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Nemesio Fernández-Cuesta

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Con un déficit y una deuda pública en sus máximos históricos, el Gobierno está reduciendo la política económica a decidir quién paga qué

placeholder Foto: Los hosteleros exigen en la calle un rescate para evitar la ruina del sector. (EFE)
Los hosteleros exigen en la calle un rescate para evitar la ruina del sector. (EFE)

La medida estrella del plan de apoyo a la hostelería que el Gobierno promueve es que los propietarios de los locales donde estos negocios están establecidos reduzcan el coste del alquiler. La medida estrella para abaratar el coste de la electricidad es que las empresas que venden combustibles fósiles se hagan cargo de los subsidios a la producción de electricidad de fuentes renovables que hasta ahora pagábamos los consumidores eléctricos.

Con un déficit y una deuda pública en sus máximos históricos y sin disposición alguna a asumir el coste político de acometer reformas profundas que transformen un Estado que apenas llega a cumplir con sus funciones básicas, el Gobierno está reduciendo la política económica a decidir quién paga qué. Los Presupuestos contemplan subidas de impuestos para rentas salariales superiores a los 300.000 euros anuales y para rentas de capital que superen los 200.000 euros al año. Solo un número reducido de contribuyentes se verá afectado. Al mismo tiempo, el Gobierno, con impuestos específicos y decisiones ajenas a los Presupuestos, erosiona los resultados empresariales. Las empresas, cuanto más grandes mejor, tienen todas las papeletas para ir asumiendo cada vez más costes. Los perjudicados finales seremos todos. A corto plazo, porque las empresas repercutirán a todos los consumidores, no a unos pocos, los incrementos de costes. A medio plazo, porque la menor competitividad de nuestras empresas perjudicará nuestro futuro económico.

Foto: Una terraza asturiana. (EFE)

Nadie duda que la hostelería, en estos tiempos de cierres y restricciones de aforos y horarios, necesita apoyo. En España, por su incidencia en el empleo y por la importancia de la industria turística, más aún. Mantener las estructuras empresariales existentes es esencial para acelerar la recuperación económica en el momento en que sea posible.

En Alemania, donde la importancia relativa de la hostelería es muy inferior a la nuestra, el Estado garantiza el 75% de los ingresos del año anterior. En España, se obliga a los propietarios de locales alquilados a negocios hosteleros reducir sus alquileres un 50%. Si el propietario tiene más de 10 locales, no recibe compensación alguna. Si tiene menos, podría contar con algún tipo de beneficio fiscal, aún por precisar, que compense parcialmente los menores ingresos. En resumen, el Estado organiza, a palmos, una transferencia de rentas del sector inmobiliario al sector de la hostelería. Frente a una medida objetiva, de carácter general, una medida arbitraria, de carácter parcial. Esa es la diferencia entre Alemania y España.

El Estado organiza una transferencia de rentas del sector inmobiliario al sector de la hostelería, una medida arbitraria de carácter parcial

Uno de los retos clave de la transición energética es la electrificación de la economía. La electricidad, siempre que proceda de fuentes renovables, debe desplazar a los combustibles fósiles en el transporte, en la generación de calor y en la industria. Abaratar la electricidad tiene sentido económico. Las opciones ortodoxas del Gobierno eran dos: reducir el impuesto a la producción de electricidad y asumir con cargo a los Presupuestos los necesarios —en el pasado y en el futuro— subsidios a la producción de electricidad renovable. También dentro de la ortodoxia, una y otra medida podrían compensarse con la subida de impuestos a los combustibles fósiles, cuyos tipos en España son inferiores a la media europea. De hecho, el proyecto inicial de Presupuestos incorporaba la subida del impuesto al gasóleo.

El Gobierno ha optado por organizar, de nuevo a palmos, una transferencia de rentas de los consumidores de productos petrolíferos y gas natural a los consumidores eléctricos. La creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico supone la reducción de la factura eléctrica, dado que el coste de los subsidios a las renovables lo asumirá el citado fondo, que se nutrirá de las aportaciones de las empresas que comercializan cualquier tipo de energía de forma proporcional a sus ventas. A lo largo de los próximos cinco años, se calcula que las empresas petroleras tendrán que contribuir con más de 6.000 millones de euros y las empresas gasistas con unos 3.500 millones. Este coste adicional será sin duda repercutido en los precios del gas, la gasolina y el gasóleo, lo que culminará el proceso de transferencia entre consumidores.

Foto: La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. (EFE)

Las ayudas a la generación eléctrica renovable han sido y serán necesarias. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé movilizar unas inversiones privadas en generación renovable a lo largo de la década de unos 8.000 millones de euros anuales. Se espera que la capacidad de generación eólica y fotovoltaica pase de 36.000 MW en 2020 a 87.000 MW en 2030. En 2019, la demanda instantánea máxima fueron 40.455 MW. Incluso si suponemos que la demanda máxima se incrementa en un 50% y se sitúa en los 60.000 MW, es fácil deducir que, en 2030, en días de sol y viento, el precio del mercado eléctrico puede tender a cero. El actual Gobierno ha puesto en marcha un sistema de subastas a través del cual los inversores pueden ofertar una cantidad de energía a un precio determinado. La subasta la ganan los que oferten más barato, y a los ganadores se les garantiza la percepción del precio ofertado. Es un sistema objetivo, competitivo y que proporciona una base sólida para alcanzar los necesarios objetivos que se persiguen. La imprescindible transición energética o las ayudas a la generación renovable no son, en este caso, objeto de crítica.

El Gobierno no sube impuestos, pero su política genera subidas de precios, sea de los combustibles o de los alquileres de los locales comerciales

El problema de esta manera de hacer política económica son las distorsiones opacas que introduce en el funcionamiento de los mercados. El Gobierno no sube impuestos, pero su política genera subidas de precios, sea de los combustibles o de los alquileres de los locales comerciales. El Gobierno apunta con el dedo a los grandes propietarios, pero sin el concurso de los fondos de inversión inmobiliaria nunca llegaremos a la construcción de las 150.000 viviendas urbanas anuales que se necesitan para evitar subidas futuras de precios de compra o de alquiler. La colaboración de las empresas petroleras y gasistas es imprescindible para asegurar la progresiva reducción de emisiones en sectores cuyos procesos son de difícil electrificación. Una nueva exacción fiscal no es la mejor manera de incentivar sus inversiones en nuevas tecnologías en captura de carbono o en la fabricación de combustibles sintéticos, producidos a partir de CO₂ e hidrógeno renovable.

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)

La recuperación económica pasa por las empresas, grandes, medianas y pequeñas. Ellas son las que crean empleo y riqueza.

España es, de las grandes economías de la Unión Europea, la que menos ha ayudado a sus empresas en esta crisis, pero aún más importante que las ayudas directas es que nuestro sistema empresarial disponga de un marco fiscal y normativo predecible, ajeno a sorpresas y a transferencias cruzadas. Un marco que no transmita la idea de que las empresas son un mal necesario que hay que tolerar, sino la principal fuente de riqueza de un país.

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