauguración de las jornadas anuales del Círculo de Economía en Barcelona. En los corrillos se interpretó rápidamente la maniobra presidencial anunciada como el prólogo de una futura oposición del gobierno a dar el visto bueno a la operación en los términos avalados por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) . De ahí que en las primeras crónicas se insistiera ya en que el anuncio había sido recibido con satisfacción por Josep Oliu, presidente del Sabadell, y con sorpresa o estupefacción por parte de Carlos Torres, su homólogo en el BBVA.
Ni la legislación contempla esa consulta pública, cuyo quién y cómo intentaron aclarar desde el Ministerio de Economía tras el anuncio presidencial, ni mecanismo similar se ha utilizado en ninguna operación corporativa de anterior. Y como las cosas son a veces lo que parecen, diríase que esa consulta pública del prestidigitador Sánchez no es más que un creativo movimiento para que alguien haga el trabajo que no ha podido ni querido hacer la CNMC. Que sean patronales, sindicatos, organizaciones de consumidores, clientes del Sabadell convenientemente movilizados y otros actores alineados mayoritariamente contra la operación quienes proporcionen al Ejecutivo argumentos de apariencia sólida que le permitan hacer inviable la operación atendiendo al interés general que este tiene reservado por ley.
Sienta Pedro Sánchez un precedente de lo más extraño. Lo hace con un argumento de apariencia imbatiblemente democrática -escuchar a todo el mundo antes de tomar una decisión- pero que cabe interpretar por igual como un ejercicio de burda demagogia e indisimulado engaño. Para leerlo de este modo menos favorable a sus intereses basta con ver la consulta pública como un improvisado encargo específico a quienes seguro que van a participar en ella por estar muy motivados para hacerlo: faciliten al gobierno la coartada para hacer descarrilar la opasin que en el Consejo de Ministros debamos enrojecer más de lo necesario.
La consulta puede que tenga ventajas añadidas para el Gobierno, más allá de intentar disimular un hipotético ejercicio de intervencionismo difícil de justificar atendiendo al dictamen de la CNMC. Elimina del relato la idea de que provocar el descarrilamiento de la opa obedezca a intereses de simple coyuntura política y aritmética parlamentaria. La presión que puedan practicar los socios de gobierno o de investidura de Pedro Sánchez pasan a un segundo plano, en la medida que serán entidades patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, ciudadanos y clientes movilizados quienes darán la espalda con argumentos técnicos a la fusión. Cabe contemplar también la idea de que esa consulta pública añada además solidez a la decisión gubernamental en el caso de que quien se sienta perjudicado por ella concluya que ha habido una extralimitación competencial y valore la posibilidad de utilizar otras vías para defender sus intereses.
Quiso el programa que, tras la intervención de Sánchez, le tocara el turno a Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, para participar en una mesa redonda sobre cómo puede Europa recortar el gap tecnológico que la separa de las dos superpotencias mundiales en este ámbito: Estados Unidos y China.
Se advirtió una formidable paradoja en su intervención, comparándola con lo que había dicho Pedro Sánchez respecto a la opa del BBVA sobre el Sabadell. Y es que si las reticencias que despierta esa operación en el sector bancario se sustentan en lo perjudiciales que pueden resultar los procesos de concentración bancaria al limitar las posibilidades de empresas y ciudadanos para acceder al crédito, en lo tocante a las telecomunicaciones oímos por boca de Murtra justamente lo contrario.
Su intervención fue un canto a las bondades de un proceso de concentración -primero en clave nacional y después en clave europea- que debería favorecerse por parte de las autoridades comunitarias y estatales para permitir la creación de gigantes del sector con capacidad inversora suficiente para el desarrollo e implementación de tecnología que facilite que Europa puede competir en igualdad de condiciones con chinos y norteamericanos. Murtra fue de lo más explícito: hay que sacar el foco del beneficio que supone para el consumidor una oferta tan variada de operadores para situarlo en las bondades que a nivel estratégico supondría dicho proceso de concentración. Nada que no se escuche recurrentemente en el sector teleco, por otra parte.
Pero así es como uno abandona una sala de conferencias sin saber exactamente si los procesos de concentración son buenos o malos, porque escucha una cosa y acto seguido lo contrario. O si, en última instancia, todo depende. ¿De qué depende? Del color con que se mire, todo se mire.
Una consulta pública para que ciudadanos, empresas y asociaciones opinen sobre la opa hostil del BBVA al Banc Sabadell. Este es el conejo que Pedro Sánchez se sacó ayer de la chistera en la inauguración de las jornadas anuales del Círculo de Economía en Barcelona. En los corrillos se interpretó rápidamente la maniobra presidencial anunciada como el prólogo de una futura oposición del gobierno a dar el visto bueno a la operación en los términos avalados por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) . De ahí que en las primeras crónicas se insistiera ya en que el anuncio había sido recibido con satisfacción por Josep Oliu, presidente del Sabadell, y con sorpresa o estupefacción por parte de Carlos Torres, su homólogo en el BBVA.