El valor de un voto

El valor de cada uno de los votos que depositamos en las urnas el pasado 10 de noviembre es relativo. Depende de dónde y a quién votes. Acudimos a votar algo menos de 24,5 millones de españoles, lo que supone unos 70.000 votantes por cada uno de los 350 escaños del Congreso. A partir de este dato, podemos clasificar los partidos políticos que obtuvieron escaño en tres grupos: un grupo neutro, cuyos escaños costaron entre 60.000 y 80.000 votos, un grupo de partidos beneficiados, cuyos escaños se obtuvieron con menos de 60.000 votos, y, por último, las formaciones políticas perjudicadas por el sistema, cuyos escaños costaron más de 80.000 votos.

Para reducir la extensión del análisis, en el cuadro siguiente se incluyen solo los partidos beneficiados o perjudicados, con indicación de los votos por escaño de acuerdo con las últimas elecciones:

Estos desequilibrios se producen como consecuencia de las características de nuestra legislación electoral:

• Circunscripción provincial: nuestras elecciones generales son en realidad la suma de 50 elecciones provinciales más las dos de Ceuta y Melilla. La consecuencia es la presencia de 11 formaciones de ámbito provincial o autonómico en el Congreso.
• Asignación de escaños por provincias: a cada provincia se le asignan dos escaños, uno a Ceuta y otro a Melilla. Los 248 escaños restantes se reparten proporcionalmente a la población. Esta asignación supone que en Madrid o Barcelona la obtención de un escaño requiera cerca de 90.000 votos mientras que en Segovia o Teruel basten 15.000 para obtener un asiento en el Congreso.
• Requisito de obtención de al menos el 3% de los votos de la circunscripción para acceder al reparto de escaños. Este requisito ha sido especialmente perjudicial para un partido como Pacma (animalistas), que ha obtenido 226.469 votos pero se ha situado en todas las provincias por debajo del 3%, o para Más País que, aunque casi llega a 600.000 votos en toda España, solo ha superado el 3% en Madrid y en la Comunidad Valenciana.

Asignación de escaños en cada circunscripción mediante la aplicación de la Ley D’Hont, que favorece, sobre todo en las circunscripciones de tamaño intermedio, a las fuerzas políticas más votadas, que obtienen una proporción de escaños superior a la proporción de votos recibidos, en detrimento de los partidos menos votados. Por poner un ejemplo, en la provincia de Pontevedra, que reparte siete escaños, el PSOE y el PP, que recibieron el 61% de los votos emitidos, acapararon el 85% de los escaños en juego.

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Hablar de la modificación de la Ley Electoral cuando PSOE y PP (209 diputados entre los dos) son dos de los partidos beneficiados por la actual legislación, puede ser un esfuerzo que, por inútil, conduzca a la melancolía.

No obstante, si se mantiene un sistema proporcional y se aligeran alguno de los criterios más restrictivos de nuestra norma, en especial los relativos a la circunscripción (autonómica en lugar de provincial) o a la asignación de escaños, el resultado será, con los votos del pasado día 10, restar escaños a PSOE y PP, mantener a Vox más o menos en su situación, y mejorar a Podemos y Ciudadanos. Mejora la equidad, en términos de votos por escaño, pero las posibilidades de que la formación que más votos ha obtenido forme Gobierno disminuyen, ya que sería la formación que, en un reparto más equitativo, más escaños perdería.

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Sin alterar el sistema proporcional, una gran reforma sería considerar España como una única circunscripción electoral y mantener el requisito del 3%. La aplicación o no de la Ley D’Hont deja de tener relevancia, dado que en grandes circunscripciones su efecto es mínimo. Con los votos del pasado 10 de noviembre, los resultados serían los que se indican a continuación, si bien es necesario hacer alguna mención previa relativa a los partidos nacionalistas: ERC ha obtenido un 3,61% de los votos emitidos en España, por lo que pasaría el umbral necesario para la asignación de escaños.

Se ha considerado también, al igual que en las elecciones europeas, la constitución de una alianza entre JxCAT y el PNV, que también sobrepasaría el umbral del 3%, y una segunda alianza entre Bildu, BNG y la CUP, que se quedaría por debajo y no accedería al Congreso. Todo esto son hipótesis, pero más extraño sería pensar que el PNV o la antigua CiU, pese a sus sucesivas mutaciones, no iban a estar en la carrera de San Jerónimo.

Desde un punto de vista de equidad, todos los escaños tienen el respaldo de prácticamente el mismo número de votos. Se gana también en claridad, al desaparecer la representación de pequeñas formaciones autonómicas o provinciales. Desde un punto de vista de gobernabilidad, el resultado es parecido (PSOE y Podemos suman dos escaños más que ahora), pero sigue siendo necesario un esfuerzo negociador notable para alcanzar una mayoría parlamentaria estable.

Si se pretende que la solución a la gobernabilidad nos la dé el sistema electoral y no los políticos, lo mejor es abandonar los sistemas electorales proporcionales, corregidos o no, e ir a un sistema mayoritario por distritos, con una o dos vueltas. La equidad en términos de votos por escaño desaparecería y los partidos menores tenderían a la extinción, pero mejorarían las probabilidades de contar con mayorías absolutas.

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No obstante, nuestro problema más grave no lo soluciona ningún sistema electoral. En números redondos, un 10% de los votantes en las pasadas elecciones (ERC, JxCAT, PNV, EH-Bildu, CUP y BNG) o no quieren ser españoles o, en el mejor de los casos, no consideran al pueblo español como único sujeto de soberanía. Su representación en el Congreso puede oscilar, con un sistema u otro, proporcional o mayoritario, entre los 25 y los 35 escaños.

Antes o después, derecha o izquierda necesitarán de su concurso para poder gobernar. La izquierda lo solicitará y previsiblemente lo obtendrá. La derecha lo hizo en el pasado y con un nacionalismo menos radicalizado, volvería a hacerlo. Lo que nosotros no tendremos es una nación de ciudadanos libres e iguales, porque o la derecha y la izquierda constitucionalistas pactan entre sí de alguna manera, o la voluntad del 90% de los votantes quedará sometida a los designios del 10% restante.