¿Impuesto al sol?

Con la afortunada y demagógica expresión 'impuesto al sol' se critica que la actual regulación sobre autoconsumo eléctrico no establezca el concepto de 'balance neto' para el pago de todos los conceptos que forman parte de la factura eléctrica. Todos los consumidores tenemos la posibilidad de instalar en nuestras casas o en nuestras instalaciones industriales la capacidad de generación eléctrica que nos permita independizarnos de la red de distribución y autoabastecernos. Sin embargo, cuando hablamos del autoconsumo sometido al 'impuesto', estamos hablando de instalaciones de generación eléctrica -generalmente paneles fotovoltaicos- que se combinan con la conexión a la red, de forma que el consumidor pueda comprar o vender a su conveniencia.

Al abonar nuestra factura eléctrica, no solo hacemos frente a los pagos debidos por la potencia contratada y la electricidad efectivamente consumida, sino que también asumimos otros costes, necesarios unos para la correcta prestación del servicio que hemos contratado y otros que son fruto de decisiones políticas sucesivas, cuya responsabilidad económica ha sido transferida a los consumidores.

Entre los costes necesarios, destacan los inherentes a las redes de transporte y distribución de alta, media y baja tensión que llevan la electricidad desde las centrales de generación hasta nuestras fábricas, locales comerciales o viviendas. Un segundo concepto son los costes relacionados con la garantía de servicio. Por ejemplo, aquellas centrales que tienen que estar preparadas para conectarse a la red en un tiempo mínimo si su energía se necesitara.

El PSOE no acotó cuantitativamente el esfuerzo que los consumidores debían hacer. No limitó la potencia renovable a instalar con derecho a subvención

Los costes derivados de las decisiones políticas tienen su origen fundamental en la subvención a las energías renovables. El Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió cambiar el sistema hasta entonces vigente y procedió a garantizar a todas las inversiones en energías renovables una rentabilidad del 9% sobre la inversión efectuada. En esos momentos, los bancos financiaban al 4-5% y aceptaban que el capital se limitara al 15-30% del importe total del proyecto. Por consiguiente, la rentabilidad sobre el capital para proyectos con semejante apalancamiento era altísima y permitía sucesivas ventas de los proyectos con pingües beneficios en cada una de las transacciones. El resultado final fue que todas las personas adineradas de España y fondos de inversión de medio mundo se convirtieron en inversores en renovables en nuestro país.

El problema adicional fue que el Gobierno socialista no acotó cuantitativamente el esfuerzo que los consumidores teníamos que hacer. No limitó la potencia renovable a instalar con derecho a subvención. Nuestro esfuerzo, es decir, el dinero que los españoles íbamos a pagar por encima del precio de mercado, dependería únicamente del deseo inversor de terceros.

La prima a las renovables y la anualidad del déficit eléctrico constituyen los otros conceptos que los consumidores atendemos con las facturas eléctricas

Cuando con la crisis las cosas se empezaron a torcer, los precios del petróleo y gas a subir y la subvención a las renovables a crecer de forma exponencial, el Gobierno socialista decidió no subir las tarifas y anotar la deuda (déficit eléctrico), que finalmente ha habido que titulizar con garantía del Estado.

El Gobierno de Rajoy ha embridado el problema del déficit con una combinación de subidas de tarifas, impuestos y, sobre todo, con un cambio de regulación, revisando retrospectivamente la retribución a las renovables -reduciendo la rentabilidad del 9 al 7,5% desde el inicio de la vida útil de la instalación- y, lo más relevante, otorgando a través de concursos competitivos la nueva capacidad renovable con derecho a subvención.

La retribución primada a las renovables y la anualidad del déficit eléctrico constituyen por tanto los otros conceptos que los consumidores atendemos a través de nuestras facturas eléctricas junto a los costes de transporte y distribución y los relativos a la seguridad y fiabilidad del sistema. Estos costes se calculan cada año y se repercuten en función del consumo esperado.

La subvención cruzada que supone el 'balance neto' no supone avanzar en una dirección 'progresista'

Volvamos al problema del autoconsumo. Un sencillo ejemplo puede ilustrarnos. Un consumidor instala paneles fotovoltaicos en el tejado de su casa para su propio consumo y eventualmente vender a la red. Además, tiene que contratar con la empresa distribuidora para comprar en horario nocturno y cuando sus puntas de consumo superen la capacidad de su instalación. En un determinado periodo de tiempo, el consumidor de nuestro ejemplo ha consumido su propia electricidad y para ajustar su balance ha comprado 10 unidades y vendido cinco. No hay problema respecto al coste de la electricidad: paga cinco. Sin embargo, si contrata y compra 10 y vende cinco, está utilizando la red de distribución por 15, 10 de ida y cinco de vuelta. Si se le factura solo por cinco, se le está primando. Lo mismo cabe decir de los costes inherentes a la seguridad del sistema. Si contrata 10, el sistema debe garantizar 10 y el consumidor debe pagar 10, no cinco. El mismo análisis puede hacerse para la repercusión de la anualidad del déficit y de la subvención a las renovables. El balance neto permite ahorrarse al consumidor de nuestro ejemplo la mitad de su contribución debida al pago del déficit pasado y al apoyo a las energías renovables.

En otras palabras, no aceptar el 'balance neto' respecto a los costes adicionales del sistema eléctrico no supone crear un 'impuesto al sol', sino rechazar una nueva subvención cruzada entre consumidores, toda vez que los importes globales de los costes de transporte y distribución, la anualidad del déficit y la subvención a las renovables son los que son. Lo que se ahorran unos consumidores debería pagarlo el resto. Si consideramos que el propietario de un chalet tiene muchas más posibilidades de instalar paneles fotovoltaicos en su hogar que una familia que vive en un bloque de 100 viviendas, podemos deducir que la subvención cruzada que supone el 'balance neto' no supone avanzar en una dirección 'progresista'. Los consumidores españoles ya pagamos los platos rotos de unas subvenciones excesivas. No sesguemos el pago en contra de quienes tienen una menor renta disponible.