Pedro Sánchez retrasa el reloj de la financiación singular de Catalunya

La comisión bilateral Estado-Generalitat se reunió ayer para concretar aspectos de la mal llamada financiación singular de Cataluña y, en teoría, fijar algunos detalles y plazos sobre la misma; en concordancia con lo acordado entre socialistas y republicanos para asegurar en su día la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Pero no ocurrió nada de eso. Estado y Generalitat, ambos en manos socialistas, estafaron al respetable con una escenificación teatral que bien podría titularse La Nada. Aun así, el principal damnificado por la vacuidad de lo pactado, ERC, no abrió la boca más de lo necesario. Se intuye la debilidad del Ejecutivo en la generosidad que le regalan sus socios de investidura a la hora de gestionar los incumplimientos de los acuerdos que tiene firmados con ellos. Pies de plomo para no agitar en demasía el avispero en estos tiempos de precariedad del ejecutivo de Sánchez.

El erial del documento que acordaron ayer Generalitat y Estado salvará temporalmente la cara ante el mundo soberanista por la sobrerreacción del resto de España, con otros Ejecutivos autonómicos y partidos -como el PP- dando por ciertas y reales cosas que no están en ese papel que, de momento, no es más que un breviario de intenciones coincidentes y discrepancias más o menos evidentes. Por lo demás, ni calendario, ni cifras que permitan intuir algo parecido a la concreción ni de lo uno ni de lo otro.

Debía el Gobierno de España cumplir, o fingir que cumplía, antes del verano. Dar algo de alpiste al soberanismo republicano para que quedara claro que el apoyo de Oriol Junqueras a Illa y a Sánchez es a cambio de algo y que la tan cacareada nueva financiación singular de Catalunya avanza a paso firme.

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Pero en lugar de eso, lo único que quedó claro es que las cosas siguen más o menos donde estaban. Lo firmado se hubiera podido escribir hace muchísimos meses, incluso el día después de la investidura de Pedro Sánchez, pues refiere únicamente a cuestiones de carácter general que no comprometen ciertamente a nada. Diríase, a tenor de la lectura atenta del documento, que Generalitat y Estado han caminado en círculo durante todo este tiempo. Salvo que haya un capítulo de acuerdos secretos guardados bajo llave, no cabe otra interpretación posible.

En Catalunya el acuerdo se venderá razonablemente bien por necesidad de los actores implicados directa o indirectamente en la negociación: los Gobiernos de España y Catalunya, además de ERC, que es de quien partió la exigencia original. Ni siquiera Junts, que no participa en este asunto y que tiene las manos libres para bombardearlo, ha utilizado toda la artillería para desacreditarlo. Aunque sí ha dejado claro que no estamos ante lo que prometieron republicanos y socialistas. Y llevan razón. De momento ni es un nuevo sistema de financiación y menos aún singular.

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Pero, insistamos en ello, el principal argumento que permite al soberanismo defender lo presentado ayer en Barcelona como algo a lo que vale la pena agarrarse es la sobrerreacción de las CCAA y partidos políticos que, como el PP, atribuyen al documento acordado una performatividad que no tiene en absoluto. Una muestra de lo poco relevante de lo acordado es que ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ni Oriol Junqueras han sido los responsables de valorar el documento una vez conocido formalmente. Dime a quién pones en el atril a dar explicaciones y a sacar pecho y te diré qué importancia real das a lo acordado.

Se insiste, eso sí, en la participación de la agencia tributaria catalana en la recaudación de impuestos. Pero ni confirma que vayan a ser todos los tributos, ni se establece un calendario legislativo y, quizás más importante, operacional para que esto sea posible. La exigencia tradicional del soberanismo de recaudar todos los tributos -una encomienda de gestión- es la más irracional de todas las demandas desde el punto de vista de la eficiencia. Si algo hay en España que funciona razonablemente bien es la Agencia Tributaria. Trocearla nada aportará al administrado. Los catalanes -todos- lo que quieren son más recursos económicos. Para eso no necesitan una agencia tributaria propia. En cambio, este es el asunto que menos problemas parece dar a los negociadores.

Para entrar a cambiar el fondo verdaderamente sustancial del asunto -el reparto del dinero- no es necesario crear nuevas estructuras administrativas. Basta con un acuerdo de financiación -de verdad, no hologramas discursivos- que incorpore nuevas fórmulas de asignación de recursos, que detalle cómo funcionará la cuota de solidaridad entre autonomías, cómo se garantizará el principio de ordinalidad (si eres la 3ª que más aportas, eres la 3ª que más recibes) para que nadie pierda dinero tal y como ha prometido el gobierno, etc.

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Nada en absoluto de todas estas cuestiones figura en el acuerdo desvelado ayer en la bilateral Generalitat-Estado. Y está por ver que con la actual coyuntura política, a la que hay que sumar como variable relevante que María Jesús Montero compita electoralmente en Andalucía, pueda concretarse algo en un plazo razonable. Desde luego, lo que pareció ayer, más allá de las palabras y los discursos, no es que la fruta esté verde, sino más bien que está verdísima.

Sí se cumple el objetivo de los actores de la obra representada. En Catalunya la lectura mayoritaria será que estamos ante un avance insuficiente, inconcreto e indefinido, pero que se sitúa en la buena dirección. Algunos, más optimistas, incluso cantarán las bondades federales de una revolución en financiación autonómica, pero serán los menos. Las voces moderadamente críticas añadirán que, dada la debilidad política de Pedro Sánchez en estos momentos, probablemente no se podía ni convenía forzar más la máquina. Patada y a seguir. Los mensajes apocalípticos que lleguen desde el resto de España harán el resto para dar por buena esta falsa imagen de satisfacción que en nada se corresponde a la realidad de lo acordado.

Quedan todas las cuestiones abiertas, reducidas de momento a generalizaciones que a nada comprometen. Pendientes en su concreción de negociaciones y de reformas legislativas posteriores que exigirán mayorías parlamentarias que no están garantizadas. Así que tanto defensores como detractores tienen hoy los mismos motivos de preocupación o esperanza que el día en el que el PSOE accedió a abrir este melón. Eso sí, los socialistas se garantizan el relato, sin comprometerse más de la cuenta, de que están intentando cumplir con lo que acordaron. Con lo que volvemos a lo de siempre: ganar tiempo. La bilateral de ayer fue sobre todo una manera solemne de retrasar el reloj de Pedro Sánchez. Dicho de otro modo: no pasó nada.