Financiación autonómica y trampas al solitario

El déficit estructural del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ronda los 3.000 millones de euros anuales. La fórmula para que cuadre el presupuesto consiste en desplazar contablemente parte del gasto, aunque ya se haya efectuado, al siguiente ejercicio. En 2025, la cifra exacta de la patada hacia delante ha sido de 2.800 millones. Trampas al solitario, efectivamente. Pero trampas necesarias para seguir prestando servicios esenciales.

Hoy sabremos la letra pequeña del nuevo sistema de financiación del que ayer sacó pecho Oriol Junqueras en el Palacio de la Moncloa. Pero antes del análisis político del acuerdo entre Sánchez y el líder republicano, hemos creído oportuno reflejar la cifra del déficit sanitario para ilustrar hasta qué punto es necesario un nuevo sistema de financiación que solucione la infrafinanciación de servicios básicos -no sólo en Catalunya- que prestan las CCAA. De hecho, la inyección de más recursos a las autonomías, todas van a llevarse su parte según han prometido los socialistas, supone, en cierto modo, dejar de engañarnos a nosotros mismos, aunque no del todo. Digamos que algunos presupuestos autonómicos, los de las CCAA peor financiadas en particular, serán un poco más reales si el acuerdo acaba con el refrendo de una nueva ley de financiación.

Habrá que estar atentos a la letra pequeña del acuerdo. Los antecedentes sobre esta cuestión obligan a la cautela, cuando no al escepticismo. No sería la primera vez que la distancia entre lo que explican los políticos protagonistas del acuerdo y la plasmación práctica del mismo presenta disonancias mayúsculas.

Ayer lo que se nos dijo es que el Gobierno se ha comprometido a respetar el principio de ordinalidad (que la comunidad que aporta no pierda posiciones después del reparto solidario entre todas) y que, según los cálculos que se manejan, eso significará para Cataluña unos ingresos adicionales de 4.700 millones de euros anuales más sobre un presupuesto actual -prorrogado- de 41.000 millones. La potencia de tiro presupuestario de la Generalitat se incrementará formalmente un 12%. Así que quizás durante unos años no serán necesarias las trampas al solitario, o no deberán ser tan vistosas como las que referíamos en el primer parágrafo.

Como era previsible, ayer se desataron los infiernos ante el acuerdo. El argumentario repartido por el PP a todas sus baronías y también repicado por los dirigentes nacionales insistía en que el acuerdo equivalía a un acto de "corrupción política", en el sentido que supone un trato de favor a los independentistas a cambio de alargar la estadía de Sánchez en la Moncloa. Las demás razones recorrían lugares previsibles sobre la indecencia de romper la igualdad de los españoles, el privilegio de algunos, la negativa a aceptar salir perdiendo con el nuevo sistema de financiación de otros, etc.

Efectivamente, estamos ante una cesión a ERC y negociada únicamente con ellos. Mal asunto tratándose de un sistema de financiación que afecta a todas las CCAA. Así se acordó en su día para hacer posible la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Sólo que el acuerdo, cuando los republicanos lo explicaron a su electorado, era bastante más ambicioso. Se dijo que lo que acabaría pariendo la montaña sería el equivalente al modelo vasco pero con una cuota de solidaridad que debería pactarse. Cataluña ingresaría directamente todos los impuestos a través de su propia Agencia Tributaria y después abonaría al Estado esa parte solidaria. Nada de eso ha quedado finalmente en pie. Cataluña sigue en la LOFCA y lo que se hacen son ajustes en el reparto, pero con más dinero encima de la mesa para que en números absolutos nadie pierda comba.

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Esta rebaja en los planteamientos iniciales explica que ayer los republicanos sacaran sólo un poquito de pecho contrariamente a lo que podía imaginarse. Y que, a diferencia de cuando la anterior reforma de la financiación de las CCAA en 2009, entonces con la Cataluña del tripartito (PSC+ERC+IC) también de ariete, evitaran expresiones del tipo "la mejor financiación de la historia". Más bien, al menos en Cataluña, los republicanos han actuado casi como si debieran justificarse por dar el sí a un sistema de financiación tan alejado del que pretendían.

El cuadro es tan dispar en las apreciaciones que, mientras una parte de la España política grita que los catalanes van a llevárselo crudo, en Catalunya Junts ya ha activado sus altavoces para insistir que el acuerdo es una estafa y que, de momento, no piensa darle apoyo en el Congreso cuando deba validarse la ley. Entre los nacionalistas la idea es que quien ha cedido es ERC, no el PSOE, que se ha limitado a poner más fondos en el sistema autonómico (¿20.000 millones?) para que ninguna comunidad pueda decir que ha perdido.

Como el acuerdo entre republicanos y socialistas no tiene garantizado el apoyo en el Congreso, está por ver lo que acaba sucediendo. En Cataluña, tanto el Gobierno de la Generalitat como ERC, con ayuda de las patronales y otras entidades y voces que comparten la razonable idea de que más vale pájaro en mano que ciento volando, presionarán a Junts para que dé su brazo a torcer y cambie su posicionamiento contrario. Como el partido de Puigdemont es imprevisible, vaya usted a saber. Sus sectores más pragmáticos insisten ya en la necesidad de mostrarse contrarios discursivamente, dejar claro que estamos ante una traición de ERC, pero acabar votando finalmente que sí en un ejercicio que podría explicarse como un acto de responsabilidad. Pero practicar los futuribles con Junts sirve más bien de poco.

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Hoy, cuando se conozcan los detalles, los análisis podrán realizarse ya con conocimiento de causa suficiente. Pero es poco probable que la discusión se centre en lo fundamental -¡el contenido real!- con independencia de quiénes lo hayan acordado.

Lo que debiera preocuparnos, con independencia de la comunidad en la que cada uno viva, es que la financiación de las CCAA sólo pueda abordarse cada vez que los nacionalistas tienen la oportunidad de forzar la máquina gracias a la aritmética parlamentaria y no cuando formalmente debiera hacerse.

Es este un pilar básico del correcto funcionamiento del Estado y debieran respetarse los plazos de su revisión para corregir errores o adecuarla a las nuevas realidades sociológicas a las que debe servir. ¡Han pasado once años desde que el actual modelo debía revisarse!.

De igual modo, los gobernantes autonómicos harían bien en servir en esta cuestión a los intereses de sus ciudadanos y no a los de su partido. La lealtad necesaria a unas siglas no pasa forzosamente por situar éstas por encima de lo que conviene a quienes representan.

Si la financiación autonómica adquiriera categoría de política de Estado y los gobernantes regionales actuaran como tales, en vez de correveidiles serviles de sus sedes nacionales, podríamos ahorrarnos según qué ridículos espectáculos, hacer las cosas bien y a tiempo y juzgar las cosas por lo que realmente son. Pero esto es pedir demasiado. A nacionalistas y a no nacionalistas.