La necesaria vuelta de los viejos partidos

El año pasado, el primero de la pandemia, supuso para España una caída del PIB del 11%, la mayor de los países desarrollados y la tercera mayor de nuestra historia, tras los años de la guerra civil e inmediata posguerra (1936-1940) y 1868, el año de la revolución que echó a Isabel II del trono. En términos corrientes, nuestro PIB se ha situado por debajo del que teníamos en 2008. En estos 12 años nuestra población se ha incrementado un 3%, lo que agrava el impacto en términos de PIB per cápita. 12 años perdidos en términos de crecimiento y bienestar.

Tras la crisis financiera de 2008-9, no pudimos recuperar los niveles de PIB y PIB per cápita hasta 2016 y 2017 respectivamente. El crecimiento acumulado desde entonces ha sido barrido de un plumazo por la crisis económica inducida por la pandemia. En términos de empleo, la situación es especialmente grave: desde el pasado mes de marzo la Seguridad Social ha perdido 103.000 afiliados, a los que habría que sumar 910.000 trabajadores acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo y 360.000 autónomos también acogidos al sistema especial de cobertura diseñado para ellos. Si sumamos este millón largo de empleados sin trabajo a los demandantes de empleo la tasa de paro se dispara hasta el 24,6%.

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Las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno, al igual que en los demás países europeos, eran medidas encaminadas a solventar la crisis de liquidez de las empresas cuya actividad se había visto afectada por las medidas de confinamientos y cierres. En nuestro caso, los préstamos ICO con aval del Estado y los expedientes de regulación temporal de empleo. La prolongación de la emergencia sanitaria debida a las sucesivas olas de contagios transforma de manera ineludible los problemas de liquidez en problemas de solvencia. Según datos de Cepyme, en España hay 1,2 millones de empresas pequeñas y medianas con personal asalariado. Según esta patronal, 130.000 están en riesgo de quiebra. Los 11.000 millones de euros en ayudas aprobados por el Gobierno el pasado viernes tienen como objetivo prioritario hacer frente a este problema. De ellos 7.000 millones serán transferidos a las autonomías para que procedan a su reparto.

Según datos de Airef, el coste total de todas las medidas adoptadas por las administraciones públicas para hacer frente a la crisis durante 2020 (no se incluyen los citados 11.000 millones en ayudas a empresas aprobados en 2021) supera los 48.000 millones de euros. Este esfuerzo, sumado a la caída de la recaudación fiscal derivada de la crisis, ha situado el déficit público en el 11,6% del PIB, financiado gracias a un incremento de la deuda pública hasta el 118% del PIB, posibilitado a su vez por el soporte prestado por el Banco Central Europeo, poseedor de más del 30% de la deuda pública emitida por España. Aunque el esfuerzo derivado de la pandemia se modere en los próximos años e incluso desaparezca, en el horizonte se dibuja un inmenso esfuerzo de consolidación fiscal que suponga la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas a medio y largo plazo. Tendremos que reducir gastos e incrementar ingresos.

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Tras la creación del euro, la pandemia ha provocado el segundo gran salto en la construcción de Europa, al menos en el ámbito económico: la puesta a disposición de los Estados miembros de los fondos necesarios para la recuperación y sobre todo reconversión de nuestras economías hacia sistemas productivos con mayor grado de digitalización y neutros en emisiones de carbono. Nos corresponden 140.000 millones, la mitad en préstamos y la mitad en subvenciones. Solo en subvenciones vamos a recibir el equivalente a unos dos puntos de PIB durante tres años consecutivos. Pero Europa quiere reformas, sobre todo en tres ámbitos: mercado laboral, pensiones y unidad de mercado. En pocas palabras, reducir la temporalidad laboral y mantener la esencia de la reforma laboral de Rajoy, garantizar la sostenibilidad de las pensiones y reducir la maraña de regulaciones, registros y permisos de todo orden derivados de un Estado autonómico ineficaz y grandilocuente. No se trata solo de corregir excesos normativos autonómicos. La Administración General del Estado tiene que transformarse. Tiene que adaptarse a una realidad digital y a los profundos cambios que supone, a la gestión de un Estado cuasi-federal y a los retos de un mundo cada vez más interdependiente en lo económico y cuyo peso específico se desequilibra a favor de Asia.

Frente a este cúmulo de retos y dificultades, nuestra clase política solo es capaz de ofrecernos un vodevil de medio pelo, con entradas y salidas del escenario de personajes que nada han demostrado y que poco pueden aportar. Desdecirte de lo que firmaste ayer es suficiente mérito como para que te nombren consejero autonómico. Pero peores son los que han escrito la letra y música de la ópera bufa a cuya representación hemos sido invitados la semana pasada. Los ecos de su estreno darán que hablar durante semanas, con cameos inesperados de vicepresidentes en busca de protagonismo. Mientras, la inmisericorde realidad nos mostrará la infinita distancia existente entre lo que afecta a los ciudadanos y lo que ocupa a nuestra clase política.

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Los nuevos partidos solo han aportado inestabilidad. Los que se sitúan en los extremos escoran lejos del centro a sus vecinos. El que se sitúa en el centro siempre tiene el papel más difícil. En ocasiones, termina por sucumbir a la tentación de no asumir un papel secundario que solo da réditos tras años de contribuir a la centralidad y a la moderación de las opciones políticas dominantes, sea una u otra. Otras veces, la polarización social reduce su representación. Siempre estará en dificultades para explicar el por qué de sus posiciones ante el maniqueísmo del conmigo o contra mí. El hecho es que las opciones de centro, una tras otra, fracasan.

En ciencias sociales es difícil encontrar evidencias empíricas, pero en España parece que podemos empezar a concluir que con el bipartidismo vivíamos mejor. Los grandes partidos buscaban la victoria en el centro político y, dirimida esta, eran capaces de encontrar los necesarios entendimientos para que el país avanzara. Al fin y al cabo, la distancia entre un socialdemócrata templado y un liberal consecuente con la realidad social es escasa. Los retos que España tiene por delante son inmensos. Visto lo visto, solo la perdida dinámica del bipartidismo puede ayudarnos a superarlos.