Fiestas musulmanas: que se note el efecto sin que se note el cuidado
El debate abierto en Jumilla hace corpóreo en España el miedo a la gran sustitución. Jaque a la concepción liberal que creíamos eterna: ¿Aceptamos o no un paisaje humano, cultural y religioso que compite en la calle con el sentido como propio?
Mujeres musulmanas pasean por un parque de Jumilla (Murcia). a trabajar y a consumir". (EFE/Marcial Guillén)
Seguimos arrastrando lo del cordero y el fin del ramadán de Jumilla. Ayer doble episodio. En el primero, el Gobierno de España pidió al Ayuntamiento a través de su Delegación en la comunidad murciana la anulación del acuerdo municipal que en la práctica supone el fin de esas celebraciones musulmanas multitudinarias en equipamientos públicos de la localidad.
En el segundo, el vicesecretario general del PP, Juan Bravo, defiende la decisión de su partido en Jumilla y acusa Pedro Sánchez de buscar, al igual que Vox, la confrontación gratuita a cuenta de la inmigración, pues el debate, dice, no tiene sentido. El texto acordado, razona, ha levantado una polvareda innecesaria pues es impoluto en la forma y no tiene los efectos jurídicos que se le atribuyen (nada de discriminar la práctica de la confesión musulmana). Y, añade, las declaraciones políticas que lo han acompañado -la explicación de lo que pretendía ese acuerdo- no son más que eso, declaraciones que no debieran preocupar a nadie.
Lleva razón Bravo en los argumentos en los que insiste. El texto que se aprobó, convenientemente transaccionado por el PP para aguar en la forma pero no en el fondo la propuesta inicial de Vox no contraviene abiertamente la libertad de culto que consagra la Constitución. Por tanto, está igualmente en lo cierto el dirigente popular cuando afirma que las declaraciones políticas con las que se vendió su aprobación -el sacar pecho por parte de Vox de que la localidad murciana era la primera en la que no serían posibles los grandes festejos asociados a la religión musulmana- no crean realidades, pues sólo se trata de palabras sin valor jurídico alguno.
Hasta ahí la letra del argumentario popular tiene cierto sentido. Pero hay gato escondido. Lo que viene a decirnos el PP es que la manera de evitar los festejos multitudinarios exige cierta creatividad, amén de conocimiento jurídico, para que se note el efecto sin que se note el cuidado.
Vamos, que la letra de lo acordado es impecable y defendible, aunque todos sepamos que no tenga mucho que ver con el motivo por el cual se ha articulado y aprobado esa propuesta. El mensaje de fondo es que para contravenir un derecho constitucional a un individuo y a un colectivo hay que ser impecables en la formulación jurídica. Disimularlo y ponerle las cosas imposibles a quien pretenda impugnarlo ante la Justicia. En Catalunya hicimos un máster sobre estas cuestiones durante los años del proceso: ¿cómo hacemos para saltarnos la ley sin que pueda decirse que nos saltamos la ley? No hace falta recordarle al lector que la historia acabó como el rosario de la aurora.
Es esta una cuestión complicadísima. Rebasa la tradicional discusión que hasta ahora acentuaba el debate sobre inmigración sí, inmigración no, inmigración depende. Lo de Jumilla no versa sobre la relación entre la inmigración y la delincuencia, la degradación de los servicios públicos, la aparición de guetos o la sostenibilidad del crecimiento poblacional por la vía rápida y desordenada en algunos lugares de nuestra geografía.
Jumilla pone sobre la mesa algo más peliagudo y todavía más difícil de abordar: la aceptación o no de un nuevo paisaje humano, cultural y religioso que compite en la calle con el sentido como propio. La inmigración pasa a ser algo perjudicial porque es demasiado visible y porque son demasiados los que se expresan cultural y religiosamente en concordancia con lo que son y creen. Es un mensaje que incluye no sólo a los inmigrantes, sino también a sus hijos y los ya naturalizados a través de la nacionalidad pero de confesión musulmana. Con el debate abierto en Jumilla la teoría de la gran sustitución que hay que combatir a cualquier precio, incluso renunciando a valores hasta ahora fundamentales, se hace carne en España a través de un ayuntamiento.
Es un salto cualitativo de lo más relevante. Actúa como espejo en el que evaluar hasta qué punto siguen envejeciendo bien valores que creíamos inmutables y que están reflejados en nuestra Constitución y descubrimos que hay ya muchísimos conciudadanos cuestionándolos.
Y no, no es un debate para nada sencillo. Estos días, a tenor de otro artículo referido a la misma cuestión, he interactuado con amistades que militan de un modo entusiasta en una concepción del mundo liberal humanista en el que las libertades individuales son sagradas. Pero ¡ay!, es poner el asunto de Jumilla en el centro de la mesa y las cosas se complican muy mucho si de mantener la coherencia se trata.
De la teoría a la práctica, del sí al pero. Y es que una cosa es defender la libertad de culto y otra aceptar que el paisaje humano y cultural de la España del presente mute para dar cabida a otra religión y a otras costumbres. Una cosa es aceptar lo que se considera residual, anecdótico o, por lo menos, no amenazante. Y otra seguir pensando lo mismo cuando se ha activado el miedo a que lo que consideras "tuyo" se convierta en subalterno o deba competir por mantener la hegemonía.
Algunas de las personas que viven este proceso, algo sin duda más habitual de lo que creemos en algunas zonas de España, incluso confiesan cierta vergüenza cuando se les señala esa contradicción que supone mantenerse fiel a los valores propios de la democracia liberal y, al mismo tiempo, darte cuenta de que los estás traicionando. Pero está sucediendo y es así como se vive en muchas cabezas.
Un debate interno complejísimo que ejemplifica la dificultad de abordar cuestiones como ésta, que nos interpela directamente sobre la validez de preceptos y normas que hasta ahora se defendían a pie juntillas de manera unánime.
La traslación política del caso Jumilla puede leerse a través de esta ecuación de valores. El PSOE se mantiene firme en su formulación clásica, Vox aspira a subvertirlos y el PP prueba de manejarse -el efecto sin el cuidado- en el sí pero no. Son tres posiciones que revelan perfectamente desde el plano partidista cuál es la opinión de los ciudadanos españoles al respecto. Y no hay que ser un avispado profesional de la prospectiva para saber dónde está en estos momentos la mayoría.
Seguimos arrastrando lo del cordero y el fin del ramadán de Jumilla. Ayer doble episodio. En el primero, el Gobierno de España pidió al Ayuntamiento a través de su Delegación en la comunidad murciana la anulación del acuerdo municipal que en la práctica supone el fin de esas celebraciones musulmanas multitudinarias en equipamientos públicos de la localidad.