Presupuestos 2021

La antepenúltima noticia leída sobre los próximos Presupuestos era que Podemos vetaría cualquier acuerdo con Ciudadanos al respecto. La penúltima, que no se trataba de un veto como tal, sino que Podemos exigía que primero se acordaran entre los partidos de la coalición de gobierno y, en su caso, el acuerdo se ampliara a otras formaciones, con preferencia para las que formaron la mayoría de la investidura. La última, contada por Carlos Sánchez el lunes en este periódico, es que el Gobierno, en caso de que los Presupuestos no puedan ser aprobados, trabaja con la hipótesis alternativa de incluir gasto ordinario de los ministerios como parte del plan de recuperación que deben financiar los fondos europeos.

Si se añaden los gastos en pensiones, desempleo y servicio de la deuda, ampliables por definición, ya tenemos articulado el apaño que permitirá tirar para delante al Gobierno y a la legislatura: una chapuza más para sobrevivir.

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No es fácil ahormar unos Presupuestos con las actuales restricciones parlamentarias y las estrategias políticas vigentes. La prioridad del PSOE es no pactar con el PP para no dejar el camino abierto a Podemos. Podemos está más preocupado por su República Plurinacional y Solidaria (por cierto, cuando a una forma institucional de gobierno hay que ponerle apellidos, empezamos mal) que por los Presupuestos en sí. Ciudadanos pactaría cualquier cosa razonable que demostrara su capacidad de diluir a Podemos y al independentismo catalán, pero su peso es limitado. El PP parece querer moderar sus aristas, pero tiene que contraponer su modelo económico al socialista y el Presupuesto es una pieza clave de cualquier política económica. Los partidos catalanes están en su laberinto secesionista y el nacionalismo vasco ajustará su posición de acuerdo con la negociación de última hora.

Con estos mimbres, es difícil hacer cesto alguno, pero no es posible encarar 2021, en medio de la mayor crisis económica de los últimos 80 años, con los Presupuestos de 2018 aunque se les añada el estrambote de la financiación europea y de los créditos ampliables.

España necesita unos Presupuestos Generales del Estado que amparen las reformas de unas administraciones que no funcionan. La pandemia nos está poniendo delante de nuestra pobre realidad. Puede parecer una exageración, pero en cierto modo recuerda el desastre de la guerra con Estados Unidos de 1898, cuando descubrimos que nuestra flota podía ser hundida sin que los barcos enemigos quedaran al alcance de los cañones de nuestra Armada. Desconocimiento de la realidad e incapacidad, aderezados con ejemplares comportamientos individuales de nuestros marinos y soldados.

En la crisis actual, descubrimos con sorpresa que las cifras de impacto de la enfermedad, que ni siquiera somos capaces de calcular con exactitud, son de las peores del mundo. El desconocimiento de la realidad y la incapacidad se mantienen como una constante, al igual que los comportamientos ejemplares y generosos del personal sanitario. No es un problema de personas, es un problema de organización.

La lealtad institucional es imprescindible. Hay que superar la politiquería partidista cuando se trata de alcanzar un entendimiento común

Los problemas de organización de nuestra Administración estatal tampoco se resuelven dirimiendo el maniqueo debate sobre autonomías sí o no. Hay países con organización federal que funcionan. La clave está en los mecanismos de coordinación y en la lealtad institucional. La coordinación requiere tiempo, esfuerzo, trabajo y plasmación en textos normativos. Las conferencias sectoriales o la Conferencia de Presidentes son carcasas vacías sin una tarea previa de semanas o meses, en un marco competencial definido y adaptado a los tiempos que vivimos. La lealtad institucional es imprescindible. Hay que superar la politiquería partidista cuando se trata de alcanzar un entendimiento común y, sobre todo, creer en la necesidad de ese entendimiento común, incompatible con los delirios soberanistas que suponen negar la existencia de España como nación.

En las próximas semanas y meses, oiremos hablar del despliegue de la tecnología 5G y de sus ventajas sobre la fibra óptica en términos de capacidad de comunicación, tiempos de respuesta y número de aparatos capaces de conectarse a un tiempo. Nos creeremos o nos intentarán hacer creer que la modernidad reside en la infraestructura, cuando lo que necesitamos es digitalizar los procedimientos administrativos y adaptar en consecuencia los procesos de toma de decisión.

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La Administración no ha sido capaz de abonar las cantidades adeudadas por los ERTE en tiempo y forma. El ingreso mínimo vital se diluye en la maraña de datos y disposiciones estatales y autonómicas y el dinero no llega a sus potenciales destinatarios. No disponemos de estadísticas sanitarias fiables. El sistema judicial está en las antípodas de la modernidad en lo que se refiere al tratamiento de la información disponible. Este tipo de reformas procedimentales y de automatización de procesos y su financiación deberían incluirse en los Presupuestos Generales del Estado. Incrementar el número de funcionarios es ir en contra de los tiempos en determinados ámbitos de gestión.

La disyuntiva es seguir insistiendo en nuestra decadencia o ser capaces de alcanzar acuerdos que nos devuelvan a la senda del crecimiento

En 1995 (*), nuestro PIB per cápita era el 61% de la media de la zona euro. En 2005, habíamos avanzado casi 20 puntos y nos situábamos en el 80% de la media. Una década más tarde, en 2015, habíamos retrocedido hasta el 75%. En los últimos cuatro años, hemos avanzado un punto, hasta el 76%, pero en 2020 la caída del PIB español es de momento la mayor de la zona euro, por lo que es previsible que sigamos perdiendo posiciones. Ese es el problema de la decadencia relativa: en general, es indolora hasta que la realidad te enfrenta a tus carencias. Llevamos 15 años estancados. Ese es el problema de retrasar reformas imprescindibles, de dar prioridad a lo accesorio frente a lo necesario, al objetivo político a corto frente a la estrategia a largo plazo de introducir las transformaciones necesarias en nuestro tejido productivo y en nuestra organización administrativa para garantizar un crecimiento sostenido.

La disyuntiva no es otra que seguir insistiendo en nuestra decadencia relativa o ser capaces de alcanzar acuerdos que nos devuelvan a la senda del crecimiento económico, verdadero motor de progreso. Nada es más progresista que un buen empleo y la convicción de que la educación y el futuro de tus hijos serán mejores que los tuyos.

(*) Pese a que la introducción del euro es posterior, 1995 es el primer año para el que existen estadísticas de la llamada zona euro. Los cálculos se han efectuado a partir de 'Expansión'/Datosmacro.com.