La patronal se enciende con el catalán, Bustinduy rectifica y Junts recoge carrete

Nuevo calentón a rebufo del catalán, Junts y el Gobierno. Prendió la mecha la vehemente jefa de filas de los junteros, Míriam Nogueras, anunciando a bombo y platillo que su partido había arrancado al gobierno una insólita concesión: en toda España las empresas con 50 millones de facturación y 250 empleados estarán obligadas a contar con servicios de atención al cliente en catalán y en el resto de las lenguas cooficiales, con independencia del lugar donde estén ubicadas.

Hay carpanta de concesiones en Junts. Necesidad de presumir. Van pasando los días, semanas y meses y los de Puigdemont han de resignarse a tomar nota de que el Gobierno no hace los deberes con lo acordado con ellos en su día en Bélgica y que le valió a Pedro Sánchez la investidura.

No sólo esos acuerdos de investidura -amnistía al margen- no tienen fecha de cumplimiento, sino que ahora también decaen los pactos posteriores. Es el caso de la cesión de competencias de gestión en inmigración que acordaron PSOE y Junts, permitiendo al ejecutivo aprobar en el Congreso en una negociación agónica uno de sus decretos ómnibus. Cierto que en este caso la responsabilidad del incumplimiento será atribuible a Podemos y no al Gobierno. Pero el resultado a fin de cuentas será el mismo: las alforjas de Junts están llenas de promesas pero vacías de alimento. Por no conseguir, no han conseguido todavía lo más preciado: el regreso de Carles Puigdemont.

De ahí la necesidad de sacar pecho, incluso de lo incomprensible. Como por ejemplo la enmienda acordada con el PSOE y Sumar en el redactado de la futura ley del comercio y que ha sacado de sus casillas a la patronal. Ojo, que también ha desconcertado incluso a los catalanoparlantes más vehementes en la defensa de sus derechos lingüísticos. ¿Si la Generalitat lleva décadas incapacitada para hacer cumplir las leyes de protección del catalán vigentes en Cataluña, a qué viene ahora ponerse en camisas de once varas en el resto de España? Un sinsentido incomprensible. Insistamos en ello, también para los más sensibilizados en el terreno lingüístico.

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El gobierno, a través del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha procurado echar agua al vino de los junteros. Su interpretación de lo acordado difiere de lo explicado por Miriam Nogueras. Se trata, efectivamente, de garantizar la atención en catalán -o en el resto de lenguas cooficiales- en el servicio al cliente siempre y cuando la petición provenga de los territorios en los que se habla el catalán, el gallego y el vasco.

Si la matización gubernamental es cierta, el único cambio que se produciría respecto al presente es que dejaría de ser una dádiva empresarial la atención en la lengua del consumidor en las comunidades con dos idiomas oficiales, para pasar a ser algo obligatorio para el tipo de empresas afectadas por la medida.

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Si esto fuera lo que acabase sucediendo, y aunque desde la perspectiva liberal ortodoxa siguiera juzgándose como algo perjudicial, lo cierto es que la medida estaría ya situada en el terreno de lo razonable y necesario. Puesto que la realidad confirma que son muchas las empresas que voluntariamente no lo garantizan.

Entre las afirmaciones de unos y las matizaciones de otros, mejor no hacer cábalas tal y como está la legislatura. Pero que desde las propias filas de Junts, diversas fuentes coincidan más con el planteamiento que señala el ministro Bustinduy, atribuyendo la interpretación inicial a un problema de comunicación, permite intuir una recogida de carrete por parte de los soberanistas.

Para no darle la razón a Bustinduy, en Junts introducen ahora el concepto de "domicilio" del cliente para las quejas escritas. Es decir, que si uno está de tránsito en Madrid pero está empadronado en Olot, pueda escribir una reclamación en catalán sobre un producto comprado o un servicio prestado en Cataluña. Y que la respuesta deba garantizársele en ese mismo idioma si ha de recibirla en su idioma.

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Incluso con el matiz, estaríamos otra vez en el sinsentido de lo que ningún catalanohablante ha reclamado jamás. Estos matices que Junts introduce ahora suenan más a un modo de limitar el alcance de lo anunciado por ellos mismos sin llegar a contradecir abiertamente a Míriam Nogueras.

De fondo, el hambre canina de logros en el eje identitario que Junts no acaba de lograr. De ahí la vehemencia en atribuirse un botín que ya veremos finalmente en qué queda.

Porqué lo que sí es cierto es que una vez dado el paso de atribuir al acuerdo un valor performativo del que ahora el gobierno difiere, no sería de extrañar que Junts optase por negarle a la ley el visto bueno. Llegado el caso, sería una más de tantas.

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Pero entre los catalanohablantes ni frío ni calor. La necesidad de proteger y promover el catalán tiene sentido en Cataluña. Y por su valor simbólico, por la plena aceptación del plurilingüismo de España que significaba, también lo tuvo que el Congreso y el Senado autorizasen por fin el uso normalizado del resto de lenguas de España. Pero lo que se ha anunciado esta semana, después corregido, ni tiene peso simbólico alguno, ni da respuesta a una necesidad o exigencia real por parte de los catalanohablantes.