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Coches y chalecos
El significado de la transición energética para los propietarios de 7 millones de coches es la exclusión: se encarece el uso de su vehículo, se restringe su uso y disminuye aún más su valor
Resulta difícil de entender que una protesta contra el incremento de los impuestos al diésel haya alcanzado las cotas de violencia que hemos visto en París. Los 'chalecos amarillos' protestaban no solo contra la subida del precio del gasóleo, sino contra una sociedad que se transforma a pasos agigantados sin ofrecer soluciones inclusivas a colectivos cada vez más numerosos.
En España, uno de los efectos colaterales de la crisis ha sido el incremento de la antigüedad del parque de vehículos en circulación: si en 2007 era de ocho años, en 2017 ha subido hasta los 12,2 años. Más de un 60% de los turismos en circulación tiene más de 10 años . Un 30%, es decir, algo más de siete millones de turismos, lleva circulando más de 15 años. En Madrid, por ejemplo, se calcula que hay algo más de 400.000 vehículos diésel de más de 15 años de antigüedad.
Es lógico suponer que los propietarios de vehículos más antiguos son los que tienen menos capacidad económica. El panorama que tienen ante sí es una fuerte subida de los impuestos al combustible si su coche es de gasóleo y la prohibición progresiva de circular en las ciudades. En Barcelona, a partir del próximo 1 de enero está prohibida la entrada a turismos de más de 20 años. Todos los planes anticontaminación de las ciudades incorporarán medidas similares. No hacen falta grandes elucubraciones para concluir que el valor de segunda mano de estos vehículos es inexistente.
El resumen es que el significado de la transición energética para los propietarios de 7 millones de coches es la exclusión: se encarece el uso de su vehículo, se restringe su uso y disminuye aún más su valor. Quedan convertidos en firmes candidatos a ponerse su 'chaleco amarillo'.
Un coche nuevo de gasóleo, que cumple la especificación europea (EUR 6), emite un tercio menos de CO2 y un 85% menos de NOX que un coche de más de 15 años. Es imprescindible la aprobación de un plan Renove, con incentivos atractivos, para los vehículos de más de 15 años, con la condición del achatarramiento del vehículo sustituido y sin la necesidad de que el nuevo vehículo sea eléctrico. Su efecto beneficioso sobre las emisiones será notable, además de servir para evitar que la sensación de exclusión se extienda. Cuando la sociedad se transforma debe propiciar mecanismos razonables de incorporación al cambio a todos aquellos ciudadanos que tienen dificultades en hacerlo.
Hace pocos días, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo sobre la reducción de emisiones de los coches. Los turismos vendidos en Europa en 2030 deberán tener unas emisiones medias de unos 60 gr/km. La senda descendente tiene una pendiente pronunciada: de los 117 gr/km actuales habría que llegar a 95gr/km en 2021 y a 80 en 2025, para alcanzar los citados 60 gr/km cinco años después.
El esfuerzo es notable. A partir de las cifras actuales, en 12 años el 50% de las ventas deberían ser de vehículos de cero emisiones que, a día de hoy, son caros y escasos. Otra manera de valorar el esfuerzo es que, con la tecnología disponible, no existe un motor de combustión que alcance los 60 gr/km. En España, por ejemplo, algo más de un 25% de los coches matriculados en 2017 emite más de 120 gr/km, lo que puede darnos una idea de la distancia por recorrer.
Opinión A la espera de que la tecnología y las economías de escala hagan accesible el coche eléctrico para una mayoría de la población, una de las vías que los fabricantes tienen para alcanzar la reducción de la media de sus emisiones es la creación de filiales de 'car sharing' o 'movilidad compartida', a las que vender coches 100% eléctricos. Para una marca que vende 50.000 unidades al año, colocar 5.000 en su filial de 'car sharing' supone reducir un 10% sus emisiones. Será una forma de contribuir a cerrar la ecuación y alcanzar los objetivos marcados.
La previsión es por tanto que la movilidad compartida, limitada inicialmente a la zona central de las grandes ciudades, irá progresivamente ampliando su zona de actuación y alcanzará núcleos urbanos de cada vez menor dimensión. Las consecuencias pueden ser importantes. Hoy en España circulan 23,6 millones de turismos. ¿Puede la movilidad compartida reducir significativamente esta cifra a lo largo de la próxima década? La respuesta solo puede ser afirmativa. Las implicaciones para la industria del automóvil, para los seguros o para el 'leasing' serán sin duda notables, tanto por el cambio de tamaño de mercado como de sus características principales en cuanto a propiedad y riesgo.
Opinión Según datos de la Asociación de Fabricantes de Vehículos, el sector del automóvil supone el 17,9% de las exportaciones españolas, el 8,6% del PIB y emplea al 9% de la población activa. Somos el segundo productor europeo y el octavo del mundo, pero todos los centros de decisión empresarial del sector se encuentran en el extranjero. Es imprescindible negociar el proceso de adaptación de la industria, establecer un programa de medidas que faciliten la adaptación del sector y que garanticen que los nuevos modelos eléctricos se producen en las 17 fábricas que hoy existen en España. En caso contrario, los trabajadores del sector se pondrán sus 'chalecos' y saldrán a nuestras calles. Y con razón.
La transición energética es inevitable porque es imprescindible, pero no se pueden anunciar medidas sin indicar sus implicaciones y las medidas previstas para minimizar costes, aprovechar las oportunidades que todo cambio supone y ofrecer soluciones a todos los sectores sociales implicados.
No queremos populismos, pero no explicamos los problemas ni somos capaces de diseñar y razonar soluciones necesariamente complejas pero que deben cumplir la imprescindible condición de ser lo más inclusivas posible, de tener en cuenta las necesidades de las generaciones venideras pero también los puntos de vista y las preocupaciones de la gente de a pie, y el futuro de uno de los sectores industriales más importantes de la economía española.