Cómo mueren las democracias

Es el título del libro publicado por los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en 2018. En él, siguiendo la estela del sociólogo español Juan José Linz y su libro 'La quiebra de las democracias', señalan: “Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego, 2) niega la legitimidad de sus oponentes, 3) tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación”.

En España, tenemos razones para estar preocupados: con el independentismo catalán a la cabeza, que cumple con nota cualquiera de los criterios citados, contamos con un cierto número de políticos a los que cabe considerar causa de 'preocupación'. El más conspicuo de todos ellos es Pablo Iglesias. Cuando duda de la legitimidad del 'régimen del 78', que no es otra cosa que las instituciones que entre todos nos hemos dado, cuando señala que España tiene un “déficit democrático” que nadie salvo él y el independentismo catalán identifican, cuando mantiene una posición ambivalente con la violencia política en función de su origen o cuando se posiciona en contra de la propiedad privada de los medios de comunicación, se inserta de lleno entre los políticos preocupantes para la democracia. Tampoco debería sorprendernos mucho: en esencia, el sistema político que defiende se ubica en las antípodas de la democracia liberal.

Opinión

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Sin dejarse llevar por el ruido de la propaganda 'antifascista', abrazada como recurso por la izquierda en las elecciones madrileñas, es obligado reconocer que Vox apunta maneras preocupantes. Las amenazas de muerte se condenan y punto. Atribuirlas a un montaje del amenazado es abrir una esclusa que luego no se puede cerrar. Se piense lo que piense, si se anuncia en público que las amenazas recibidas por mi adversario son inventadas, estoy dando la coartada necesaria para nuevas amenazas y para que estas se generalicen en todas direcciones. El cartel electoral de Vox en el que se contrapone el coste para el Estado de un menor inmigrante —encapuchado y embozado— y la pensión de la 'abuela' es demagogia barata y racista. Más del 11% de nuestra población es inmigrante, casi todos los regularizados lo han sido 'a posteriori' y no hemos tenido problemas graves de integración, sobre todo porque, a grandes rasgos, los puestos de trabajo que ocupan son los que no quieren los españoles nativos.

La grandeza de la democracia es la legitimación de todas las opciones políticas. En nuestro caso, el límite lo marca la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que en su exposición de motivos indica que “resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que estas sean, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los métodos y principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades”. En resumen, y así debe ser, todo vale mientras no se recurra a la vulneración de los derechos fundamentales ajenos.

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Por su propia definición y estructura, el sistema democrático es por tanto débil para defenderse de esos políticos u opciones políticas 'preocupantes' que, si alcanzan el poder, pueden erosionar los usos y costumbres democráticos. La primera línea de defensa nos corresponde a los ciudadanos con nuestro voto, pero la segunda y fundamental corresponde a los propios partidos políticos que, de acuerdo con los profesores de Harvard, deben, en primer lugar, actuar con tolerancia, definida como “el acuerdo de los partidos rivales de aceptarse como adversarios legítimos”, y contención, definida como “la resistencia a la tentación de usar su control temporal de las instituciones en el máximo beneficio de su formación”. En segundo lugar, los partidos inequívocamente democráticos deben, respecto de los políticos o partidos 'preocupantes', mantener el suficiente distanciamiento. En democracias parlamentarias como la nuestra, deben evitar “mostrar una afinidad mayor con los extremistas que están a su lado en el espectro político que con los partidos moderados del sistema que se ubican al otro lado del arco político”.

La democracia española no se muere, ni siquiera puede decirse que esté enferma, pero empieza a presentar síntomas que anticipan posibles dolencias. El PSOE mantiene una alianza de gobierno con los extremistas de su lado del espectro político. De hecho, renunció siquiera a intentar una alianza con Ciudadanos que le otorgaba una suficiente mayoría parlamentaria para acabar gobernando con quien 'quitaba el sueño' —no sin razón— al hoy presidente del Gobierno. Por su parte, hasta el discurso de la moción de censura, Pablo Casado no marcó suficientes distancias con Vox.

La tolerancia, es decir, la aceptación del otro como adversario legítimo, brilla en ocasiones por su ausencia. El bochornoso incidente del debate electoral de la SER del pasado viernes es una clara muestra, y un ejemplo también de cómo los partidos 'preocupantes' de ambos lados del espectro buscan el enfrentamiento y la deslegitimación del adversario y, en su particular trifulca, dejan sin voz a las opciones inequívocamente democráticas.

La falta de contención, es decir, el uso y abuso de las instituciones en beneficio de los partidos en el poder, empieza a ser habitual. El último episodio ha sido la utilización de la labor legislativa y la instrumentalización de la jefatura del Estado que sanciona las leyes aprobadas para atacar al Partido Popular por “desmantelar las libertades”. La cita, incluida en el preámbulo de la ley orgánica que despenaliza la violencia de los piquetes en las huelgas, constituye, según editorializaba 'Expansió'n, “no solo un quebranto intolerable de la neutralidad política que debe presidir la acción de los organismos públicos, sino también un burdo falseamiento de la realidad”. El artículo ahora derogado fue aprobado durante el Gobierno de Felipe González. La contención no es una virtud que se practique en el ministerio dirigido por la nueva líder de Podemos.

Cada vez que somos llamados a votar, vuelve a nuestras manos la responsabilidad de defender la democracia. Debemos evitar aquellas opciones que constituyen una preocupación constante para la salud del sistema democrático.