Y ahora, lo imposible
La ayuda europea debe permitirnos sobrellevar una crisis que la OCDE considera será la más grave de las economías desarrolladas, con una caída del PIB del 11,1% si no hay un rebrote
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Europa se dispone a aprobar, a lo largo del mes de julio, el llamado Plan de Reconstrucción. Dotado con 750.000 millones de euros, es la respuesta a la crisis derivada de la epidemia del coronavirus. Su construcción jurídica no es sencilla. Los países miembros acuerdan un incremento de los recursos propios de la Unión Europea. El incremento acordado no se desembolsa, pero funciona como garantía que facilita a la Unión acudir al mercado internacional para pedir prestados los 750.000 millones que permitirán a los países miembros, a través de transferencias directas y préstamos, acometer los gastos necesarios para su recuperación económica. La idea inicial es que estos gastos se produzcan hasta 2024 y la Unión devuelva el préstamo recibido a lo largo de 30 años, entre 2028 y 2058.
No es una 'mutualización' de la deuda, pero se le parece mucho. No hay transferencias entre países ni garantías recíprocas, pero los países miembros garantizan la capacidad de la Unión Europea de devolver la deuda que va a contraer. El proceso de aprobación no va a ser sencillo. No se trata solo de vencer la oposición de los llamados países 'frugales' del norte, sino también la de los países de la antigua Europa del Este, que temen que la transferencia de fondos a Italia y España, tercera y cuarta economías de la Unión, perjudique su posición como receptores netos de recursos.
La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno está prevista para el próximo 9 de julio. No es descartable su prolongación e incluso su repetición a lo largo del mes. La Comisión deberá hilar fino para proporcionar a cada país satisfacción a sus respectivas aspiraciones. De acuerdo con la normativa vigente, el acuerdo tiene que ser alcanzado por unanimidad y, además, debe ser sometido a un posterior proceso de ratificación por cada uno de las Estados miembros.
Supuesto el acuerdo y supuestas las sucesivas ratificaciones, los fondos podrían estar disponibles a partir de la segunda mitad de 2021. La discusión sobre su reparto pretende soslayarse canalizándolos como dotaciones complementarias de los programas ya existentes, sobre todo en los cinco fondos estructurales y de inversión: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. De esta forma, se evitan dos problemas. El primero es la aprobación de un nuevo programa de gasto y su respectivo reglamento, que puede retrasar como mínimo un año la disponibilidad de los fondos. El segundo, la definición de las condiciones a cumplir para tener acceso a los fondos: las habrá y serán las vigentes para los fondos que ya existen.
La ayuda europea no se circunscribe a este Plan de Reconstrucción. Además, se han aprobado préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para sufragar gastos sanitarios por un importe máximo del 2% del PIB de cada país miembro, así como una facilidad financiera de hasta 100.000 millones (SURE) a la que los países miembros pueden acudir para atender gastos relacionados con el desempleo derivado de la crisis sanitaria. Completa el cuadro el Banco Central Europeo con su programa de compra de deuda, pública y empresarial, que asciende en total a 1,47 billones de euros, de los que aproximadamente un 10% será deuda española.
La ayuda debe permitirnos salvar una crisis que la OCDE cree que será la más grave de los países desarrollados, con una caída del PIB del 11,1%
Esta ayuda europea debe permitirnos sobrellevar una crisis que la OCDE considera será la más grave de las economías desarrolladas, con una caída del PIB del 11,1% (en la hipótesis de que no haya un rebrote de la epidemia en el último trimestre del año), una caída del 13,4% en el consumo privado, un déficit público del 10,3% del PIB y una deuda pública del 117,8% del PIB. Nos enfrentamos a la crisis más grave en décadas.
No resulta aventurado suponer que el diseño europeo se está construyendo con España e Italia en la cabeza. Tras la crisis de 2008 y el Brexit, Europa no puede permitir que el sentimiento de desafección se extienda por los dos grandes países del sur. Pero Europa requiere seriedad. No está dispuesta a admitir frivolidades como la derogación de la reforma laboral de 2012. Europa requiere una cierta unidad entre los objetivos de las diferentes fuerzas políticas, requiere una voluntad común de afrontar las reformas necesarias para abordar problemas permanentes de nuestra economía que no hemos sido capaces de solucionar, como la formación profesional, el desempleo o las brechas crecientes entre ciudades y entorno rural o entre una parte de la población activa bien formada, inserta en un mundo digital y globalizado, y otra parte incapaz de adaptarse a las necesidades laborales de un mundo en cambio.
Europa duda de nuestra capacidad de gestionar de forma adecuada los recursos que van a ponerse a nuestro alcance y de hacer política con mayúsculas
Europa es perfectamente consciente de lo que pasa en España. Sabe del estéril enconamiento político permanente y de la incapacidad de alcanzar consensos transversales ante la situación económica más grave que hemos vivido en décadas. Sabe de la deficiente gestión sanitaria de la crisis y duda de nuestra capacidad de gestionar de forma adecuada los recursos que van a ponerse a nuestro alcance y, sobre todo, de nuestra capacidad de hacer política con mayúsculas. Necesitamos un plan creíble de inversiones acorde con los criterios europeos de los fondos estructurales. Necesitamos un Presupuesto para 2021 consistente con nuestra realidad económica y con las necesidades futuras de progresiva reducción de los desequilibrios presupuestarios existentes. Necesitamos revitalizar sectores enteros de nuestro tejido productivo y movilizar inversiones y formación hacia sectores en crecimiento. Necesitamos dotar de alguna certidumbre a un mundo económico en el que las incógnitas son muy superiores en número a los datos disponibles.
El Gobierno tiene la responsabilidad de abrir sus planteamientos a ideas alejadas de la concepción inicial de su coalición de gobierno. El centro y la derecha tienen la responsabilidad de saber que su fuerza parlamentaria les permite moderar en aras de un consenso amplio, pero no les permite imponer sus criterios. Las negociaciones europeas, siempre complejas, son prueba permanente de que acuerdos complicados son siempre posibles. Son esos acuerdos los que Europa espera de nosotros si queremos disponer de su ayuda.
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