Cien años por poner las urnas

Sin rubor alguno, los independentistas catalanes suman las sentencias de los nueve condenados a prisión por el Tribunal Supremo y, con menos vergüenza aún, esconden, tras un icono democrático, la conculcación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, las dos normas de mayor rango que los políticos condenados debían cumplir y hacer cumplir, fuentes del poder y la responsabilidad que en su momento detentaban.

No es la primera vez ni será la última, en estos tiempos y en otros en los que todo lo que era sólido se difumina, que las patrañas más burdas arraigan en las mentes fanatizadas por la intolerancia, la ignorancia y años de propaganda sin escrúpulos. La violencia resultante es la recolección del fruto sembrado.

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Josep Pla, en un artículo publicado en 'La Veu de Catalunya' el 10 de octubre de 1934, escribía, al hablar de los sucesos revolucionarios recién vividos: “Los hombres (…) que gobernaban en la Generalitat de Cataluña, a pesar de la magnífica posición de privilegio de que disfrutaban dentro del régimen (…) se han equivocado y lo han pagado caro. Han comprometido, sobre todo, lo que tenía que haber sido sagrado para todos los catalanes de buena fe. La política de la Autonomía, el Estatuto de Cataluña. No nos corresponde a nosotros emitir un juicio histórico para esta oligarquía que desaparece. Diremos solo que Cataluña sigue con su historia trágica, y que solo eliminando la frivolidad política que hemos vivido últimamente se podrá corregir el camino emprendido”.

Los españoles nos enfrentamos al mayor reto desde la restauración de la democracia: desde el respeto y admiración a Cataluña y su realidad, con un cumplimiento escrupuloso de la legalidad democrática, reducir de dos millones de personas a un tamaño digerible un movimiento supremacista, de corte étnico-lingüista, que ignora o persigue el ejercicio de los derechos ciudadanos de más de la mitad de la población de Cataluña, a la que como solución se les ofrece “irse a España”. Todo aquel que en su vida diaria se significa como partidario de la compatibilidad de lo catalán con lo español sufre el vacío, cuando no la presión, de los independentistas más fanatizados, ante el silencio de una mayoría que calla, aunque no necesariamente otorgue.

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En su artículo, escrito hace 85 años, Pla pedía eliminar “la frivolidad política que hemos vivido últimamente”. Podía haberlo escrito cualquiera de estos días.

Constituye una frivolidad pasmosa e irresponsable obviar la existencia de más de la mitad de la población del territorio que gobiernas, y además conducir a tus partidarios a un callejón institucional sin salida. Solo un frívolo puede sorprenderse de que el Estado ejerciera el poder que las leyes le confieren ante los sucesivos desafíos de septiembre y octubre de 2017. Quien pensara que el Estado, inane, iba a dejar pasar sin respuesta las decisiones y actuaciones políticas de aquellas semanas era de una ingenuidad pasmosa. Frivolidad culpable es también la de aquel que piensa que las revoluciones se controlan a distancia, que la violencia en la calle se modula desde un despacho. En todas las insurrecciones, el poder acaba en manos de los más violentos. Alentarlos desde un teórico pacifismo es cínico o estúpido.

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Resulta frívolo que los políticos, a la hora de designar un sucesor, prefieran a quien menos sombra pueda hacerles antes que elegir al más capacitado de sus colaboradores. Ejemplos hay en todos los partidos y a todos los niveles, pero la secuencia Pujol-Mas-Puigdemont-Torra muestra el astronómico precio que puede llegar a pagarse por semejante frivolidad.

También en Madrid, a lo largo de los años, se ha hecho gala de una frivolidad notable. Es frívolo pactar el Gobierno de España con quien no quiere ser parte de ella, con quien busca la destrucción del espacio de convivencia que los españoles nos dimos en 1978. Podía ser admisible cuando el nacionalismo respetaba el pacto constitucional. Hoy día, resulta incomprensible. Resulta frívolo que con el dinero de todos los españoles, incluidos los catalanes, se financien iniciativas tendentes a la destrucción del Estado. Desde el respeto escrupuloso a las reglas democráticas y con las modificaciones legislativas que sean necesarias, puede y debe impedirse el flujo de dinero público hacia el independentismo y sus órganos de propaganda.

Es frívolo pactar el Gobierno de España con quien no quiere ser parte, con quien busca la destrucción del espacio de convivencia

No se puede negociar cuando el único campo de juego delimitado por la parte contraria es el ejercicio de la autodeterminación, y considera el autonomismo muerto y enterrado. Una verdadera negociación empieza por la identificación de una intersección de intereses donde es posible encontrar los fundamentos en los que asentar un acuerdo. Si hemos estirado el autonomismo hasta el límite de que el Tribunal Constitucional nos ha dicho cómo hay que interpretar determinados preceptos para que no sobrepasen lo establecido en la Carta Magna, y haber alcanzado ese límite no sirve de nada, porque consideran la autonomía una reliquia trufada de resabios franquistas, lo frívolo es seguir ofreciendo un nuevo estatuto. Lo sensato es, con planificación, trabajo y método, desde la ley y el consenso democrático, recuperar competencias, ejercer la alta inspección del Estado y restablecer la coordinación con otras autonomías y con el Gobierno. Moverse en los límites de la autonomía requiere lealtad política. Si no hay lealtad, lo procedente es reforzar el control. Tiempo habrá, si corresponde, para reemprender el camino de la negociación.

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Frívolo sería dejar, en Cataluña, en España y en el resto del mundo, que la propaganda independentista campara a sus anchas y que sus falacias y tergiversaciones quedaran sin respuesta. Cataluña, desde la carolingia Marca Hispánica hasta nuestros días, tiene un papel relevante en la Historia del Reino de Aragón y en la Historia de España. La Historia no es un cuento de buenos catalanes contra los malos españoles, es algo mucho más serio. España es hoy una democracia plena, cuya Constitución permite sostener posiciones políticas que no caben en otros textos constitucionales de países miembros de la Unión Europea.

Frívolo sería pensar que el tiempo arreglará el problema, que el suflé bajará antes o después. Los movimientos totalitarios, y el nacionalismo supremacista y excluyente lo es, no se desinflan, solo pueden ser detenidos desde la firmeza democrática, con la ley en la mano y la sensatez y la paciencia política como pautas básicas de actuación.