Inmigrantes 'welcome'

En una conferencia sobre pensiones celebrada esta primavera en la Fundación Areces, el director del Servicio de Estudios del BBVA indicaba que en España, en el año 2050, harían falta 28 millones de afiliados a la Seguridad Social para que el sistema pudiera hacer frente a los 15 millones de pensiones previstas en ese año.

El pasado mes de julio hemos alcanzado de nuevo –no lo hacíamos desde el año 2008- la cifra de 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social. La población española en 2018 es de 46,6 millones. Por consiguiente, cotiza a la Seguridad Social un 40% de los españoles. El número de cotizantes depende de la gente que quiere trabajar (tasa de actividad), de la gente que encuentra trabajo (tasa de ocupación) y del volumen de la economía sumergida (trabajadores sin afiliación).

Si estos tres parámetros, actividad, empleo y, en definitiva, fraude, se mantienen constantes a lo largo de las próximas décadas, España necesitaría 70 millones de habitantes en el año 2050 para disponer de los necesarios 28 millones de cotizantes y hacer frente al pago de las pensiones.

El estudio más completo sobre proyección a largo plazo de la población española fue realizado por el INE en 2012. Según sus resultados, España tendría en 2050 41,9 millones de habitantes (unos 5 millones menos que ahora), repartidos de la siguiente forma: 6 millones menores de 17 años, 22,3 millones entre 17 y 67 años y 13,6 millones mayores de 67. La famosa pirámide de población se parecerá más a un cono invertido, con una base inferior a la cúspide. Somos el segundo país del mundo en esperanza de vida y el 187 en número de hijos por mujer en edad fértil. Al año se producen más muertes que nacimientos. Todos estos datos se reflejan en las proyecciones.

Cierto es que el estudio del INE parece pesimista: hoy nuestra población es un millón más que la proyección del estudio para 2018. Otras fuentes internacionales (populationpyramid.net) hablan de 45 millones de habitantes en 2050. En todo caso, la brecha entre la población proyectada y la necesaria para hacer frente a las pensiones será inmensa.

El sistema de pensiones es el pilar básico del Estado de bienestar. Garantizar su sostenibilidad incrementando la carga fiscal de nuestra economía es inviable. El déficit de este año superará los 18.000 millones de euros con 9,6 millones de pensionistas. Las pensiones crecen un 2,7% anual (más pensionistas cada año y pensiones más altas de los nuevos jubilados que de los fallecidos) antes de revalorizarlas, mucho o poco, de acuerdo con el IPC. Es impensable financiar el déficit inherente a 15 millones de pensiones con impuestos.

Necesitamos un crecimiento notable y sostenido de la población activa afiliada a la Seguridad Social. Es posible incrementar la tasa de actividad de nuestra economía, reducir el paro y combatir el fraude. Pero la condición imprescindible es aumentar nuestra población. Necesitamos ser entre 50 y 55 millones en el 2050 e incrementar el porcentaje de afiliación respecto a la población total entre diez y quince puntos.

El sistema de pensiones es el pilar básico del “Estado de Bienestar”. Garantizarlo incrementando la carga fiscal de nuestra economía es inviable

Financiar las pensiones es un caso evidente, pero no es el único derivado del descenso de población. Si un país decrece, si se reduce la demanda interna de la economía, la decadencia progresiva es inevitable. Incrementar la población requiere en nuestro caso una política decidida de apoyo a la natalidad. No se trata sólo de conciliar vida laboral y familiar ni de ampliar permisos de maternidad y paternidad. Se trata de ayudar financieramente a las familias que deciden tener hijos. Es una inversión en un futuro colectivo mejor.

El fomento de la natalidad, incluso si tuviera un éxito inesperado, deberá ser acompañado de una política activa de fomento de la inmigración. En la España de hoy un 10% de la población es foránea. En la España de 2050, si se alcanzan esos 50-55 millones de habitantes será gracias a entre 5 y 10 millones de inmigrantes adicionales. Tendremos un país en el que el 20% de la población será de origen extranjero.

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Javier G. Jorrín

Nuestros inmigrantes de hoy han venido y vienen como pueden y se buscan la vida. Sería conveniente establecer políticas de selección y formación, a través de acuerdos con sus países de origen, con entidades formativas de aquí y de allí y con asociaciones empresariales y empresas individuales potenciales oferentes de empleo. Se trata, en la medida de lo posible, de adecuar oferta y demanda de empleo, y de contribuir a configurar ese futuro 20% de la sociedad española de dentro de unas décadas. Las posibilidades de integración en nuestra sociedad de un latinoamericano son a priori superiores a las de por ejemplo, un afgano o un nativo de Sri Lanka.

De la fluidez de este proceso dependerá la existencia o no de un populismo xenófobo en España cuando vivamos en un país en el que al menos uno de cada cinco ciudadanos – con sus derechos y obligaciones- sea de origen extranjero. Otro problema que requerirá permanente atención y seguimiento es la compatibilidad de una tasa de paro del 15% con flujos migratorios positivos. En 2017 la inmigración extranjera neta superó las 174.000 personas. Algo no funciona en el mercado de trabajo cuando altas tasas de desempleo son consistentes con inmigración positiva.

Esta política de emigración activa poco tiene que ver con la política humanitaria de recogida de inmigrantes ilegales en aguas del Mediterráneo, víctimas de un tráfico que hay que combatir. Es necesaria una política activa de colaboración con Marruecos y una política de intervención responsable en los países subsaharianos origen de este tráfico. Hay que contribuir a su estabilidad política e institucional y hay que canalizar hacia ellos una ayuda económica importante, que debe estar sometida a un control finalista de carácter supranacional. No sería la primera vez. Aunque suene antidiluviano, conviene recordar que la OCDE es la heredera directa de la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica), entidad creada para administrar las ayudas del Plan Marshall con el que los Estados Unidos ayudaron a la reconstrucción europea tras la segunda guerra mundial.