COP25: el difícil tránsito a la acción

Unos 2.000 funcionarios gubernamentales y de diferentes organizaciones multilaterales, a los que se suman unos 18.000 activistas de todo tipo y condición, nos recuerdan todos los años la ineludible necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo necesita que la cantidad de CO2 y otros gases emitida a la atmósfera sea igual a la cantidad absorbida por la masa forestal y por cualquier otro procedimiento no más tarde del año 2070. La Unión Europea pretende conseguir la neutralidad en carbono en 2050.

Aunque aún queden descreídos en que la acción humana es responsable del calentamiento global o haya quien piense que el cambio climático es un invento de cierta izquierda para imponer una manera de pensar y de vivir, existe una mayoría social convencida de la necesidad de tomar medidas. El problema es cómo conseguir los objetivos propuestos.

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La primera dificultad es la ausencia de un sistema de gobernanza global. La reducción de emisiones del Acuerdo de París está basada en la voluntariedad de las aportaciones nacionales, sin que exista la mínima capacidad coactiva ante quien incumpla sus objetivos. La consecuencia inmediata es que la salud de la atmósfera mundial dependerá de la voluntad del autócrata comunista que gobierne en China. China quema más del 50% del carbón que se consume en el mundo. Sus emisiones derivadas de la utilización de combustibles fósiles superan ya a las de Estados Unidos y la Unión Europea juntos, suponen el 28% de las emisiones mundiales y han crecido a lo largo de la última década a un ritmo del 2,5% acumulativo anual. Tampoco es posible olvidarse de India, cuyas emisiones son ya un 7% de las emisiones mundiales y han crecido a lo largo de los últimos 10 años a un ritmo medio del 5,4%.

Los datos sobre la generación eléctrica con carbón son ilustrativos.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019. Porcentaje de la generación eléctrica a partir de carbón. TWh. Teravatios hora.

España ya ha anunciado el cierre de sus plantas de carbón para 2030. Medidas semejantes han sido anunciadas en la mayor parte de los países europeos. Cabe prever que ante la caída de la demanda provocada por el cierre de plantas se reduzca el precio del carbón, de lo que pueden aprovecharse los países que sigan produciendo electricidad con un combustible barato y contaminante. ¿Vamos, en el futuro, a importar sin inmutarnos productos procedentes de países que no colaboran en la solución de un problema global?

Europa puede y debe reducir emisiones más rápido: al fin y al cabo, son nuestras emisiones históricas las que están en el origen del problema. Lo que no es posible es asumir en solitario el coste. De algún modo, en esta COP o en las sucesivas, debería arbitrarse la posibilidad de penalizar las exportaciones de aquellos países que opten por permanecer al margen del esfuerzo de reducir emisiones.

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Alcanzar la neutralidad en carbono en 2050 significa transformar radicalmente nuestra economía. Supone la adopción de multitud de decisiones de inversión o compra por parte de empresarios o consumidores: aislar térmicamente una vivienda, un edificio de oficinas o una fábrica, cambiar el sistema de calefacción, comprar un coche eléctrico o electrificar el transporte de los productos de la empresa, adquirir electrodomésticos más eficientes, transformar el proceso productivo para reducir el consumo de energía, invertir en autogeneración o en almacenamiento eléctrico.

Estas decisiones pueden tomarse por pura responsabilidad social, pero sería más realista inducir en el mercado las señales económicas que faciliten la toma de decisiones en la dirección correcta. Impuestos que penalicen las emisiones y subvenciones o ayudas para quien no pueda permitirse decisiones de compra o inversión que reduzcan el carbono emitido.

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En Europa, tenemos desde 2005 un sistema de derechos de emisión al que están sujetas 11.000 instalaciones industriales y 23 líneas aéreas (solo para vuelos internos europeos). Se fijan unos límites de emisión para cada instalación que se reducen progresivamente. Según las instalaciones, se asignan derechos de forma gratuita o se adquieren mediante subasta hasta el límite prefijado. Si las emisiones superan el límite, es necesario comprar derechos en el mercado. Si las emisiones son inferiores, se pueden vender derechos. En 2015, se introdujeron las modificaciones necesarias para conseguir que el precio de los derechos se situara en torno a 30 euros por tonelada.

Este sistema tiene varios problemas. Solo afecta al 45% de las emisiones industriales europeas, es necesario regular la oferta para asegurar un coste de los derechos de emisión que incentive la eficiencia energética y, al mismo tiempo, es necesario mantener la asignación gratuita para evitar que la industria europea se traslade a países ajenos al sistema de derechos de emisión. Un impuesto a las emisiones de CO2, con un tipo único europeo, deducible en frontera para las exportaciones y al que estén sujetas las importaciones de países que no cumplan sus compromisos de reducción de emisiones sería un sistema más objetivo, menos burocrático y más justo. La reserva del mercado europeo para quienes cooperen en la reducción mundial de emisiones es la capacidad coactiva que es necesario preservar.

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La tercera gran dificultad de la transición energética es hacerla socialmente inclusiva. Las personas adineradas pueden mejorar el aislamiento de su vivienda unifamiliar, instalar paneles fotovoltaicos para su propio autoconsumo, comprar los electrodomésticos más eficientes y adquirir un coche eléctrico para disfrutar del centro de las ciudades. Las personas con menos recursos van a sufrir la subida del impuesto al gasóleo y la depreciación de su viejo coche diésel, con el que apenas van a poder hacer desplazamientos urbanos. Cambiarán de electrodoméstico cuando no quede más remedio y elegirán la opción más barata. Lo del aislamiento térmico y cambio de sistema de calefacción son quimeras inalcanzables. Su único deseo es mantener su trabajo y que baje el precio de la electricidad. Estarán en contra de cualquier medida que encarezca la energía o que ponga en peligro la competitividad de su empresa.

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