Deseos confesables

Ni el PSOE, ni Ciudadanos ni el PP aceptan otro marco que no sea la Constitución vigente. Por consiguiente, nada hay que negociar

Foto: Pablo Casado y Teodoro García Egea. (EFE)
Pablo Casado y Teodoro García Egea. (EFE)

Tras una legislatura corta que ha alumbrado dos gobiernos minoritarios, el primer deseo ante las próximas elecciones es que la suma de los escaños de cualquiera de las dos combinaciones centrales —PSOE y Ciudadanos o PP y Ciudadanos— supere los 176 escaños. Es decir, que exista una mayoría parlamentaria que no necesite ni de los extremos del arco político ni la colaboración de nacionalistas o independentistas.

Que un punto más de sosiego y dosis adicionales de frialdad adornen a los protagonistas de los procesos electorales que nos esperan esta primavera es un segundo y razonable deseo. Tras la campaña, la terca aritmética se acabará imponiendo.

Sea cual sea el resultado electoral, un tercer deseo es que no se negocie con los partidos independentistas catalanes. Negociar requiere la identificación previa de un ámbito común de entendimiento. Mientras no renuncien al referéndum de autodeterminación, la negociación con el secesionismo catalán es imposible, salvo que el ámbito de entendimiento sea la modificación de la Constitución y de su artículo 2, que explicita que la soberanía corresponde al pueblo español. Ni el PSOE, ni Ciudadanos ni el PP aceptan otro marco que no sea la Constitución vigente. Por consiguiente, nada hay que negociar.

Deslizarse por un diálogo en el que no se da publicidad a las peticiones iniciales de una parte, en el que el orden constitucional se sustituye por la 'seguridad jurídica', se deja evidencia fotográfica de negociaciones de 'Gobierno a Gobierno' en plano de igualdad y se acaba con la necesidad de un relator para mediar entre fuerzas políticas que conviven en dos parlamentos, ha sido una sucesión de ridículos inexplicables y, sobre todo, perfectamente evitables si el final iba a ser el que ha sido: la negociación no es posible porque no renuncian a la autodeterminación.

Es el nacionalismo catalán el que ha abandonado el marco jurídico al que debe su propio poder institucional. Cuando vuelva, será bienvenido. Mientras tanto, el Gobierno español tendrá que hablar con el Gobierno autonómico catalán, como con cualquier otro Gobierno autonómico, de financiación, sanidad o cercanías. Para cualquier otra cuestión fuera del ámbito competencial, nada como remitirse a la legislación vigente.

Usar la mayoría o ser incluso capaces de construir una mayoría más amplia que modifique la legislación electoral es otro deseo que formular ante la nueva legislatura. En nuestra norma electoral, el mantenimiento de la circunscripción provincial, el establecimiento de un número mínimo de dos diputados por provincia y el efecto de la Ley d’Hont priman a aquellos partidos que obtienen mejores resultados en las zonas de menor densidad de población, donde el número de votos para obtener un escaño resulta muy inferior al necesario para ganarlo en las grandes ciudades. En el Senado, con cuatro senadores por provincia, el desequilibrio es aún más acusado.

El Gobierno español tendrá que hablar con el Gobierno autonómico catalán como con cualquier otro Gobierno autonómico

Ampliar el número de diputados, cambiar la circunscripción provincial por la autonómica, introducir una lista nacional que tenga en cuenta los restos (votos sin representación) de las diferentes provincias son soluciones que acercarían la realidad del Congreso a la realidad social, algo siempre necesario en democracia. Siempre son más importantes los ciudadanos que los territorios, y la representatividad de nuestras instituciones es esencial para legitimar ante la ciudadanía su funcionalidad.

Este cambio electoral sería además de aplicación en Cataluña, donde por carecer de ley electoral propia se aplica de forma subsidiaria la norma estatal. Hacer visible en el Gobierno de Cataluña la mayoría social que el secesionismo ignora es posible con una nueva ley electoral. Podría ser el principio de la solución.

El siguiente deseo es iniciar la senda que permita recuperar unos niveles de endeudamiento público del orden del 60% de nuestro PIB, frente al 95% actual. En un escenario de tipos de interés crecientes, es necesario reducir la vulnerabilidad de nuestra economía y recuperar capacidad de maniobra frente a una eventual crisis. En una coyuntura internacional recesiva, acudir a los mercados internacionales en busca de endeudamiento adicional con nuestros actuales niveles de deuda solo podría hacerse a costa de un notable incremento de la prima de riesgo.

De acuerdo con los análisis efectuados por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), alcanzar en 30 años un nivel de deuda del 60% del PIB requiere la adopción de medidas normativas para que el conjunto de las administraciones públicas cierre sus cuentas con un superávit primario ligeramente por debajo del 1%, y, además, la introducción de reformas en el sistema de pensiones. Estas reformas deberían actuar sobre dos parámetros a la hora de calcular las nuevas pensiones: ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para fijar la cuantía de las nuevas pensiones y acercar la edad media real de jubilación a la edad legal en cada momento.

La reforma de la educación y sobre todo la de la formación profesional es un deseo siempre incumplido, aunque legislatura tras legislatura las fuerzas políticas presentan sus iniciativas, sin ser capaces de consensuar entre sí. Produce cansancio que el debate se reduzca al papel de la educación concertada, a la importancia curricular de la religión y a las horas de castellano en las autonomías bilingües. Las cuestiones que deberían absorber los esfuerzos de todos son la formación continua del profesorado, la capacidad de razonar y resolver en situaciones de incertidumbre frente a la tradición memorística, la educación en el esfuerzo individual y la imbricación de un mundo empresarial cada vez más cambiante con un sistema educativo que debe propiciar la inserción laboral de nuestros jóvenes.

Para terminar y no hacer interminable esta lista de deseos, un nuevo sistema de financiación autonómica en el que la variable más relevante no sea la recaudación fiscal sino el número de ciudadanos, corregido en su caso por la densidad de población. Se trata de sustituir parámetros de ingresos por parámetros de gasto, de forma que se garantice, en la medida de lo posible, la igualdad de todos los españoles en la percepción de dos servicios públicos esenciales: sanidad y educación.

Es muy posible que ninguno de los deseos enunciados se cumpla. Que una campaña estridente acabe sin mayorías, que se negocie lo innegociable con el secesionismo, que mantengamos una ley electoral cuyos principios arrancan de las primeras elecciones de 1977, que sigamos zascandileando con el déficit , haciendo demagogia con las pensiones, discutiendo sobre la religión en los colegios y sin arreglar la financiación autonómica. Es posible, pero será lamentable.

Por si acaso
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