Pobre Justicia

Buenas noticias desde Europa para los impulsores de la ley de amnistía. Nada definitivo, pero sí premonitorio. Los dictámenes del abogado general Tribunal de Justicia de la Unión Europea son, en la mayoría de los casos, un anticipo que permite adivinar cuál será el pronunciamiento definitivo en forma de sentencia. Y ayer el señor Dean Spielmann, que así se llama el señor, dejó claro que según su criterio la ley pactada entre el PSOE y Junts para hacer posible la investidura no contraviene el derecho europeo, salvo en un par de cuestiones menores que no alteran el fondo del asunto.

Más allá de los argumentos jurídicos, y con el ánimo de reforzarlos, Spielmann llega a afirmar en su escrito que la ley se aprobó en un contexto real de reconciliación política y social, a lo que añade que no constituye una autoamnistía y que por tanto cumple con los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal de Derechos Humanos. Sin duda, y a la espera de la sentencia definitiva, el pronunciamiento del abogado general del TJUE es un espaldarazo, con alguna reserva de carácter muy menor, a las tesis defendidas por los impulsores de la norma.

Si la futura sentencia del TSJUE se alinea con la tesis de su abogado general, será todavía más difícil justificar la anomalía que supone que la ley que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez y el inicio de la presente legislatura no se haya desplegado todavía con todos sus efectos.

A pesar de la literalidad del documento evacuado por el abogado general de la UE, ayer cada maestrillo seguía aferrado a su librillo. Hubo, en los medios de comunicación, quien prefirió coger el rábano por las hojas y convertir las minucias que cuestiona Spielmann en una gran victoria de quienes defienden la ilegalidad de la ley de amnistía.

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Otros, los más aguerridos, cuestionaban la profesionalidad del abogado general de la UE radiografiando su trayectoria como jurista, para acabar tachándolo de ser un hombre ideologizado en favor del extremismo. Afortunadamente, los más se limitaron a leer el texto hecho público y comprobar que dice lo que dice: que la ley de amnistía es legal en lo fundamental y no atenta ni es contraria a la legislación europea.

Hay que saber perder, hay que saber ganar. La sentencia, cuando llegue, establecerá una verdad jurídica. No cambiará la opinión formada por cada ciudadano al respecto. Amparará legalmente, si se alinea con la opinión de Spielmann, la ley de amnistía a nivel europeo. Pero nada más. Seguirá siendo verdad, para quien así lo crea, que Sánchez no tenía derecho a negociar su investidura a cambio de una amnistía y menos todavía a pactar línea a línea el contenido de la ley con quienes iban a beneficiarse de ella. Pero se habrá establecido, en lo tocante a la legislación europea, una línea divisoria entre la legalidad y el juicio político de cada uno sobre el particular. Eso no impedirá, claro, que cada uno siga en sus trece. La verdad que establece la justicia no acostumbra a cambiar pareceres en cuestiones políticas. Declara vencedores y vencidos. Pero los segundos siguen creyendo que la razón está de su parte.

Opinión

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El asunto de la amnistía en Bruselas ha coincidido con el final del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo, desarrollado bajo la lógica de un partido de fútbol: los siete jueces en el papel de árbitro y cada afición política y periodística animando desde las gradas.

La sentencia, sea cual sea, no va a cambiar nada. Álvaro García Ortiz seguirá siendo inocente para sus hooligans y culpable para sus detractores. Como en el caso anterior, tendremos en breve una verdad judicial, pero sin ningún impacto sobre la opinión ya fijada de quienes han seguido con interés el caso. Será así con independencia de lo que diga la sentencia y los argumentos que fije el redactado para justificar el contenido de esta. Tampoco dará o quitará razones a quienes pensaban (pensábamos) que García Ortiz debía dimitir con independencia de que acabara siendo condenado o absuelto para no dañar a la institución y quienes han militado en la posición contraria.

De lo que se deriva que cualquier asunto de interés político que acaba en manos de la justicia, sea cual sea su instancia, en lugar de fortalecerla, la debilita. No puede ser de otra manera. Puesto que en la mayoría de los casos se la usa con un ánimo utilitarista que va más allá de la mera aspiración de hacer justicia. Es el caso de los dos ejemplos aquí citados. En el primero para alargar un proceso y dificultar la aplicación de una norma a través del filibusterismo jurídico (el caso de la ley de amnistía). En el segundo, con un gobierno acusando al Supremo prácticamente de golpista por llevar a juicio al fiscal general.

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Se escribe habitualmente que la judicialización de la política acaba por desacreditar a esta última. Pero no es del todo cierto. Es la justicia la que sufre más intensamente un agudo proceso de pérdida de respeto. A ello contribuyen en la mayoría de los casos los actores políticos, pero en otras son los propios profesionales de la justicia quienes se empeñan en destruir su credibilidad.

De la política nadie espera que se comporte de otra manera, de la justicia sí. Por eso es esta última la que viene obligada a padecer más en términos de pérdida de prestigio y confianza. Y es así -trabajando sin descanso para desacreditar sus poderes- como se lamina un estado. Cada día hay un ejemplo. El próximo va a ser la reacción a la sentencia sobre el caso del fiscal general. Sea la que sea y diga lo que diga.