Si no me gusta la realidad, la ignoro

… E incluso culpo a otros si la terca realidad me desagrada. Paso el verano en una localidad de la costa levantina. En una reciente conversación, un joven empresario de hostelería, que ha tenido el atrevimiento o la mala suerte de abrir un nuevo restaurante este año, me relataba sorprendido el comentario en una red social de un cliente que había decidido comer en la terraza, provista, eso sí, de buenos toldos, un mediodía de agosto: “La comida muy buena, el servicio estupendo, la decoración muy agradable, pero hacía mucho calor”. Calificación: 1 sobre 5. Ignorar que en el Mediterráneo español un mediodía de agosto suele ser caluroso, y achacar el sofoco sufrido al restaurante es cuando menos un pequeño monumento a la incongruencia personal.

El problema se complica cuando la incongruencia personal deviene colectiva. El final del estado de alarma, y por consiguiente de las restricciones a la movilidad personal, no supuso el final de una epidemia atenuada por el confinamiento y que no entiende de normas jurídicas. Primero fueron los mataderos y los trabajadores temporeros de empresas hortofrutícolas, después las residencias de ancianos y a continuación la población en general, con un sesgo novedoso hacia enfermos más jóvenes. La incidencia en la segunda semana de agosto ha sido seis veces superior a la del mes de junio, nuestras cifras han sido las peores de Europa y buena parte de nuestros colegas europeos han empezado a aplicar restricciones a los viajeros procedentes de nuestro país. Para una economía en la que el turismo es un factor esencial, es lo peor que nos podía pasar.

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El pasado día 14, el Consejo Interterritorial de Salud (ministerio más las comunidades autónomas) acordó por unanimidad 11 medidas de control, que incluyen el cierre del ocio nocturno, la prohibición de los botellones y medidas más restrictivas para el desenvolvimiento de la actividad de bares y restaurantes, así como recomendaciones para restringir nuestra actividad social al grupo habitual de convivencia y, en general, a grupos como máximo de 10 personas. Estas medidas podían haberse tomado hace dos meses, pero se decidió ignorar la realidad con la que teníamos que lidiar. Pero esta voluntaria ignorancia no es solo achacable a los poderes públicos. En nuestras respectivas esferas personales, nuestros comportamientos se han atenido mucho más a la antigua normalidad que a la prudencia debida ante una enfermedad viral contagiosa para la que aún no existe vacuna ni medicación específica.

Otra realidad que ignoramos es que la obtención y producción en masa de una vacuna para una enfermedad vírica conocida por vez primera hace unos meses no es fácil. Damos por descontado que en 2021 tendremos una vacuna. Sin embargo, no existe vacuna contra un retrovirus como el VIH, causante del sida, que fue descubierto en 1983 y que ha provocado el fallecimiento de más de 33 millones de personas. Hay otras enfermedades víricas para las que aún no existe vacuna. Herpes, hepatitis C, zika, SARS, MERS… Algunas tienen menor incidencia que el covid-19, otras son de menor gravedad, pero estamos obligados a convivir con todas ellas.

Tampoco podemos ignorar la posibilidad de que las vacunas tengan una eficacia temporal limitada (como en el caso de la gripe común) o sean solo parcialmente efectivas. El virus del sida se combate con medicamentos antirretrovirales, que pueden ser también una solución para el covid-19. Tampoco se debe ignorar la posibilidad de una prolongación de la actual situación durante años: mascarillas, ausencia de eventos públicos y de espectáculos de masas, prohibición de concentraciones numerosas en locales cerrados, cambio de los hábitos de trabajo, obligatoriedad de controles periódicos… No sabemos con qué realidad tendremos que lidiar, pero no podemos apostar solo a la que nos gusta e ignorar alternativas peores, a las que deberemos adaptar nuestros usos y costumbres.

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Parecemos ignorar también que la salida de la crisis requiere no solo el mantenimiento de la epidemia en unos parámetros aceptables, sin los cuales no habrá forma de recuperar el turismo extranjero, también parecemos ignorar que la mejora de nuestra situación económica requiere reformas: mercado de trabajo, pensiones, financiación autonómica y municipal, consolidación fiscal, transición energética, digitalización y una reforma administrativa cuyo único objetivo debe ser el correcto funcionamiento del aparato del Estado. Todas estas reformas se resumen en dos: mejora de la competitividad de nuestras empresas y recuperación de la capacidad de maniobra de nuestro sector público.

Ignorar que las empresas, grandes, medianas y en nuestro caso sobre todo pequeñas, son las que acabarán creando el empleo que nos permitirá salir de la crisis es un error que no se debe cometer. Es ignorar que en agosto hace calor. Cuantas más medidas se tomen que permitan mejorar la capacidad competitiva de nuestro entramado empresarial mejor nos irá. Son las empresas las que crean la riqueza que el Estado distribuye.

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El Estado tiene que funcionar de forma efectiva. La crisis sanitaria está siendo una clara muestra de que el conglomerado formado por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado no funciona. Hay que sentarse y diseñar sistemas y procesos de trabajo efectivos. En un mundo digital, a lo mejor solo se necesita la unificación de los sistemas de información hospitalarios. Pero hay que sentarse, pensar, decidir y ejecutar la decisión tomada. Tampoco se puede ignorar que en un Estado de derecho la tarea legislativa es en ocasiones inaplazable. Con nuestra actual composición parlamentaria es difícil construir mayorías, pero era obvio que las comunidades autónomas necesitaban ser provistas de capacidad de limitar derechos fundamentales si iban a ser las administraciones encargadas de luchar contra la epidemia. Tiempo ha habido, si se hubiera querido, de aprobar las normas necesarias antes de someter a la ciudadanía a la perplejidad de saber si podía o no salir de casa.

El Estado debe también recuperar capacidad de maniobra económica. Entramos en la crisis con una deuda publica equivalente al 95% del PIB y un déficit público, tras seis años ininterrumpidos de crecimiento, del 2,7%, el segundo más alto de la eurozona, y superior al de 2018. Imposible movilizar recursos extraordinarios.

Necesitamos un Estado que funcione, que ejerza en tiempo y forma su capacidad legislativa y que tenga una capacidad económica adicional en tiempos de crisis. Ignorarlo, o comportarnos como si lo ignoráramos, es negar que en verano hace calor.