Revuelta autonómica

La sucesión de detenciones, dimisiones y demás asuntos relacionados con juzgados de todo orden ha impuesto una cierta sordina a la rebelión de las autoridades autonómicas contra las instrucciones del Ministerio de Hacienda de reducir los déficits de sus presupuestos. La coyuntura política no ayuda, pero junto a la inevitable demostración de 'independentismo' catalán y el esperado rechazo del socialismo andaluz, hemos visto cómo comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León, han rechazado tomar medidas, e incluso sus autoridades han recabado el apoyo de los demás partidos en su negativa a las pretensiones de Madrid.

En 2015 hemos gastado 50.000 millones de euros por encima de los ingresos fiscales. Nuestra deuda pública alcanza el billón de euros y en 2016 el Tesoro acudirá al mercado por un importe cercano a los 400.000 millones para financiar el déficit y los vencimientos de la deuda. Estas cifras ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la economía española. El inevitable fin de la política expansiva del BCE y la correspondiente subida de tipos de interés supondrá un lastre adicional para nuestras cuentas, por no hablar de un hipotético endurecimiento de los mercados internacionales, como el vivido en 2012. Deber dinero y necesitar pedir prestado supone depender de la voluntad de un prestamista que tendrá derecho a imponer sus condiciones.

Las comunidades autónomas tienen razón en solicitar un nuevo sistema de financiación que ya debería haber entrado en vigor. El problema es que cualquier sistema que se proponga en la actual coyuntura será, en líneas generales, un juego de suma nula. No habrá más dinero, sino una forma distinta de reparto, con los consiguientes ganadores y perdedores.

Cualquier sistema que se proponga en la actual coyuntura será un juego de suma nula. No habrá más dinero, sino una forma distinta de reparto

La mayor parte del gasto público autonómico se dedica a educación y sanidad. Cualquier sistema nuevo debería abordar estos capítulos de forma separada, garantizando a las comunidades la recepción de la misma cantidad de dinero por alumno de primaria, secundaria, formación profesional y universitaria en el caso de la educación y, por lo que se refiere a la sanidad, la misma cantidad de dinero por habitante y tramo de edad: el mismo importe por persona menor de 20 años, por persona entre 20 y 60 y por mayores de 60. Si se quiere sofisticar el sistema, puede añadirse un factor de corrección que considere la densidad de población. Este esquema asegura la equidad entre españoles y entre comunidades, garantiza la financiación de servicios esenciales en caso de caídas en la recaudación fiscal y es mucho más coherente con un sistema en el que la recaudación está centralizada y el gasto, distribuido.

Una financiación equitativa en términos per cápita permite también una comparación de las políticas puestas en práctica por las distintas administraciones y del grado de eficiencia alcanzado en su ejecución. A igualdad de financiación, las famosas listas de espera en la sanidad tendrían un indudable valor comparativo. En el ámbito universitario, la resultante de las decisiones de las diferentes autonomías es una proliferación de universidades, campus, sedes, grados, másteres y cursos de todo tipo. Enseñamos de todo a todos y en todas partes. La búsqueda de la excelencia, vital en la enseñanza universitaria, ha sucumbido a la extensión geográfica, hipotética fuente de votos. Una financiación equitativa por alumno matriculado en universidades públicas permitiría equiparar el criterio de los alumnos que se juegan su futuro con el del político que busca la brillantez de una nueva sede que luego hay que mantener con el dinero de todos.

El gasto público se puede y se debe reducir. Existen duplicidades entre administraciones y una proliferación de consorcios, empresas y fundaciones públicas dedicadas a las actividades más variopintas, nacidas en la mayor parte de los casos para buscar una flexibilidad administrativa que no permiten la Ley de Contratos del Estado o la normativa presupuestaria y, sobre todo, para buscar una capacidad de endeudamiento adicional. La deuda de las empresas públicas autonómicas a finales de 2015 ascendía a 4.997 millones de euros. Ya se hizo una poda a lo largo de 2012-13, pero lo importante es cerrar legalmente las posibilidades de creación de este tipo de entidades.

Una financiación equitativa permite una comparación de las políticas puestas en práctica por las distintas administraciones y del grado de eficiencia alcanzado

El debate sobre la existencia de las diputaciones provinciales nos hace olvidar la cuestión fundamental: ¿cuál es la forma más eficiente de contratar servicios básicos para pequeños ayuntamientos? No está claro que sea necesariamente la provincia el ámbito geográfico óptimo de contratación, ni que existiendo las comunidades autónomas no puedan estas ser parte contratante. En el ámbito empresarial, el ahorro reside no tanto en hacer lo mismo por menos dinero como en encontrar maneras distintas de planificar, contratar y ejecutar las actividades tradicionales.

Convivimos con una inmensa maraña de gasto superfluo. Quizá nadie lo haya expresado con tanto rigor como Antonio Muñoz Molina en 'Todo lo que era sólido', obra de recomendada lectura, publicada en 2013: “Los países inventados por la clase política con su gran lujo de parlamentos, televisiones, empresas públicas, jefes de protocolo, caravanas de coches oficiales, enjambres de altos cargos y enchufados mantienen los mismos fastos de siempre y solo ahorran con decisión en aquello que es fundamental: en escuelas, en profesores, en asistencia sanitaria, en investigación científica. En medio de la quiebra los ayuntamientos comidos por las deudas dejan una estela de proveedores arruinados y recortan en servicios sociales, pero siguen organizando las mismas fiestas barrocas de siempre, fiestas brutales de carreras de toros, de batallas en las que se arrojan millares de kilos de tomates, tracas de cohetes que a veces duran noches enteras”.

Habrá que negociar el reparto del déficit. Es necesario un nuevo sistema de financiación autonómica, pero es imprescindible la reducción del gasto y del déficit público. Nadie, ni el Estado ni las comunidades, puede negarse a la reducción del gasto. Está en juego la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, que es tanto como decir la sostenibilidad de nuestra capacidad de decisión como país.