El error de no condenar la violencia contra Aliança Catalana

Hay quien menosprecia la condena de la violencia por considerarla una simple rutina. Esa mirada olvida el valor performativo del discurso. Afortunadamente no es esa una opinión muy compartida. Es cierto que a veces se advierte en la condena de los hechos, los que sean, un aire rutinario que la despoja de solemnidad y trascendencia. Pero lo cierto es que los partidos y las instituciones no sólo siguen condenando, sino que estadísticamente el número de este tipo de posicionamientos ha aumentado a medida que algunos delitos -género, odio- han adquirido una relevancia mainstream que no tenían en el pasado.

Lo que sí es más habitual de lo que debería es que las condenas de las actitudes violentas o coercitivas vayan muchas veces por barrios. En estos casos, un mismo hecho merece ser condenado o no en función de dos variables: quién ha sufrido el acto violento o la coacción y quién la ha protagonizado.

El ejemplo más habitual, paradójicamente, se da en los centros universitarios. Lugares catalogados como templos del espíritu crítico pero en los que se exige por parte de los militantes del autoritarismo el pensamiento único. Al que recibe, real o metafóricamente, tantas veces el mensaje que se le acaba trasladando es que, de un modo u otro, lo merecía. ¿Acaso no tenía otra cosa mejor que hacer que pasearse por un campus exponiendo sus ideas en libertad?

Pero no hablamos hoy de universidades. Esta semana un exconcejal de la CUP fue detenido en el municipio catalán de Santpedor por resistencia grave a la autoridad tras forcejear con un policía municipal. Trataba el detenido, junto a otros manifestantes y cargos cuperos, de impedir la toma de posesión de un nuevo concejal de Aliança Catalana. El regidor debutante, Jordi Soteras, accedía al Ayuntamiento de Santpedor tras la renuncia de un concejal de Junts, partido del que éste también formaba parte y con el que se presentó a las elecciones municipales antes de pasar a engrosar las filas de la ultraderecha catalana.

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El caso es de lo más simple. Militantes de la CUP y Aliança coincidieron en la plaza del Ayuntamiento. La policía municipal tomó medidas para que no coincidieran en el pleno. El exconcejal cupero intentó acceder a la sala, saltándose las disposiciones de seguridad que se habían establecido. Se lo impidieron. Hubo un severo forcejeo con la policía y finalmente fue detenido y trasladado a comisaría. Finalmente el pleno pudo celebrarse con normalidad.

No es el primer encontronazo de este tipo. Los ha habido más graves. Hace unos meses un militante de Aliança fue agredido en el barrio barcelonés de Les Corts y tuvo que ser atendido en un hospital. También entonces los agresores eran de extrema izquierda y la justificación para la agresión la misma que ahora: no queremos aquí a la ultraderecha. Los desafíos de la CUP y de los grupúsculos de extrema izquierda hacia la extrema derecha son de lo más común. Lanzamiento de huevos y destrozos en las carpas de esta formación son bastante habituales.

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No sorprenden, ni mucho menos, estos ramalazos de violencia y coacción; pues son en realidad de lo más previsibles. Pero sí es llamativa la inexistente reacción política que provocan cuando suceden. En particular que la condena de los hechos brille por su ausencia. Por ejemplo, en el caso de Santpedor sólo Alejandro Fernández, el líder del PP en Catalunya, ha condenado los hechos públicamente.

Es fácil imaginar que esto no sería exactamente igual si los papeles de los protagonistas estuvieran cambiados. Entonces se sucederían los comunicados de condena y los apuntes de indignación en las redes. Pero el cordón sanitario a Aliança Catalana, igual que a Vox, alcanza también el mínimo democrático de condenar las agresiones que puedan sufrir sus militantes o, como en este caso, los intentos de coartar a sus representantes institucionales el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Esta actitud es de lo más peligrosa. En primer lugar, porque la presencia de Aliança en las instituciones irá a más. En consecuencia, también aumentarán este tipo de situaciones. Estamos solamente en el prólogo de lo que viene. Y segundo, aunque condenar no tenga un efecto práctico inmediato, lo que se consigue no haciéndolo es abonar la idea implícita de que las gentes de Aliança Catalana tienen en realidad lo que se merecen. Algo así como que quien siembra vientos, recoge tempestades.

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Es compatible el mayor de los desprecios políticos por Aliança Catalana e indignarse con los actos de violencia hacia sus integrantes o los que tienen por objeto impedir el normal desarrollo de un acto institucional en el que participen militantes de dicha formación.

El partido de Orriols no es fácil de digerir. Sus planteamientos rayan el etnicismo más arrogante, al que suman el desprecio del inmigrante y la estigmatización sin matices de colectivos enteros por cuestiones de origen y religión. Pero están en el juego político y la manera de embridar su crecimiento no es, desde luego, el escrache a sus integrantes. El efecto es más bien el contrario. Pues la victimización, tanto la real como la fingida, acostumbran a rendir bastante bien en política.

Pero no es el futuro de esta formación, su mayor o menor crecimiento, lo que ha proyectarse calculadora en mano para determinar si han de condenarse o no las agresiones o coacciones que puedan sufrir. En realidad, es mucho más sencillo que eso.

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Las reglas democráticas son las mismas para todos. Y a ellas se deben la totalidad de actores políticos. Establecer grados de prelación para determinar quién merece solidaridad y quién no, equivale a abrir la puerta a la naturalización y justificación de las actitudes violentas y antidemocráticas.

Por eso es exigible que se actúe en consecuencia, pues los valores democráticos no son de quita y pon. Y más sabiendo que Aliança Catalana va a crecer de un modo muy destacado en lugares donde la CUP también había logrado con anterioridad cierta preeminencia.

Condenando la violencia o las coacciones no nos libraremos de ellas. Pero al menos sí dejamos claro qué opinión nos merece su ejercicio, sea quien sea quien lo lleve a cabo y con independencia de sobre quién. Claro que para ello ha de importarnos únicamente el qué. Y por lo que parece todavía no es el caso. Cuanto antes se entienda lo que conviene, menor será el riesgo de combustión futura.